De la corresponsalía de Rosario

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguró en Rosario, donde inauguró junto a su par local Carlos Bermúdez la Cátedra Libre de Formación Cívica 2008, que el proyecto de movilidad jubilatoria que envió el gobierno nacional al Congreso "llegó dos años tarde", e insistió que "ahora nadie se puede arrogar la posibilidad de hacer cumplir un derecho Constitucional. La movilidad previsional es un derecho que no hay que entregárselo a nadie".

En su disertación que se realizó en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario, Mondino adelantó que cuando comience a tratarse el proyecto oficial la Defensoría del Pueblo va a participar en las discusiones que se darán en las comisiones en el Congreso de la Nación. "Vamos a pedir que se agreguen dos artículos: uno que establezca la actualización automática de los haberes jubilatorios y otro que arbitre un mecanismo de resarcimiento para devolverle a los jubilados que no percibieron sus pensiones con la movilidad", afirmó Mondino.

El defensor del Pueblo de la Nación recordó que en 2006 la Corte Suprema de Justicia instó al Ejecutivo nacional a adoptar una legislación que fije la movilidad jubilatoria, y que un año más tarde el máximo tribunal se expidió en el denominado Caso Badaro estipulando que la actualización debía ser del 88,6 por ciento. El defensor nacional explicó que la institución que conduce, basándose en ese fallo judicial, hizo una presentación, que obtuvo un fallo favorable que fue apelado por el gobierno.

"Si el gobierno insiste en que la movilidad jubilatoria se va a aplicar a partir de 2009, la Defensoría del Pueblo seguirá con el juicio. Si es necesario vamos a recurrir a instancias internacionales", aseguró Mondino.

En una conferencia de prensa que brindó junto a Carlos Bermúdez, el ombusdman nacional se refirió también al sistema de subsidios que el gobierno nacional otorga al servicio urbano de pasajeros. "El interior sufre una profunda discriminación ya que el entre el 86 y el 87 por ciento de los fondos que el gobierno destina para ello quedan en Capital Federal y Buenos Aires", advirtió, y exigió que la distribución de los subsidios quede en manos del Congreso Nacional.

Mondino también cuestionó la suba en la tarifa del servicio eléctrico anunciada para Capital Federal y parte del conurbano bonaerense, ya que "se usaron instrumentos de dudosa legalidad. "Vamos a intentar que la Justicia se expida sobre lo que se viene haciendo en los últimos años e insistir en nuestro planteo que los contratos vayan a debatirse al Congreso", tal como establece la Ley de emergencia Económica, explicó el ombudsman, al señalar que buscará que se "impugne" el incremento.