DyN

El juez Nicolás Schiavo quedó acusado por mal desempeño por haber liberado con una tobillera electrónica al acusado de matar a una familia en Campana, pero el magistrado defendió su criterio y sostuvo que decidió otorgarle esa morigeración porque había una razón "humanitaria" que lo imponía.

"Si a mí hace un año me hubiera dicho que (Fernández) iba a cometer este horrendo crimen, no lo hubiera liberado", razonó el juez, pero remarcó que actuó siguiendo "la letra de la ley" y aclaró que no firmó la resolución "arbitrariamente".

"Hubo un informe de la asistente social de la oficial pericial de San Martín, donde consta la gravísima situación de salud que padecía la esposa de Fernández y el estado de abandono de los chicos porque nadie podía cuidarlos. La morigeración era para que Fernández pudiera trabajar de herrero en la casa y mantener a la esposa", resaltó el juez.

Además, el magistrado reseñó que el beneficio fue otorgado hace 18 meses y que el delito que le imputaban, tenencia de arma de guerra, era excarcelable, pero Fernández estaba detenido porque tenía antecedentes, aunque como ya había pasado medio año preso podía acceder a una morigeración.

El 16 de febrero de 2007 el juez Schiavo firmó la morigeración de la prisión preventiva de Angel Fernández, de 41 años, que había sido condenado a 25 años de prisión por violación y homicidio. Recién el 13 de julio de 2007 le dieron la tobillera para volver a su casa y, según trascendió, violar el monitoreo.

Ahora, Angel Fernández junto a su hijo Cristian, su medio hermano Jesús Cáceres y Darío "el Sordo" Vera, quedaron imputados por haber matado a Marcelo Mansilla (41), su esposa Sandra Rabago (39), y los hijos de la pareja, Agustín (11) y Milagros (7), cuyos cuerpos fueron luego abandonados en un descampado de Los Cardales, en Campana.

En medio de críticas por esa libertad, Schiavo aseguró que haberse negarse a la morigeración de la prisión hubiese sido contrario a la ley y la Constitución Nacional, y recomendó buscar la responsabilidad en el Parlamento por los alcances de ese beneficio y de la aplicación de la ley del "dos por uno".

El magistrado subrayó que ordenó que Fernández se mantuviera vigilado a través del monitoreo electrónico, pero no puede recaer sobre él la responsabilidad si luego esas condiciones son "violentadas o no se cumplen".

"Es absurdo que se me atribuya a mí esta situación. No firmé esta resolución arbitrariamente, sino porque había un motivo humanitario fuerte en este caso", dijo.

Más allá de las explicaciones de Schiavo, el oficialismo bonaerense impulsó una denuncia en su contra para que sea removido del juzgado de Garantías de San Martín.

Aunque se esperaba una presentación del ministro de Justicia Ricardo Casal, fuentes del área aclararon a DyN que no hará falta porque esta tarde, minutos antes de las 18, el legislador del Frente para la Victoria Guido Lorenzino reclamó ante la comisión bicameral investigar al magistrado.