El gobierno nacional habría congelado las transferencias de recursos no automáticos a las provincias, incluidas las destinadas a las obras públicas, lo que evidenciaría problemas fiscales que no están siendo reconocidos por el gobierno nacional.

De acuerdo a un informe publicado por el diario La Nación, "los fondos que las provincias reciben para gastos o inversiones en infraestructura sufrieron un virtual congelamiento durante el primer semestre, o, directamente, se redujeron. Las transferencias corrientes cayeron un 6,3%, mientras que los giros para financiar obras aumentaron sólo un 1,5% respecto de los primeros seis meses del año anterior, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap)".

Para la consultora Ecolatina, citada en el informe, "la estrategia del gobierno nacional de pisar estos gastos para sostener el superávit significa un recorte significativo en los ingresos provinciales". Este fenómeno afecta a las llamadas transferencias "no automáticas", los giros que reciben las provincias fuera de la coparticipación federal, que, cabe aclarar, aumentó un 27,7% en el mismo período, menos que la recaudación impositiva.

También el gobierno habría frenado algunos pagos de la deuda. "En su último informe sobre la ejecución del presupuesto, la Asap destacó que la deuda exigible al final del segundo trimestre alcanzó los $ 3.543 millones, un nivel sustancialmente mayor al habitual", dice La Nación.

"La contrapartida de eso es un superávit más alto todos los meses. El superávit primario, sin los ingresos extraordinarios de la reforma previsional, fue de $ 19.414 millones en el primer semestre, un 68,3% superior al del mismo período del año anterior. Si se agregan los traspasos de las AFJP, la cifra sube hasta los $ 20.310 millones. Pero como el gobierno deberá cancelar aquellas deudas en los próximos meses, el informe apunta que el gasto volverá a crecer a una tasa del 38-40 por ciento "si no se toman nuevas medidas de incremento en los conceptos más relevantes".

Entre otras deudas, el artículo de La Nación refiera la deuda de 18 mil millones de pesos con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, para cubrir las compras de combustible, importaciones de electricidad y la diferencia entre los costos de generación y tarifas congeladas y la duplicación por parte del Banco central del giro de utilidades al Tesoro, que sumaron $ 3.400 millones, más otros $ 2.000 millones, que ya fueron comprometidos.

En este sentido, algunos analistas comenzaron a poner en duda el cumplimiento de las metas fiscales. De todas maneras, un reciente informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, pronostica un superávit primario del 2,7% del PBI si el gobierno mantiene la tendencia actual en el gasto.