El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le pidió autorización al Servicio Penitenciario de la provincia y al Ministerio de Justicia de la Nación, para trasladar a los dos detenidos por delitos de lesa humanidad que están alojados en el Cuartel de Bomberos Zapadores.

Víctor Hermes Brusa y Eduardo "Curro" Ramos serán reubicados en breve en unidades penitenciarias, u otros lugares a designar, por las autoridades competentes. La medida impulsada por la querella el mes pasado tuvo eco en los conjueces, que llevarán a cabo el primer juicio oral y público contra acusados de represión durante la última dictadura militar.

El tribunal compuesto por Andrea Alberto de Creus, Martín Francisco Gutiérrez y Carlos Renna envió esta semana dos escritos, destinados al Servicio Penitenciario de la provincia, en el caso de Ramos; y al Ministerio de Justicia de la Nación, por Brusa.

Se trata de dos "incidentes diferentes", dijo una fuente judicial al confirmar que responden a los "planteos de las partes". Pero además, y a raíz de la fuga de un militar que iba a ser juzgado y estaba en una comisaría de Bahía Blanca, el Ministerio de Justicia prohibió a los jueces federales del país alojar este tipo de presos en otros sitios que no fueran cárceles comunes.

Como consecuencia, el TOF pidió un informe a Bomberos para saber en qué condiciones estaban los detenidos, en cuanto a seguridad se refiere. Allí se supo que esta dependencia de la Unidad Regional I de la Policía ya había requerido los traslados.

Ante semejante panorama la Justicia apuró los trámites y le mandó hoy una nota al director del Servicio Penitenciario, para que informe si es factible el traslado de Ramos al pabellón policial de la U2 Las Flores. En cuanto a Brusa, su condición de ex juez federal, le evitaría el engorroso paso por una cárcel común, ya que el tribunal pidió que sea alojado en la Policía Federal local.

Esta posibilidad dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación, que a pesar de haber dado una orden en contrario para quienes están en prisión preventiva -sin condena- no descartan analizar el caso puntual. Lo cierto es que de no haber inconvenientes los dos serían trasladados a la brevedad del cuartel de Bomberos.

La querella también solicitó a la autoridad el cese de la prisión domiciliaria de la que goza Héctor Collombini. El detenido alude problemas de salud que le impedirían estar en una cárcel común. No obstante, el lunes 11 de agosto un equipo médico enviado por la Justicia lo visitará para realizarle una serie de exámenes a los fines de constatar su estado.

En cuanto a la recusación del tribunal presentada por el defensor de Brusa, la respuesta se conocerá recién la próxima semana, cuando los organismos públicos con sede en Buenos Aires vuelvan del receso invernal.

El abogado Juan de Dios Moscoso pidió el apartamiento de los conjueces, basado en la nueva ley de subrogancia o reemplazos, cuya aplicación está vigente y establece un mecanismo para la conformación del jurado diferente al utilizado en la causa.

Se trata de la ley federal N´ 26.372, sancionada el 21 de mayo y promulgada días después, fecha en la cual ya estaba conformado el tribunal.

Aunque en desacuerdo con lo peticionado por la defensa de Brusa, el fiscal Gonzalo Armas elevó el cuestionamiento a la Suprema Corte de la Nación, que será la encargada de ratificar o remover al tribunal constituido para juzgar a presuntos represores.