Mario Cáffaro
El gobierno de la provincia de Santa Fe solicitó a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que emita una resolución en pugna contra el decreto 1399/2001 respecto a la detractación que hace de dineros coparticipables para un fondo de autarquía y la cuenta de jerarquización de la Afip. Otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también llevaron el planteo ante la Comisión. Es más, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, no descartó abrir la vía extraordinaria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de no obtener respuesta favorable en dicha comisión.
"El tema está en la Comisión Federal de Impuestos que es el órgano natural para interpretar el régimen de coparticipación. Una vez que la Comisión interprete en base a resoluciones generales interpretativas, las jurisdicciones que se consideran desfavorecidas tienen la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia" , explicó Barraguirre a El Litoral.
Como ya lo señaló este diario el mes pasado, en el Ministerio de Economía se estima que desde 2001 a la fecha, Santa Fe dejó de percibir unos 700 millones de pesos. En el 2007, la cifra estimada es de 136 millones de pesos y en el primer semestre del corriente año alcanza ya a 89 millones de pesos.
El decreto N´ 1399 es de noviembre de 2001, lleva la firma del entonces presidente Fernando de la Rúa y de sus ministros Crystian Colombo y Domingo Cavallo y detrae fondos de la masa coparticipable para fortalecer a la Afip.
En la provincia, el primer planteo lo efectuó el ex ministro Walter Agosto en mayo del año pasado cuando advirtió en nota a la fiscal, doctora Irmgard Lepenies. Sin embargo, la propia CFI responde que no corresponde el reclamo y la administración saliente deja el tema a la siguiente en una nota con fecha 30 de noviembre. El tema estuvo en la mesa de la transición y ahora la gestión resolvió ir a fondo con la cuestión por entender que no corresponde la retracción de los fondos.
"Entre el 2002 al 2006, la provincia no hizo reclamos sobre la cuestión. El año pasado existió una intimación para suspender el curso de la eventual prescripción liberatoria", señaló Barraguirre quien entiende que esto evita que se declare fuera de tiempo el reclamo.
La Afip detrae fondos de las provincias para capacitar su personal. Este parece ser el sentido del decreto y obviamente el sentido de las impugnaciones provinciales, incluida la realizada por la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El decreto N´ 1399/01 estableció que los recursos de la Afip están conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a su cargo. En sus orígenes el porcentaje de la recaudación destinada a financiar Afip fue del 2,75%, pero desde el año 2005 hasta el presente se ha limitado dicho porcentaje al 1,90%.
Santa Fe entiende que dicho decreto colisiona con la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos. "Esta es una ley convenio y como tal sólo puede ser modificada por un acuerdo de partes entre Nación y las provincias", se dijo en Economía.
En ese ministerio se entiende que el decreto "produce una actividad prohibida al permitir direccionar un porcentaje sustancial de la recaudación hacia la financiación para el funcionamiento de la Afip sin haber siquiera consultado a las provincias".
La Nación, ante la CFI, sostuvo la legitimidad del decreto 1399/01 en razón de tratarse de un decreto delegado en el marco de la ley 25.414. Santa Fe, en cambio, en la nota de mayo de 2008 ante tal organismo, dejó claramente expresado que dicho razonamiento no resultaba atendible y se esgrimen una serie de límites que tiene el Ejecutivo nacional para avanzar sobre la materia tributaria.
Entre otros argumentos se recuerda que la Constitución Nacional establece que las modificaciones que efectúe el Congreso Nacional a las asignaciones específicas de recursos coparticipables requiere de una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, lo que no ocurrió en este caso.
CFI
La Comisión Federal de Impuestos es un organismo integrado por funcionarios de la Nación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de las provincias y tiene a su cargo el estricto cumplimiento del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido por ley.
Las funciones específicas de la comisión son: contralor del régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias; intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional y resolver los conflictos que se susciten entre los impuestos provinciales o municipales con los gravámenes nacionales que se coparticipan.