De la redacción de El Litoral
La ministra de Defensa, Nilda Garré, denunció ante la Justicia Federal y ordenó al Estado Mayor General del Ejército el cese en sus funciones y el pase a disponibilidad de 23 militares, entre ellos cuatro generales y cinco coroneles, por presuntos actos de corrupción administrativa.
Según informó ese ministerio, los oficiales superiores en actividad denunciados y pasados a disponibilidad son los generales Eduardo Gibelli, jefe del Comando de Intendencia; Mario Troncoso, jefe de Personal; Raúl Gallardo, ex jefe del Comando de Operaciones Terrestres (retirado en diciembre último); y Héctor Giralda, jefe de la Dirección de Asuntos Históricos.
También fueron comprendidos en ambas medidas cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, dos capitanes, un teniente primero, un sargento de intendencia, un suboficial principal, un sargento y un suboficial, agrega un comunicado de esa cartera.
La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal Criminal de la Capital Federal, y el expediente recayó en el Juzgado Federal 6 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.
Los hechos se refieren a presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en varias dependencias militares al realizarse licitaciones para la compra de insumos (no bélicos) de diverso tipo.
Los denunciados, ya pasados a disponibilidad, pertenecen al Comando de Operaciones Terrestres, al Batallón de Intendencia 601 y a la Dirección de Asuntos Históricos, unidades situadas en la zona metropolitana de la capital federal.
En su edición de hoy La Nación dice que la ministra Garré habló con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de llevar el caso a la Justicia y que, en cambio, "no se comunicó con el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini". Y advierte que "en el Ejército no quisieron hacer declaraciones públicas frente a las llamadas" del matutino.
"Los pasos dados en el Ministerio de Defensa apuntan directamente al corazón del 5º piso del Edificio Libertador, donde se manejan las finanzas del Ejército. No trascendió oficialmente el monto de la posible defraudación al Estado, pero sí se sabe que hay varios millones de pesos en juego", sigue el periódico.
"Además de los antes mencionados, el Ministerio de Defensa informó que se pidió a la Justicia que sean investigados también, por "presuntos actos de corrupción administrativa' los coroneles en actividad José Luis Giro Martín, Andrés Andreotti, Oscar Frascaroli, Alberto Bonetti y Néstor Hugo Korbs", informa La Nación.
"A los investigadores les llamó la atención que en las contrataciones del Ejército figuraban muchas personas como monotributistas, circunstancia que no se relacionaba con las prestaciones ofrecidas al ganar las licitaciones. En esa pista se habría descubierto que esos monotributistas tenían insólitas condiciones de "polirrubros', pues en licitaciones de productos muy diferentes estaban los mismos proveedores presentados como sociedades de hecho y no como sociedades de responsabilidad limitada, como sería natural en estos casos", señala el artículo.
"A veces perdían, a veces ganaban, pero las competencias de precios mantenían los mismos nombres. La sospecha oficial es que existe una red que usaba el tráfico de influencias para arreglar las negociaciones y montar empresas fantasmas", describe.
No pierden el sueldo
El pase a disponibilidad es una previsión de la legislación sobre personal militar en la que el afectado, por alguna causa que implique la realización de un sumario por eventuales responsabilidades administrativas, queda privado de destino. Una vez que es pasado a disponibilidad, el militar continúa cobrando su sueldo, y si no es afectado por las actuaciones judiciales, puede volver a la situación de actividad.
Anónimo
Un sistema de denuncias que permite garantizar el anonimato llevó a la ministra de Defensa Nilda Garré, sus primera sospechas sobre las compras del Ejército. La investigación se ha centrado sobre los números del arma en materia de adquisición de insumos no bélicos durante 2007.