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Se eliminarán los artículos que permitían la reprivatización y aprobaba el acta acuerdo entre el gobierno y Marsans. La oposición quiere evitar que el Estado termine pagando la deuda de U$S 900 millones que dejó Marsans. Para ello, insistirá con el procedimiento de la quiebra con continuidad. Mañana, se tratará en la Cámara Baja.
De la redacción de El Litoral
El plenario de comisiones de Transportes y Presupuesto estaba incorporando, al cierre de esta edición, una serie de modificaciones al proyecto de traspaso de Aerolíneas Argentinas girado por el Poder Ejecutivo, que aprobará mañana en el recinto.
Entre esos cambios se destacan la eliminación de los artículos 6, que permite el ingreso de capitales privados (y que muchos interpretaron como la apertura a una futura reprivatización) y 2 (que ratifica el acta entre el gobierno y el Grupo Marsans), para que quede en claro que el precio final de la operación debe determinarlo el Parlamento.
En otras de las modificaciones, los diputados establecieron que los aportes presupuestarios que se realicen sean exclusivamente para garantizar el servicio de la compañía y no para otros fines.
Los cambios al proyecto fueron confirmados al término de una reunión del bloque de más de dos horas y media por el jefe de la bancada, el santafesino Agustín Rossi, quien señaló a la prensa que esas modificaciones habían sido consideradas en una reunión que mantuvo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
En esta oportunidad, confiaban, el oficialismo no tendría que pasar por los mismos inconvenientes que tuvo en el tratamiento de las retenciones móviles para obtener la mayoría. Ese convencimiento se basa en la presencia en la reunión de diputados que habían votado en contra del proyecto oficial en aquella oportunidad, como el cordobés Arturo Heredia y el pampeano Manuel Baladrón, además de legisladores de otras provincias, con la única ausencia destacable del bonaerense Felipe Solá.
"Las modificaciones dejan tres objetos claros en la redacción del proyecto: el rescate de la compañía, recuperación del servicio en forma transitoria y aportes de capital para el funcionamiento, pero no para la compra de acciones, precisó Agustín Rossi.
Los diputados que acordaron esta nueva redacción, buscan contrarrestar a los que se estaban aglutinando detrás de una iniciativa opositora impulsada por el la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO, entre otros partidos.
Oposición
Mientras se desarrollaba el encuentro del FPV, el bloque radical estaba reunido con la presencia del ex subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, quien se enrola entre los sindicalistas críticos de la iniciativa oficial.
Todos los bloques opositores, en tanto, criticaron el intento del oficialismo por acelerar el tratamiento en la Cámara Baja del proyecto, al que cuestionan sobre todo que deja abierta la posibilidad de que el Estado argentino se haga cargo de la deuda empresaria de casi 900 millones de dólares.
En una rueda de prensa, la oposición integrada por la Coalición Cívica, el PRO, la UCR y el adolfismo, además de partidos menores, reiteró las críticas contra el proyecto oficial y volvió a plantear su propuesta de crear una nueva línea aérea para evitar que el Estado se haga cargo de la deuda contraída por la operadora española Marsans.
Así lo explicó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, quien sostuvo que la oposición no quiere "convalidar el fraude de la empresa" ni lo actuado por "Ricardo Jaime ni de quienes debieron controlar y no lo hicieron".
Pérez indicó, además, que el oficialismo intenta aprobar un proyecto sin saberse "cuál es el precio real de la empresa" e insistió que el gobierno nacional al acordar en España el traspaso del cinco por ciento de las acciones de la empresa terminó "convalidando el vaciamiento de Aerolíneas".
En similar sentido, se expresó el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, quien dijo sentir "preocupación" y acusó al oficialismo de "hacer los esfuerzos por cargar al pueblo argentino el pago de una deuda privada de 900 millones de dólares".
El radical Pedro Azcoiti advirtió, por su lado, que el Estado ya puso "565.100.000 pesos" en la empresa que fueron "sustraídos de planes sociales, particularmente de vivienda" a través de los llamados "superpoderes dados al jefe de Gabinete". Los referentes opositores en tanto indicaron que, si el oficialismo insiste con el proyecto del Ejecutivo, impulsarán un dictamen de minoría.
Repudio
Diputados de la Coalición Cívica repudiaron a través de un proyecto presentado en el Congreso, la decisión del gobierno nacional de desviar fondos destinados a la construcción de viviendas para solventar el déficit operativo de Aerolíneas Argentinas. Según advirtieron, "3.700.000 viviendas es el déficit total nacional. En 2004, se anunció la construcción de 120 mil unidades, se terminaron poco más de 60 mil y en agosto de 2005 se anunció la construcción de 300 mil más, y a tres años sólo se terminaron 5 mil".
Negociaciones
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibió esta mañana la confirmación de que los diputados del bloque de la Concertación Plural apoyarán el proyecto oficial para rescatar la empresa Aerolíneas Argentinas. "Hemos fijado una posición muy clara de apoyo a la reestatización de Aerolíneas Argentinas", dijo el jefe del bloque, Hugo Prieto. Los legisladores, distanciados del vicepresidente Julio Cobos, calificaron de "desopilante" la iniciativa de sectores de la oposición para declarar la quiebra de la aerolínea de bandera y formar otra empresa aérea con el objetivo de evitar la deuda de unos 900 millones de dólares que, se estima, habría dejado el grupo español Marsans.
Gremios harán boicot a empresas españolas
Los gremios aeronáuticos anunciaron una "campaña de boicot" contra empresas de capitales españoles en protesta por el "vaciamiento" de Aerolíneas Argentinas y Austral, y convocaron a una movilización al Congreso para el día en que el proyecto de reestatización de ambas compañías se trate en el Congreso.
Los gremios responsabilizaron al grupo Marsans y a la Sepi (Sociedad del Estado), ambas de origen de ese país europeo, por la gravísima crisis por la que atraviesan Aerolíneas y Austral, y adelantaron que el boicot será ejercido contra empresas como Air Comet, Air Europa e Iberia.
La información fue suministrada luego de una reunión mantenida por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA-CTA), liderada por Edgardo Llano, con los sindicatos del sector: AAA (tripulantes de cabina), Apla (pilotos) y Upsa (personal superior).
"Los trabajadores aeronáuticos vamos a luchar por la reestatización de Aerolíneas Argentinas-Austral en la calle. Por eso, anunciamos un boicot a las empresas de capital español, denunciando su accionar en Argentina, vaciando Aerolíneas Argentinas-Austral en la última década", afirmó Llano.
El dirigente gremial anticipó, además, que se convocó a una marcha masiva al Congreso nacional "junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), para decir que Aerolíneas Argentinas vuelva a ser del Estado, en beneficio de los trabajadores y de la sociedad argentina".
Por otra parte, los sindicatos aeronáuticos insistieron en rechazar el proyecto alternativo presentado por la oposición, consistente en la declaración de la quiebra de Aerolíneas y la creación de una nueva empresa.
Esa iniciativa, dijo Llano, "es inconsulta, inconsistente, suicida y va en contra del desarrollo nacional, la integración regional. En definitiva, es una postura en contra de las 9.000 familias aeronáuticas y la sociedad argentina en su conjunto", añadió.
Apoyos para la reestatización
El proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas impulsada por el gobierno nacional fue defendida desde las provincias, por entender que de esa manera se impulsa tanto la integración territorial como el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, sostuvo que "el proyecto que impulsa el gobierno nacional asegura la integración regional a lo largo y ancho de país". "Además, es una clara defensa de los intereses nacionales", destacó Barrionuevo, quien añadió que "lo que está haciendo la presidenta es garantizar un servicio que ha sido, en los últimos años, objeto de especulaciones de mercado y no de prioridades sociales o integración regional".
Barrionuevo recordó que Jujuy "ha tenido largas disputas, por mucho tiempo, con la empresa, porque la distribución de la frecuencia de vuelos nunca se hizo desde un espíritu solidario e integracionista del país, sino más bien desde las variables del negocio y las ganancias".
Por su parte, un grupo de quince empleados de Aerolíneas Argentinas de Mendoza solicitó el lunes al diputado nacional Jorge Alvaro que pase lo que pase con la empresa, se respeten sus fuentes de trabajo. "Dejen por escrito, más allá de lo que hagan con la empresa, que todos los trabajadores continuarán trabajando", tanto los que tienen como aquellos que no cuentan con antigüedad.
"Si se crea otra empresa se va a poder seguir viajando a nivel local, pero en Europa y Estados Unidos se solicitan muchos permisos e informes, lo que puede demorar meses y hasta años, tienen que tener en cuenta eso. Además, la quiebra implica que se caen todos los contratos internacionales", señalaron los empleados, que se mostraron a favor de la estatización.