Con el objetivo de regularizar la situación dominial de casi 60 mil viviendas de planes Fonavi, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de ley que propone un marco regulatorio general para iniciar un proceso progresivo de escrituración.
La decisión de normalizar la entrega de títulos de propiedad, que se adeudan en algunos casos desde hace treinta años, fue anunciada por Hermes Binner en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el último 1º de mayo.
Para lograr actualización de la situación dominial en toda la provincia, el gobierno invita a municipios y comunas a adherir al régimen, a través de la firma de convenios especiales.
Respecto de los beneficiarios de este programa, el proyecto de ley es abarcativo. Sostiene que podrán acceder al régimen "todos aquellos que por cualquier acto jurídico emanado de la Dirección de Viviendas se encuentren en posesión o tenencia de la vivienda; también, los compradores y/o cesionarios de adjudicatarios por sucesivas transmisiones realizadas por instrumentos públicos o privados, y los sucesores universales de las personas mencionadas".
Además, podrán acceder todos aquellos que se encuentren "ocupando la vivienda sin que haya mediado acto jurídico emanado de la Dirección Provincial", siempre que dicha ocupación tenga el carácter de vivienda única, familiar y permanente por más de cinco años. También será condición que dichos ocupantes se hagan cargo de los saldos pendientes de pago. La falta de continuidad en la ocupación efectiva del inmueble no perjudicará al potencial beneficiario, cuando se hubiere interrumpido por el hecho ilícito de un tercero, penalmente punible.
En cambio, quedarán excluidos del sistema los beneficiarios de otra vivienda construida por la provincia, quienes no la habiten efectivamente, y los propietarios de otros inmuebles utilizados como vivienda única, familiar y permanente, adquiridos con posterioridad a la adjudicación que pretenden titularizar.
El proyecto prevé la eliminación de "toda restricción u obstáculo administrativo que impida llevar adelante el proceso de escrituración, tales como finales de obra, tramitaciones catastrales, existencia de deudas fiscales o de servicios", entre otras.
En el caso de los edificios construidos bajo el régimen de Propiedad horizontal, cuando no se cuente con el final de obra correspondiente ni con los planos definitivos, se utilizarán para facilitar la escrituración, los planos de obra como planos definitivos.
Tampoco será impedimento para acceder a la escritura la existencia de saldos de precio, deudas fiscales o provenientes del uso y consumo de servicios públicos. Textualmente, el proyecto de ley sostiene que "no se requerirá certificación de libre deuda, pero se hará constar en la escritura traslativa de dominio la obligación del adquirente de abonarlas".
Como condición esencial para obtener la escrituración, sí se exigirá en todos los casos que la titularidad del dominio de los terrenos donde se hubiere emplazado el conjunto habitacional, corresponda al Estado provincial.
En cuanto a las escrituras, serán realizadas por la Escribanía Mayor de Gobierno y por escribanos designados por el Colegio de profesionales de la provincia. Estos últimos percibirán como honorarios el 20 % de las sumas que les corresponderían según las normas arancelarias comunes. A los fines de realizar un seguimiento del régimen especial, se creará una comisión bicameral integrada por cuatro senadores y cuatro diputados..
La autoridad de aplicación de la ley será la misma Dirección de Viviendas. Con tal propósito, la repartición estará facultada a condonar hasta el veinte por ciento del total de cuotas que adeuden los beneficiarios, y a otorgar períodos de gracia o extender el plazo máximo hasta un término de cinco años, "cuando se trate de casos debidamente justificados". Pero el proyecto no da más precisiones al respecto.
Según el mensaje, los montos de cuotas adeudadas podrán ser cancelados anticipadamente y según el caso, tendrán beneficios. Por ejemplo, aquellos beneficiarios que hayan cumplido regularmente con el pago de las cuotas establecidas oportunamente, tendrán una quita equivalente al cuarenta por ciento del monto que les resta pagar, si es que pretenden cancelar la deuda en el momento de la entrega de la escritura de dominio.
En otros casos, se tendrá en cuenta la situación de cada conjunto habitacional, considerando variables tales como la antigüedad, el estado general y la ubicación. "Cada servicio mensual estará establecido en un monto que permita su total amortización de conformidad a los ingresos de cada grupo familiar beneficiario. En ningún caso, el monto de la cuota podrá superar el 15 % del ingreso del grupo familiar, ni será inferior al equivalente del cinco por ciento del salario mínimo vital y móvil", dice el proyecto.
EL mensaje autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fondo especial para atender los gastos que origine la aplicación de la ley. Todos los actos administrativos se tramitarán ante los organismos públicos provinciales con carácter de urgencia y preferencia, y serán exentos de todo gravamen.
Argumentos
En los fundamentos del mensaje, el Ejecutivo hace constar que fue redactado según el enfoque del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, cuyo primer componente "es la seguridad jurídica de la tenencia". Dicho comité sostiene que "todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas". Y acota que "los Estados deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección".
Renuncias
El artículo Nº 16 del proyecto de ley establece que la incorporación de los beneficiarios al régimen especial que propone dicho mensaje, implica su "renuncia expresa a cualquier reclamo por deficiencias o vicios en la construcción, e implica el expreso desistimiento de todo recurso interpuesto por el beneficiario o juicio entablado contra la Dirección Provincial de Viviendas".
La directora provincial de Vivienda, Alicia Pino, confirmó a El Litoral que el gobierno de Hermes Binner mantiene la idea de trabajar en planes de unidades habitacionales destinados especialmente a la clase media. Pero admitió también que la actual situación económica podría demorar el anuncio de algún plan concreto. Sucede que a raíz de la coyuntura por la que atraviesa el país, algunas entidades financieras con las que el gobierno provincial ya había empezado a hablar para que se sumaran al proyecto aportando los recursos, ahora se muestran más prudentes o directamente desisten.
De todos modos, la funcionaria aseguró que aunque se demore, el gobierno provincial ratifica su decisión política de avanzar en esta idea.