La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Antonio Riestra, titular de la bancada del ARI, por el cual "las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos en el Estado provincial, podrán computar, al solo efecto jubilatorio, el período de inactividad comprendido entre el momento en que cesaron en sus tareas y el 9 de diciembre de 1983".
El autor afirma que "la iniciativa plantea un principio de igualdad ante la ley, teniendo en cuenta la vigencia de normas nacionales, para aquellos sobrevivientes que fueron víctimas de atropellos y quedaron cesantes por su actividad política y gremial en el Estado provincial".
El propósito es receptar en la legislación santafesina el criterio sustentado en la ley Nº 23.278 sobre el cómputo del período de inactividad para los casos de cesantía y prescindibilidad, sin establecer plazos de prescripción para acogerse, y beneficiando a posibles víctimas de dictaduras militares incluso anteriores a la que se origina 1976.
La ley 9.528 que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer el reingreso del personal de la administración pública provincial y reconoce el cómputo de años de inactividad, sólo comprende a las personas afectadas por la última dictadura y con plazo de prescripción respecto del acogimiento.
Riestra afirma que el criterio que pretende convertir en ley "encuentra sustento en las convenciones internacionales a las cuales adhirió la Argentina y que prohíben las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. Estos derechos son imprescriptibles por tratarse de derechos humanos de primera generación, que valen en todo tiempo y lugar, y fueron plasmados en nuestra Constitución Nacional".
El arista admitió que "lamentablemente, como en otras cuestiones en la provincia, se puede llegar tarde y por lo tanto el universo de beneficiarios se verá reducido por el natural paso del tiempo. Pero, no obstante, es un reconocimiento al fin, para aquellos que padecieron las arbitrariedades de las dictaduras estando en relación de dependencia con el Estado y perdieron su derecho a la estabilidad laboral".
Según el texto votado, quienes requieran el reconocimiento del período de inactividad deberán acreditar fehacientemente la causa política o gremial, o ambas a la vez, que originó la cesación en el servicio y además deberán contribuir con sus aportes al sistema previsional mediante el descuento mensual en el haber jubilatorio, que no podrá superar el 10 por ciento de la asignación total.
También en la última sesión, la Cámara de Diputados votó y giró al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo, creando 32 nuevos cargos en la órbita del Poder Judicial, asunto despachado por dos comisiones y el tema fue fundamentado en el recinto por el jefe de la bancada oficialista, Raúl Lamberto.
En la semana había llegado una nota firmada por el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas, donde detalla el destino que tendrán esos cargos en los tribunales de Santa Fe y Rosario.