Télam
El tribunal que evaluará la conducta del juez de Garantías Nicolás Schiavo, cuestionado por otorgar la libertad monitoreada a uno de los detenidos por el cuádruple crimen de Campana, quedará integrado esta semana, informó una fuente judicial.
Se trata de los cinco legisladores y los cinco abogados de matrícula que integrarán, junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hiters, el Jurado de Enjuiciamiento que deberá determinar si el magistrado cometió irregularidades en el ejercicio de su función.
Schiavo fue denunciado el pasado 4 de agosto ante la secretaría permanente del Jurado de Enjuiciamiento por el diputado provincial Guido Lorenzino para quien el magistrado "merece su destitución por haber cometido una irregularidad grave", según dijo a Télam.
"Básicamente, me parece que aplicó un mecanismo excepcional para un delincuente que no lo merecía y cometió una falta grave que puso en riesgo a la sociedad bonaerense por lo que no merece ser juez", explicó el legislador.
Schiavo, a cargo del Juzgado de Garantías 5 de San Martín, fue cuestionado por una decisión que adoptó en febrero de 2007 cuando estaba interinamente a cargo del Juzgado 3 de ese departamento judicial y le otorgó a Ángel Fernández el beneficio de una pulsera electrónica para cumplir con una libertad monitoreada.
Por aquel entonces, Fernández tenía una causa por tenencia ilegal de arma de uso civil y había sido beneficiado con el arresto domiciliario.
Fernández es uno de los detenidos por el cuádruple crimen del matrimonio Mansilla y sus dos hijos, encontrados asesinados en el partido bonaerense de Campana.
Tras la presentación de Lorenzino, el secretario del Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, Ulises Jiménez, notificó la denuncia al presidente de la Corte y al titular del Senado para que hagan los sorteos respectivos de los integrantes del Jury.
Por el lado de los legisladores, conformarán el jurado los senadores Santiago Nardelli, del Frente para la Victoria, y Diego Rodrigo, del radicalismo, y los diputados oficialistas Raúl Pérez y Emilio Monzó y Damián Cardoso, del PRO.
Por otra parte, el presidente de la Corte resolvió que el próximo miércoles en la sede de los Tribunales se realizará el sorteo de los cinco abogados de matrícula que integrarán el jurado de enjuicimiento.
Una vez definidos los integrantes, habrá un plazo de tres días para presentar recusaciones o excusaciones y luego el titular de la Corte deberá convocar a la primera reunión del jurado.
Allí, deberán evaluar que se hayan cumplido con los requisitos formales que requiere la denuncia y, si estiman que la falta que cometió el magistrado se encuadra en las que determina la ley, ordena a la Secretaría Permanente que instruya el sumario y se suspende automáticamente al magistrado.
Desde ese momento, la secretaría cuenta con 90 días para realizar el sumario y luego da traslado a la Procuración de la Corte, al denunciante y a una comisión bicameral, para que manifiesten su voluntad de acusador en el procedimiento.
Una vez cumplido con esos requisitos, el Jurado de Enjuiciamiento estará en condiciones de iniciar las audiencias para determinar si destituye o absuelve al magistrado cuestionado por sus decisiones en el ejercicio de su función.
Según la ley 13.661, que rige el procedimiento para el juzgamiento de magistrados para dictar un veredicto culpable se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros del jurado, debido a que esa decisión es irrecurrible.