El ministro de Obras Públicas, Hugo Storero, y el director de Vialidad Provincial dijeron que no hay razones para que se detengan los trabajos. Argumentaron que las certificaciones y actualizaciones previstas legalmente están al día. Y que los empresarios no comunicaron oficialmente la decisión anunciada a la prensa y los empleados amenazados con suspensiones y despidos. El gobierno había ofrecido el miércoles pasado un plan para inyectar 30 millones de pesos a la obra en lo que queda de 2008.

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