Finalmente, en setiembre comenzará el trámite para que los aspirantes a ingresar a la docencia de nivel inicial, primario y especial puedan tener una chance de conseguir un cargo de titular. ¿Será este intento el definitivo?
La duda que surge de algunos maestros tiene asidero por las tantas idas y vueltas que tuvo esa decisión política, los "manijeos" de la historia con la "ley Rébola" y la falta de concurso desde hace 14 años.
En el 2006, unos 15 mil docentes se inscribieron como aspirantes a rendir la prueba de oposición. Ese concurso que proponía la ex ministra Adriana Cantero era por "antecedentes y oposición" lo que permitía que cualquier maestro pudiera tomar el examen y escalafonar para los cargos en juego.
Es más, los docentes habían comenzado a estudiar los contenidos para la prueba, con tanta expectativa que se reunían en grupos a leer los materiales y consultaban a especialistas.
Sin embargo, el gremio Amsafe interpuso recursos a las condiciones del concurso porque sostenía que el ingreso a la docencia debía ser sólo por antecedentes, en particular luego de haber transcurrido tanto tiempo sin que este llamado se concrete. La lógica que esgrimía es que si un docente está como interino por 5 ó 6 años, es el aspirante natural a titularizar en ese cargo y no otro docente que saca más puntaje en una prueba pero nunca pisó un aula.
Cambio de gestión de por medio, las actuales autoridades del Ministerio de Educación derogaron ese concurso y acordaron con Amsafe, en los 13 compromisos de febrero, respetar sus criterios.
Ahora, se lanzó una nueva convocatoria y se aclaró que el concurso será por Juntas de Escalafonamiento y teniendo en cuenta sólo el título del docente y la antigüedad. No hay prueba de oposición, así que el esfuerzo de haber estudiado no sirvió o, en todo caso, fue útil sólo para incrementar el acervo de conocimientos personal.
Los concursos de ingreso al magisterio es una deuda de muchos años. El último fue en 1994 y recién en 1998 y 1999 se ofrecieron los cargos. Más tarde, vino la ley de titularizaciones sancionada en 2001, más conocida como "ley Rébola", que desconoció el derecho a concursar.
Es de esperar que una vez que las Juntas de Escalafonamiento por niveles -creadas por esta gestión- comiencen a trabajar, se vayan normalizando las situaciones injustas que generó no haber tenido por muchos años un mecanismo equitativo y constante de acceso a un cargo estable dentro del sistema educativo.