Sucesos de irrupción violenta contra el servicio ferroviario suburbano de Buenos Aires como el ocurrido ayer, hacen necesario separar los planos de análisis entre lo estrictamente policial y lo político.
Puede resultar verosímil la versión gubernamental en el sentido de que los hechos de violencia fueron alentados, dirigidos y hasta protagonizados por miembros de un partido de izquierda opositor. Hasta podría dársele crédito a la hipótesis oficial de que la misma detención del convoy fue una acción intencional.
Suena curioso, sin embargo, que el discurso oficial que detalló por la noche el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al lado del titular bonaerense de la misma cartera bonaerense, Carlos Stornelli presencia conjunta para aventar rumores de inacción policial por cuestiones de jurisdicción-, haya sido desgranado desde temprano por todos los sectores involucrados. Desde la propia empresa concesionaria del servicio y el jefe policial de la provincia de Buenos Aires, hasta el sindicato de maquinistas y el titular de Interior, Florencio Randazzo.
Pero cabe la mirada política. Los hechos de Castelar-Moreno no son novedosos. Han sido precedidos de otras ocho revueltas, de igual o mayor gravedad, desde el gobierno de Néstor Kirchner. Son exteriorizaciones sobre el caldo de cultivo del maltrato que a diario sufren los usuarios de un transporte que es subsidiado casi a discreción, sin contraobligación alguna del concesionario privado -cuando no es el propio Estado, como en el caso de dos de las líneas suburbanas ferroviarios-, más allá de mantener casi intacta las tarifas.
Hechos como el de ayer, además, ponen en el tapete la crisis del sistema ferroviario, lo que no hace otra cosa que minar la aprobación de la población a proyectos como el Tren Bala. Una consideración respecto del servicio público de trenes que puede hacerse extensiva a otros servicios cuya prestación se sustenta exclusivamente en el cobro de subsidios. Por caso, la ex línea Sarmiento donde ocurrieron ayer los incidentes, recibió este año casi 12 millones de pesos y ni siquiera así, como reconoció la propia concesionaria, puede dar un servicio mínimamente normal.
La responsabilidad política de hechos como el de ayer recae sobre la Secretaría de Transportes a cargo de Ricardo Jaime. Parecería que el gobierno ha tomado nota. "Están funcionando mal y hay que reverlo", dijo sobre los transportes ferroviarios y aéreos el senador José Pampuro. Una carga contra Jaime de parte de un hombre de máxima confianza de la presidenta, que desde el voto de Julio Cobos, comenzó a ocupar de hecho y progresivamente el lugar de vicepresidente.