Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados sancionó la ley que regula la implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal de la provincia establecido por la ley 12.734 mediante la cual se promulgó el Código Procesal Penal que establece como principio la oralidad y la publicidad. Es que el cuerpo Äcon el voto de los bloques oficialistasÄ aceptó las tres modificaciones introducidas por el Senado a la votación anterior de la Cámara Joven del 26 de junio último. En tanto, las distintas bancadas justicialistas optaron por volver a abstenerse repitiendo en gran parte los fundamentos anteriores. No obstante y a la hora del intercambio de reproches, fue Jorge Lagna quien le advirtió que el justicialismo era generoso en allanar el camino para el tratamiento del tema. Antes, Darío Scataglini responsabilizó al Poder Ejecutivo por no haber puesto en marcha el Código el 30 de junio de este año como lo preveía el texto y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a dictar una acordada aclaratoria sobre la vigencia del viejo sistema. También admitió que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del llamado "caso Fraticelli" quien conminó a la provincia a cambiar su sistema procesal en la materia penal.
En cambio, desde el oficialismo, los distintos oradores consideraron positivos los tres cambios introducidos por el Senado que votó por unanimidad el proyecto. Cabe recordar que el justicialismo tiene amplia mayoría en la Cámara Alta. "No votamos los cambios del Senado desesperados por sancionar la ley, lo hacemos convencidos de que han mejorado el texto original", aclaró el radical Santiago Mascheroni. "Este texto es la puesta en marcha progresiva del Código Procesal Penal", añadió quien fuera junto a Danilo Kilibarda (PJ) en el período legislativo anterior, autor del proyecto de Código que llegó a transformarse en ley.
Después se ocupó de repasar el significado de los tres cambios: el artículo 4 que determina la implementación progresiva dentro de 120 días de 12 disposiciones del código; el artículo 6 que insta a que se agote el trámite procesal para que no haya inacción judicial que determine la libertad de detenidos con prisión preventiva por delitos graves, y el último artículo que acota a 150 días el plazo para que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura las propuestas de leyes orgánicas de ministerio público de la Acusación, ministerio público de la Defensa, ley de protección a testigos y víctimas, ley de organización de tribunales penales y gestión judicial y una ley de transición. "Los tres cambios apuntan a mejorar la ley". Sobre el final, destacó que la sola figura del querellante incluido en el código justifica el impulso a la norma.
Desde el ARI, Pablo Javkin destacó la enorme cantidad de coincidencias entre diputados y senadores a la hora de establecer este mecanismo. Pero además volvió a subrayar el cambio que significará el nuevo Código. "Esta ley es el primer paso para terminar con la vergüenza que significa el sistema inquisitivo que tenemos en la provincia y que todavía, de forma velada, algunos pretenden sostener". Al recordar que es una ley de la anterior gestión "es una política de Estado para solucionar la vergüenza del viejo sistema; es derribar barreras". También el PDP subrayó la importancia del asunto en expresiones de Luis Mauri y de Gabriel Real. El primero destacó que se pasará "de un proceso de actas a otro de actos. Acercar a la gente con el proceso es de por sí importante para cambiar años de un proceso que responde al positivismo vigente siglos pasados". En cambio, Real dijo que hubo que esperar un fallo de la Corte nacional para dejar veinte años de atraso en Santa Fe.
En el medio, el justicialista Mario Lacava reivindicó lo actuado por el Senado "largamente criticado en esta Cámara. El Senado obró con dosis de responsabilidad para evitar un caos jurídico".
El cierre estuvo a cargo del socialista Raúl Lamberto quien aseguró que el Código se implementa a la brevedad y destacó que para ello es necesario la colaboración de los tres poderes del Estado. "Es necesario que el Poder Legislativo trabaje con celeridad para sancionar las leyes necesarias para aplicar el Código; es necesario pensar en la construcción de edificios nuevos porque los actuales del Poder Judicial no sirven para los juicios; es necesario capacitar a los actores del proceso para cambiar pautas. Este cambio cultural se empezará a aplicar en octubre en la provincia", prometió.
El segundo módulo de la capacitación para el nuevo proceso penal comenzó ayer en Venado Tuerto, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti y el juez de la Corte Suprema de la provincia Daniel Erbetta.
El curso, que culminará en la jornada de hoy, está dirigido a un cuerpo de 30 docentes de toda la provincia quienes luego entrenarán a los operadores del sistema penal y a miembros del Poder Judicial de la tercera circunscripción.
Estas jornadas constituyen la segunda etapa de la capacitación organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo primer módulo se realizó en julio pasado en Santa Fe. En tanto, la tercera y última parte tendrá lugar en Rosario a fines de este mes.
Erbetta manifestó el "compromiso institucional e ideológico" del máximo tribunal con las líneas centrales del nuevo Código "pues éste supone una compatibilización y adecuación a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales de derechos humanos". Consideró que "la provincia de Santa Fe se debía la reforma del proceso penal desde hace mucho tiempo. Ahora viene la etapa más difícil, que es la implementación del cambio y para ello la capacitación es decisiva".
"Con la aprobación de la ley se pone en marcha el cambio del sistema de enjuiciamientos penales en la provincia", sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti, a poco de aprobarse en la Cámara de Diputados la iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo en junio para la implementación progresiva y por materia del Código Procesal Penal.
"Desde que asumimos dijimos que nuestro norte era implementar el Código aprobado el año pasado, que si bien estaba sancionado no había tenido ninguna incidencia en la transformación de la realidad judicial penal de la provincia", recordó.
Después rescató "la coincidencia de los tres poderes del Estado en poner, cada uno desde su lugar y respetando la división de poderes, lo mejor de sí para que este cambio fuera posible". Destacó "la dedicación que le dieron al tema la Corte Suprema y la Legislatura, fundamentalmente el Senado, que en reiteradas oportunidades analizó y reanalizó el proyecto de ley de implementación, y luego -más allá de la conformación partidaria- aprobó esta norma por unanimidad, al margen de las modificaciones que le introdujo".
Para Superti, el camino recorrido "significa que realmente se comienza a comprender en Santa Fe que los problemas de Estado deben encontrarnos a todos unidos, cada uno desde su lugar y sin perder su autonomía, desde el esquema republicano de división de poderes, aportando lo necesario para la mejora de la realidad institucional de la provincia".
Prometió que en 120 días se notarán cambios sustanciales en materia de persecución penal, ya que se incorporarán el principio de oportunidad y la participación de la víctima en el proceso, hoy inexistente.
"También habrá adelantos en cuanto a la oralidad, que será obligatoria para el juzgamiento de algunos delitos. Por lo tanto podemos decir que Santa Fe ya tiene juicio oral: éste ya no va a depender de la decisión de la defensa sino que será el método de juzgamiento por imperio de la ley".
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha creado dos órganos y reformulado otro para coadyuvar al rediseño del sistema penal. Por un lado, se creó la Oficina de Asistencia a las Víctimas, "de modo que la querella no sólo sea una norma en un Código sino una realidad para todos los santafesinos, incluso para aquellos que pertenecen a sectores vulnerables y no pueden contratar a un abogado", indicó. La Oficina de Mediación Penal, apuntará a la recomposición del conflicto víctima - victimario mediante nuevas técnicas. Por último, el ex Patronato de Liberados, ahora Dirección Provincial de Asistencia y Control Pospenitenciario, colaborará directamente con el sistema judicial en cuanto a la aplicación y control de las reglas de conducta que se utilicen en la suspensión del juicio a prueba, que ahora tiene consagración legislativa.