Luis Rodrigo
Celebraciones en las barras de los gremios que pertenecen a la CTA y de la CGT, aplausos para el ministro de Trabajo Carlos Rodríguez, la apurada corrección al texto que impulsaba el PJ en Senadores (tras las quejas sindicales) y el rechazo a la norma de buena parte del peronismo en Diputados, son los elementos más fuertes que rodearon la sanción de la ley que obliga a que en las empresas con más de diez empleados se constituyan Comités Mixtos de Seguridad, Salud e Higiene laboral.
El mensaje del gobernador Hermes Binner tuvo modificaciones en ambas Cámaras. Primero en Diputados se puso límites a la facultad de esos comités (formados en partes iguales por empresarios y trabajadores) de detener la actividad productiva ante una situación de riesgo inminente, y luego en Senadores se añadió la sujeción de la ley provincial (la primera en el país) a una eventual legislación nacional.
La Argentina es el único país de Latinoamérica en el que no existe una norma para la prevención de los riesgos y las enfermedades en el trabajo del tipo de la aprobada ayer, en una jornada atípica: el Senado, donde la mayoría pertenece al PJ, por unanimidad, aprobó una nueva versión de la norma, y los diputados tras habilitar el tratamiento sobre tabla con dos tercios de la Cámara hicieron lo mismo, pero con abstenciones en la mayoría de los miembros que componen las 5 bancadas peronistas.
Los dirigentes gremiales hablaron con los 13 senadores del justicialismo y lograron lo que querían: fue eliminado un artículo (que iba a llevar el número 36) y disponía que el Estado provincial financiara el cumplimiento de la ley, es decir, que el sector público se encargara de obtener créditos para que las pequeñas y medianas empresas eliminaran condiciones de riesgo o insalubres en sus procesos productivos. En el recinto, los miembros de la mayoría explicaron que esto hubiera podido servir de excusa para que finalmente no se hagan las inversiones necesarias.
El despacho volvió a Diputados y la Cámara Baja aceptó Äen el mismo díaÄ las modificaciones hechas por los senadores, convirtiéndolo en ley. El socialista Raúl Lamberto destacó que dos dirigentes sindicales de las dos entidades gremiales nacionales (la CGT y la CTA) fueron quienes tomaron el proyecto del Ejecutivo, al referirse al frentista José María Tessa y el justicialista Alberto Ceja.
La ley, que entrará en vigencia tras la promulgación por parte del Ejecutivo, dispone la creación de dos figuras jurídicas nuevas en el país: los Comités Mixtos (empresarios y trabajadores) y los delegados de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.
Su función no es discutir salarios sino promover la salud, prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones de trabajo.
Según el ministro Rodríguez, Santa Fe tiene pésimos guarismos en accidentes mortales en el trabajo. El funcionario advirtió que por cada caso irreparable en accidentología laboral hay otras siete muertes por enfermedades laborales.
La ley dispone que los delegados de salud y seguridad elegidos por los trabajadores podrán "realizar por sí o disponer la realización de investigaciones en la empresa, en la materia de su competencia, para adoptar las medidas destinadas a la prevención de riesgos y mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo".
También "conocer y tener acceso a la información y resultados de toda inspección, investigación o estudio llevados a cabo por los profesionales o técnicos de la empresa y los realizados por la autoridad de aplicación en materia de salud y seguridad en el trabajo".
Tessio
La vicegobernadora Griselda Tessio destacó la labor legislativa en el tratamiento y posterior sanción de las leyes de Comités de Salud y Seguridad, en el Trabajo y la implementación gradual del Código Procesal Penal de la Provincia, y "en las Comisiones de la Cámara de Senadores, donde a través de los debates se pudo llegar a un consenso". Subrayó que la norma se inscribe "en las conquistas de los derechos de los trabajadores con un Estado que luego de varias décadas de democracia vela por la salud y seguridad de los empleados en los diferentes ámbitos de trabajo".
El ministro de Aguas y Servicios Públicos confirmó ayer que en los próximos días, el Poder Ejecutivo enviará dos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
Antonio Ciancio dijo que no se disolverá el organismo como lo había sugerido en el inicio de la gestión el gobernador Hermes Binner, hasta tanto no se termine de diseñar una estructura que permita controlar todos los servicios públicos.
"Creo que hay que manejar una valoración de tiempos. Lograr un nuevo organismo que atienda una empresa pública como es hoy Aguas Santafesinas SA y también a la EPE, como pretendemos, lleva tiempo. Lo que estamos pensando es en dotar al Enress de más miembros para que no exista esta dicotomía de que algunas cosas las hace y otras no las puede hacer", expresó.
Sucede que en la actualidad, el Ente carece de quórum legal porque sólo dos de sus cinco directores están en funciones. Consultado al respecto, el ministro reveló que es intención del gobierno enviar dos pliegos a la Legislatura para nombrar nuevos directores. Uno de ellos es sugerido por el sector sindical y otro, por el propio Poder Ejecutivo. En el primer caso, se trata del dirigente Luis Fernando Lizondo; en el segundo, de Alberto Muñoz, militante del ARI y miembro de la Asamblea Provincial del Agua.
"Muñoz es una persona que ha batallado intensamente en estos temas; los conoce y ha puesto mucho de su empeño personal para poner claridad al asunto", definió el ministro ante la pregunta de El Litoral.
El jefe del bloque del Frente Progresista Juan Carlos Zabalza mezcló elogios a la gestión del gobernador Hermes Binner y a la labor del ministro Carlos Rodríguez con iguales adjetivos para la legislación del trabajo que fue edificada durante los dos primeros gobiernos del peronismo en nuestro país.
El titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, que debe negociar todos los mensajes del Ejecutivo, reflexionó Äen un discurso repleto de citas y antecedentes históricos sobre el temaÄ sobre las diferencias entre la actual visión del gobierno provincial con respecto al tema del trabajo y la que ha existido hasta aquí en Santa Fe.
Para Zabalza, "esto no es casual" sino el resultado de decisiones políticas como las de convertir en ministerio a la secretaría de Trabajo, ser "la única provincia en tener un convenio firmado con la OIT para la promoción del trabajo decente" e instalar en la agenda pública la problemática de lo laboral y la seguridad, subrayó entre aplausos de los gremios que colgaron en las barras varias pancartas de la CTA, ATE, la Bancaria y la UOM de Villa Constitución.
El senador aseguró que no tiene fundamentos reales "la militancia contra la ley de ciertos sectores del empresariado" y advirtió que en el mundo, la prevención de accidentes y enfermedades laborales es parte de las estrategias de la producción eficiente.
José Baucero (PJ-San Javier) negó en varias oportunidades que el peronismo en Senadores hubiera "pisado" el proyecto "como dijeron algunos diarios" de ley al que consideran un avance para los trabajadores. "Si nos tomamos un tiempo fue para que hubiera el menor error posible y por eso hacemos algunas correcciones".
Tras subrayar las conquistas sociales y laborales del justicialismo dijo que ese partido es "heredero de un sueño" y aseguró: "Los trabajadores van a saber defender esta ley para que de a poco mejoren sus condiciones laborales".
Dijo que durante el debate en comisiones surgió "el fantasma de la inconstitucionalidad", y consideró que con una modificación introducida al texto, se evita cualquier interpretación en ese sentido. Un dictamen del fiscal de Estado Jorge Barraguirre que explica que la ley es una extensión de las facultades de control sobre la seguridad y la salud en el trabajo con que cuenta la provincia, y por lo tanto no resulta un avance sobre una potestad del Congreso nacional, influyó en el debate interno del PJ, donde aparecieron esos espectros, luego exorcizados por las recomendaciones sindicales.
Ricardo Spinozzi, el jefe del bloque de la mayoría y presidente del Partido Justicialista, explicó que se habían aceptado sugerencias gremiales y que antes de entrar al recinto se modificó el despacho surgido en comisiones. Reivindicó el rol del peronismo como "oposición ejercida de manera responsable" y recordó que todas las herramientas de gobierno para el Ejecutivo fueron aprobadas por los senadores.