Esta mañana en el despacho de presidencia del Concejo Municipal la comisión investigadora que se formó para revisar la gestión del ex intendente Martín Balbarrey y sus funcionarios, brindó una conferencia de prensa para mostrar los avances del trabajo. El grupo está formado por los concejales Héctor Acuña y Cristian Husser de Santafesino Ciento por Ciento y Adriana Molina y Carlos Suárez del Frente Progresista Cívico y Social.

El tema que se abordó en la ocasión fue la construcción de los Centros Integradores Comunitarios ubicados en Facundo Zuviría y Azcuénaga y otro en Callejón Roca y República de Siria, para los que el gobierno nacional giró para su construcción la suma de más de 1.130.000 pesos.

Los concejales antes de dar detalles de lo investigado resaltaron que la presentación ante la Justicia realizada por el fiscal municipal, Aidilio Fabiano, el viernes pasado "acompañan la iniciativa de la comisión de investigar la construcción de los CIC".

Para complementar los datos arrojados por un informe confeccionado por el Tribunal de Cuentas Municipal, base de lo que la comisión hizo público esta mañana, los concejales visitaron ayer a la tarde el CIC de Callejón Roca donde los vecinos les informaron que "si no saquearon lo que estaba hecho, si no usurparon la construcción precaria que existe es porque nosotros lo defendimos".

"Es injusto que Santa Fe hoy no cuente con dos centros integradores y que por las demoras, falta de cumplimiento y de control municipal del dinero que la Nación efectivamente mandó, tenga problemas para completar los seis que eran en un principio", manifestaron los ediles antes de pasar a detallar la información recolectada.

La documentación arroja, en primer lugar, que se trataba de un contrato para la construcción de los CIC de 180 días aunque "a la fecha de corte de los auditores habían pasado 594 y la obra estaba sin concluir".

Sobre los temas más destacados y puntuales enumeraron que: se pagó el total de la obra repartido en un anticipo, a la mitad y a la supuesta finalización. Además se abonó por demasía de la obra, es decir, se tomaron en cuenta posibles reajustes en los precios de construcción de los CIC.

También se destinaron fondos para la capacitación de la mano de obra que se utilizaría en los trabajos; lo que se puede asegurar es que no recibieron instrucción el 100% de los empleados. De las partidas recibidas y liquidadas para vestimenta y herramientas, se supo que, nuevamente, no todos recibieron la indumentaria y los materiales.

Un dato que sobresale del resto es que una de las cooperativas que asumió la construcción de parte de uno de los CIC, cuatro días después abandonó la obra. Sin embargo la documentación muestra que siguió recibiendo materiales y dinero por seis meses más.

Digna de destacar, es la liquidación que figura en concepto de refrigerio; la suma llega a los 24.000 pesos.

Según Acuña, "es la excusa que pueden tener los responsables que no terminaron la obra si dicen que se la pasaron desayunando y merendando" y agregó después de la ironía que "las facturas por los refrigerios no fueron convalidadas por la Nación".

La concejala Adriana Molina detalló que el dinero que recibió el municipio en concepto de capacitación de la mano de obra asciende a unos 67.500 pesos. Según el informe realizado por el Tribunal de Cuentas municipal luego de la auditoría -en el período junio 2006 a setiembre de 2007-, la institución encargada de la instrucción fue la Universidad Católica de Santa Fe.

Sobre quienes desfilarían para reunirse con los integrantes de la comisión encabezarían la lista Daniel Giusti, secretario de Hacienda -encargado de recibir y pagar el dinero recibido- y Alfredo Migone, titular del Instituto Municipal de la Vivienda, ambos funcionarios de la gestión Balbarrey. Luego les seguirían los responsables de las cooperativas y los encargados de la capacitación.

En total, desde febrero de 2005 a mayo de 2006 la Municipalidad recibió un monto aproximado de 982.240 pesos para distribuir entre las cooperativas de trabajo que en un principio eran 10 -cinco para cada CIC-. "La distribución del dinero efectivamente se hizo porque hay cuentas corrientes de las cooperativas y las conciliaciones bancarias donde consta que se entregó", explicó Molina. Cada grupo habría recibido 67.500 pesos dividido en anticipo, media y final de obra.

Además, los concejales señalaron que llegó otro subsidio "por demasía de obra de 76.618 pesos que se distribuyó entre las cooperativas que estaban trabajando en el CIC de Facundo Zuviría y 76.760 para las de Callejón Roca". También aclararon que ese monto en concepto de demasía no se repartió entre las 10 cooperativas sino entre menos.

Sobre la capacitación de los trabajadores, Molina explicó, que se habría dado la suma de 82.224 pesos, aunque "no hay documentación que acredite a qué cooperativa se capacitó". En concepto de ropas y herramientas de trabajo cada cooperativa obtuvo 6.913 pesos por eso.

"Los responsables de las cooperativas tienen nombre y apellido, además están registrados en un sistema del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación", señalaron los concejales sobre el modo que tienen de controlar la actividad de la agrupación . Además destacaron que "hay una cooperativa que no está registrada y que sin embargo se le entregó dinero, es la que más recibió en relación a cualquiera de los conceptos que se manejan en la construcción de los CIC".

Carlos Suárez hizo hincapié en el "descalabro administrativo" que surge del repaso de la anterior gestión y aseguró que los CIC son otra "obra virtual más porque están terminadas sólo en los papeles".

Sobre los próximos pasos de la comisión los concejales manifestaron que darán a conocer los nombres de las ocho personas que eran representantes técnicos del municipio en las obras. "Son contadores, arquitectos y otros profesionales que tenían como funciones coordinar, llevar el control, registro y seguimiento de las obras", manifestó Molina. Los interrogantes sobre esos ocho profesionales versan sobre cuánto cobraron por su trabajo, si es que lo hicieron y desde cuándo.

"Ayer encontramos gente que trabajó en las obras y no los unía ningún vínculo con las cooperativas", manifestó Suárez.

Sobre las posibles imputaciones que se le harían a los responsables de las nuevas "obras virtuales" los concejales dijeron que las harán luego que termine el trabajo de la comisión.

Al respecto se la consultó a la edil Molina, de profesión abogada, quien aclaró que si bien su especialidad no es el Derecho Penal, "habría que ver los grados de responsabilidad de cada uno de los intervinientes, pero en un primer momento se nota que hay un incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos". Los concejales aseguraron que si bien aún o está determinada la figura legal, de lo que no se puede dudar es que se cometieron delitos en el proceso de construcción de los CIC.