El gobierno de la provincia de Buenos Aires debió afrontar en las últimas semanas un prolongado conflicto gremial docente. Alrededor de tres millones de chicos quedaron sin clases debido a las medidas de lucha llevadas adelante por los dirigentes gremiales, pese a las arduas negociaciones entre funcionarios y sindicalistas que en cierto momento parecieron llegar a un punto de acuerdo.
Lo interesante es que el aumento salarial incluye dos condiciones que los maestros deberán aceptar: descuento de los días de paro y recuperación de los días de clase perdidos. La decisión de Scioli generó protestas y rechazos, pero da la impresión de que finalmente será aceptada. El principio de que el Estado sólo paga los días trabajados y que el valor más alto a proteger es la educación de los niños empieza a ser salvado. En adelante, las burocracias gremiales docentes saben que el derecho de huelga tiene como contrapartida el cumplimiento de deberes básicos.
Lo que interesa en este caso es que la propia sociedad, los padres de los niños en primer lugar, empiezan a exigirle a los sindicalistas que respeten sus derechos. La educación es un servicio público. Por lo tanto no puede estar sometida a las disputas ideológicas y facciosas de cierta dirigencia, avaladas en más de un caso por el arribismo de docentes que ven en el paro un pretexto para no cumplir con sus obligaciones laborales.
Sería interesante que la lección de la provincia de Buenos Aires sea asimilada por las autoridades políticas de otras provincias y, muy en particular, por la de Santa Fe. No se trata de conculcar el derecho de huelga sino de ponerle límites a sus abusos. En este caso, el interés que se protege no es el de un empresario o especulador financiero sino la educación de los niños. Los recientes paros promovidos por los gremialistas de la docencia en Santa Fe pusieron sobre el tapete la necesidad de abrir un debate ante la sociedad sobre los excesos en el ejercicio de un derecho. Como se recordará, los gremialistas no sólo declararon una huelga de varios días, sino que cuando el gobierno anunció los aumentos requeridos no lo levantaron arguyendo razones formales.
En nuestra provincia, y en la mayoría de las provincias argentinas, pareciera que los 180 días de clases constituye un objetivo irrealizable. Para este año Santa Fe no lo va a poder lograr, y es de esperar que hacia el futuro no se anuncien nuevas medidas de fuerza que nos alejen aún más de esa meta. En una sociedad sensata, donde la presión facciosa y corporativa no fuera tan alta, se le exigiría a los maestros huelguistas la recuperación de los días de clase perdidos. Es lo más sensato y justo.
Sin embargo, los sindicalistas se oponen terminantemente a esta reivindicación básica a favor de la educación. Está claro que si las conquistas salariales se habían logrado, lo que correspondía era brindarles a los niños el servicio de enseñanza que la medida de fuerza les niega. Lo sucedido en la provincia de Buenos Aires debería tenerse en cuenta. Algo parecido se está programando en Capital Federal. La defensa de la educación lo justifica y lo pide a voces.