En la sesión del pasado jueves, el Concejo Municipal sancionó, por unanimidad, una solicitud a la Legislatura Provincial para que promueva la derogación o la modificación de la ley provincial Nº 12.065, denominada Ley Borgonovo; la misma redujo la cantidad de integrantes de los cuerpos legislativos de municipios de primera categoría.

La propuesta llegó desde el bloque del Frente para la Victoria y tuvo el acompañamiento de todos los concejales. En los fundamentos, se puede leer que se trata de un reclamo para lograr una "mayor independencia política e institucional, y mayor participación ciudadana en la elección de sus representantes".

El mismo texto recuerda también las anteriores discusiones y pedidos en los que se expresó el Concejo local en el mismo sentido: Declaración Nº 942 Ä18 de diciembre de 2003Ä; Declaración Nº 983 Ä1º de julio de 2004Ä; Declaración Nº 1.024 Ä21 de octubre de 2004Ä y la Comunicación Nº 4.487 Ä15 de diciembre de 2005Ä.

"Un repaso de lo actuado por el cuerpo en materia de autonomía política e institucional y su posición política con respecto a la composición cuantitativa del Concejo, convencidos una vez más de que la democracia se consolida y se regenera con más democracia, con más participación del pueblo, con mayores grados de libertades generales e individuales y con absoluto respeto a las identidades culturales y de las minorías", afirman los fundamentos de la norma sancionada.

Antes de hacer la votación del proyecto, Rubén Mehauod se ocupó de fundamentar el proyecto y tuvo respuestas de sus pares dirigidas a la bandera política del gobierno que impulsó la Ley Borgonovo.

Luego, Carlos Pereira ÄFPCySÄ dijo que "alguien tuvo en 2002 la brillante idea de agotar la reforma política y achicar los Concejos de Santa Fe y Rosario y no se habló de nada más que de eso" y agregó que por el momento que se vivía, "fue un acto con mucha demagogia, con un gran operativo de prensa para tratar de canalizar cierto descontento social".

Entre otros comentarios, Pereira calificó lo que ordena la Ley Borgonovo como risueño y citó un ejemplo; "obliga a los municipios a colgar la nómina de la planta de personal en Internet y al gobierno provincial no".

Antes de finalizar, destacó la imperiosa necesidad de garantizar que los cuerpos legislativos sean más representativos.

Seguido, tomó la palabra Luciano Leiva ÄFPVÄ para señalar que con la norma en cuestión se perdió en los organismos legislativos la representación de algunos sectores sociales.

"Hoy tenemos en las bancadas del recinto varias mujeres pero no contamos con la representación de los sectores de menores recursos y del sector obrero", remarcó el edil justicialista y siguió diciendo que durante el reinado del sistema neoliberal en el país, "se consiguieron pero también se perdieron muchas conquistas logradas con el tiempo y nadie pudo defender esos sectores desde las bancas". Finalizó su exposición destacando que la participación se debe ampliar no sólo en número sino también en territorio.

Héctor Acuña ÄSFCÄ pidió la palabra para hacer notar que "falta un poco de autocrítica de parte de algunos" y agregó que "la Ley Borgonovo no salió de un repollo". Antes que el concejal pudiera seguir con sus dichos, Rubén Mehauod lo interrumpió para decir que actualmente "hay que trabajar por la positiva, todos tenemos un pedacito de culpa de lo que está funcionando".

Acuña volvió a hacer uso de la palabra molesto por lo expresado por el edil justicialista y volvió a hacer hincapié en la necesidad de abrir la participación en el cuerpo y reclamó volver a debatir para lograr la autonomía municipal.

Para finalizar, Mehauod aclaró que en la elaboración del proyecto quisieron "entrar en detalles de cómo nace ley" y que por entonces, "el país vivía una situación política y social muy distinta a la de hoy". Recordó que "era la época en que había asaltos a los supermercados y con la norma se buscó controlar el gasto de las instituciones legislativas".

Mediante una iniciativa de los concejales Carlos Suárez y Jorge Henn, del Frente Progresista Cívico y Social, se resolvió en la última sesión del cuerpo legislativo que en el marco de la creación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, el municipio suscriba con el gobierno de la provincia un convenio de cooperación a los fines de asumir funciones de seguridad alimentaria.

A su vez, el texto sancionado propone para poder realizar una transición ordenada, dilatar el inicio del ejercicio de las funciones absorbidas para ciento ochenta días posteriores a la suscripción del convenio de referencia y además que durante ese el lapso y hasta el efectivo ejercicio de las funciones asumidas por convenio, la agencia brindará capacitación sobre las mismas.

También se solicitó que se transfiera un padrón de contribuyentes de los tributos que en virtud de este convenio sean percibidos por el municipio y la información referida a los pagos efectivizados durante el 2008 y los períodos e importes que se adeudaren por dicho año.

"Es necesario lograr una implementación gradual del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito municipal y la redistribución de funciones y recursos, para lo cual es oportuno avanzar en la posibilidad de formalizar un convenio con el gobierno provincial, que permita la gradualidad necesaria en la reasunción de funciones innatas del municipio", señalaron como fundamento los autores de la norma.

Sobre el rol de la norma los concejales manifestaron que "da respuesta a las necesidades de integrar a todos aquellos actores, públicos y privados que promueven la seguridad de los productos y procesos alimenticios y en consecuencia, se articularía en un solo organismo, para proteger la salud pública, contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo humano sean seguros, garanticen su calidad nutricional y la promoción de la salud".