Ivana Fux

El secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, negó que exista una superposición de funciones y estructuras entre la flamante Subsecretaría de Ingresos Públicos y la Administración Provincial de Impuestos. El tema desató las críticas de la oposición justicialista, y motivó un conflicto con el personal de API, que siente amenaza la carrera administrativa del personal de planta.

"Nosotros hemos creado esta estructura como parte de la reforma del Estado y a efectos de hacer una administración más eficiente, pero de ninguna manera se superpone ni invade atribuciones de los organismos existentes", dijo el funcionario a El Litoral.

A su criterio, los cuestionamientos tienen más origen político que técnico. "Nosotros queremos cambiar la administración provincial, y siempre se generan resistencias a los cambios. Por eso, muchas posiciones del partido que fue gobierno hasta el 10 de diciembre tienen que ver con esto. Allí se enmarca lo que estamos escuchando tanto sobre esta Subsecretaría como sobre la reforma tributaria o la descentralización. Pero es algo esperado", aclaró.

Inescindible

Carlos Fernández descartó la posibilidad de desdoblar la reforma tributaria tal como lo sugirieron algunos intendentes justicialistas, a fin de aprobar este año sólo el articulado que autorice el cobro de una quinta cuota del Inmobiliario.

"La reforma es inescindible Ädijo el funcionarioÄ, no tiene partes que se puedan negociar. Se acuerda la reforma integral. Y cuando digo negociar, hablo de buscar caminos para que los municipios tengan un correcto financiamiento, porque con este proyecto y algunas cuestiones que pueden ser puestas sobre la mesa, se puede nivelar y superar la propuesta de reforma del régimen de coparticipación del Senado, que se considera la panacea de los municipios y comunas. A mi juicio no es separable", insistió.

Otra de las críticas del justicialismo apunta a la creación por decreto de la Comisión de Coordinación Fiscal. Dicen que debería haber surgido por ley, que se atribuye una representatividad que no posee, y que avasalla potestades de la Legislatura, única institución autorizada para fijar impuestos.

Carlos Fernández refutó los argumentos. Consultado al respecto, dijo en primer término que no se necesitaba una ley, porque se trata de un espacio no vinculante.

"Lo que pretendemos es que empiecen a encontrarse gobierno e intendentes. Al justicialismo jamás se le ocurrió crear un espacio de debate para compartir opiniones y crear consensos sobre temas que hagan a la capacitación, a la coordinación de políticas fiscales y a la transparencia Ärecriminó el funcionario. Porque acá ÄcontinuóÄ no se podía conseguir un dato en la provincia, ni quedándose dos días frente a una puerta. Ahora se abre la información a todos los intendentes y jefes comunales, con la pretensión de avanzar a un esquema distinto de los repartos de los recursos".

Según Fernández, no pueden malinterpretarse las potestades de esta comisión, porque sus alcances "están muy claros en el decreto". En tal sentido, aclaró que si bien se intenta discutir un nuevo régimen de coparticipación, el eventual proyecto deberá presentarlo el Poder Ejecutivo.

"La comisión no resuelve nada. No se atribuye potestades que son de la Legislatura o del gobierno. Pero no es lo mismo formular un nuevo esquema de reparto con algún grado de consenso, que sacarlo como lo hizo el Senado justamente con la mayoría justicialista, sabiendo que durante 14 años desfinanciaron sistemáticamente a los municipios, y no respetaron el 13,4% de recursos que debían enviarles. Ahora dicen que tienen que ir al 18%; es una cuestión que no resiste el menor análisis", opinó.