Señores directores: Deseo expresar mi consternación al seguir observando la falta de mecanismos de defensa para los usuarios frente a algunos despropósitos de la EPE. Sabemos que esta empresa cobra una de las energías eléctricas más caras de Latinoamérica y que el servicio es de regular a malo (cortes de energía al primer viento fuerte, electrodomésticos quemados por saltos imprevistos de tensión, cortes varios sin previo aviso, apagones generales, etc.). Ahora han salido a identificar los ilícitos que se cometen con la energía eléctrica, pero lo han hecho no de la manera adecuada sino como una verdadera "caza de brujas". No pretenden conocer la verdad, sino recaudar a cualquier precio. Si los casos anómalos detectados son o no responsabilidad del ocupante momentáneo del inmueble, pasa a un segundo plano. Si uno va a la casa central y trata de explicar la situación, en primer lugar si fue cierta la detección del ilícito, y en segundo lugar la posibilidad de uno no estar enterado (por ej. por haber comprado la vivienda ya con el "supuesto ilícito"), el trámite es inviable. Eso sí, ellos nunca se equivocan. Piden explicaciones que ellos mismos deberían dar, que son los que realizan el control y la toma de datos, "siempre sin errores ni mala intención", por supuesto. Ojalá alguien, tome cartas en el asunto, para no seguir tan desprotegidos y no seguir siendo víctimas de este tipo de abuso, sin hablar de lo económico, no menos importante.

Oscar Quijada.DNI: 13.118.100. Ciudad.

Señores directores: El proyecto del PE sobre la movilidad jubilatoria encierra una trampa gravísima para las provincias argentinas. Una de las fuentes de financiamiento de la ley son los ingresos de la Anses; entre ellos, está el 15 % de la coparticipación federal de 13 provincias argentinas, en virtud de los Pactos Fiscales I y II del año 1992. Esos recursos provinciales estaban destinados a financiar el entonces déficit de la Anses, año 1992, y que hoy deberían volver a las provincias, porque el hecho generador de aquel derecho ha desaparecido (la Anses hoy es superavitaria y le presta dinero al Estado y a particulares, al 8,3 % anual, mientras que nosotros le pagamos a Venezuela el 16 %, en dólares). Ante la inminencia de la pérdida de esos fondos Äa modo de ejemplo la provincia de Santa Fe aporta anualmente 1.800 millonesÄ se pretende, como un hecho virtuoso, darle movilidad a los jubilados mediante una ley. ¿Para qué? Simple: para que las provincias nunca más puedan recuperar tanto dinero que la Nación le saquea a las provincias.

José Cándido. DNI. 7.890.098.