El nuevo traspié que sufrieron los partidos políticos tradicionales de Ecuador que se oponían al proyecto de nueva Constitución es para el jefe de Estado, Rafael Correa, un escalón para la instauración del "socialismo del siglo XXI" que ronda también Venezuela y Bolivia.

Correa sostiene que sin una Constitución que apoye las "profundas transformaciones" que requiere el país, era prácticamente imposible romper con el "statu quo" que impedía el desarrollo así como la distribución equitativa de la riqueza en la nación.

Con la nueva Carta Magna, el presidente de Ecuador busca terminar con lo que llama la "larga noche neoliberal" e instaura, según el texto, un sistema económico "social y solidario", que aupa una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza.

La oposición, una de cuyas cabezas visibles es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, del tradicional Partido Social Cristiano, asegura que el texto constitucional es centralista, propugna el estatismo, además de anular las autonomías restando competencias a los ayuntamientos.

También en la oposición, el Partido Sociedad Patriótica, del destituido presidente Lucio Gutiérrez, asegura que el texto da paso a un totalitarismo y teme actitudes dictatoriales de Correa quien, a tenor de los resultados oficiosos, podría postularse a la presidencia en las elecciones generales del próximo año.

El triunfo de ayer es la cuarta victoria consecutiva de Correa en las urnas, con lo que se resquebraja aún más la fuerza que tradicionalmente tenían en el país los partidos políticos considerados antaño como poderosos, en especial el Partido Social Cristiano.

Es, asimismo, un escalón más en el intento de Correa de implantar en el país el llamado "socialismo del siglo XXI", poco entendido por gran parte de la población, pero defendido por el jefe de Estado como el esquema que tiene como eje al ser humano y el bien en común descartando privilegios a la elite.

El triunfo de Correa también supone un duro golpe al ala tradicional de la Iglesia Católica que se opuso férreamente al texto constitucional al considerar que abriría la puerta al aborto, aunque claramente señala el articulado que se garantiza la vida "desde la concepción".

Con esas heridas a cuestas, la clase política ecuatoriana afronta ahora el duro reto de la reconciliación tras una campaña de confrontaciones e insultos que saturó a la población, que tendrá poco tiempo para recuperarse de esa resaca antes de acudir otra vez a las urnas en busca de nuevas autoridades.