La Cámara de Diputados aprobó un proyecto del radical Leonardo Simoniello por el cual se pretende garantizar iguales exigencias y condiciones en cuanto a los requisitos, sean éstos físico, psíquico, teórico y práctico, para el otorgamiento de la licencia de conducir. También pretende que se establezca un costo similar y razonable en toda la provincia.

El proyecto tiende a la unificación de requisitos y costos dado la variabilidad que el autor relevó entre los distintos centros de otorgamientos de las licencias.

"La licencia de conducir es un crédito que otorga el Estado para manejar, que debe revalidarse de acuerdo a normas existentes, con la rigurosidad necesaria para garantizar la aptitud de quien la requiere" sostuvo el legislador.

Simoniello dijo observar que en diversos centros de otorgamiento las charlas sobre educación y seguridad vial no se realizarían, ni se aportarían los materiales necesarios para que los solicitantes obtengan el carné de conductor. Otro hecho particular es que los circuitos que se utilizarían para realizar los exámenes prácticos no sólo no corresponderían a los declarados ante la Subsecretaría de Transporte, sino que en numerosos casos, faltarían las señalizaciones mínimas requeridas.

Estos datos están presentes en diversos informes de auditoría llevados a cabo por la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Santa Fe, en virtud de un convenio firmado en su oportunidad con la Subsecretaría de Transporte.

El diputado justicialista Federico Reutemann ingresó un pedido de informes para saber si el Poder Ejecutivo está al tanto de la situación en la Caja de Seguridad Social para los profesionales del Arte de Curar establecida por la ley 12.818.

Entre otros puntos, requiere saber si se ha tomado conocimiento de presentaciones efectuadas por asociaciones de jubilados y pensionados de la zona norte requiriendo informes sobre supuestas irregularidades que habrían sido comprobadas por la Afip y relacionadas con retenciones no efectuadas a las retribuciones de los miembros del directorio. También pregunta al Ejecutivo si ha tomado conocimiento de los montos reclamados por la Afip a dicha Caja.

Además, solicitan conocer las resoluciones y actos administrativos del directorio respecto de estos hechos así como dictámenes profesionales, contables y jurídicos.

Reutemann explicó que la Caja tiene origen en normas legales y como toda persona jurídica está sometida al control del Estado. "La trascendencia pública de supuestas graves irregularidades en la conducción de la Caja deben ser aclaradas", subrayó.