Sergio Serrichio (CMI)

Es posible que el temor a la crisis financiera internacional, cuyos efectos reales (a diferencia de los financieros) aún no llegaron a estas playas, y la memoria todavía fresca del extenuante conflicto que durante cuatro meses vivió la Argentina, inclinen la balanza en contra del campo en la confrontación abierta que reanudó con el gobierno.

Las entidades rurales tienen motivos para alegar que, pasada la batalla de las retenciones móviles, nunca hubo verdadero diálogo, sino sesiones de chamullo inconducente, mientras la sequía hacía estragos en todo el país, las trabas oficiales a la comercialización seguían como si nada y, de postre, el desplome de los precios internacionales hacía trizas las perspectivas de los productores.

Aun así, es dudoso que la sociedad acompañe esta protesta del modo masivo que acompañó la rebelión contra aquel manotazo fiscal. El llamado al "diálogo" de la presidenta Cristina Fernández, su pedido de "cuidar el modelo argentino" y su admonición de que "ningún sector puede prevalecer sobre el resto, imponerle condiciones o tomar de rehén al resto de la sociedad" suenan sensatos en las actuales circunstancias, aunque haya dudas sobre la sinceridad oficial.

Si la presidenta pudo aguijonear al agro calificando aquellas primeras manifestaciones de "piquetes de la abundancia", esta vez la preocupación no es por las buenas oportunidades que se pierden, sino por los pesares que será imposible evitar.

De yapa, el gobierno inició el recorrido dialéctico que va desde el elogio a la firmeza del modelo, hasta la atribución de los problemas Äincluso aquellos previos y de cosecha propiaÄ al contexto internacional, que pasará a ser la fuente de todos los males, pese a que el relato oficial no le asignaba importancia alguna cuando jugaba a favor.

Aunque no hizo intentos serios para impedir la reedición de la protesta, el gobierno sí intentó dividir a la Comisión de Enlace, alentando rumores sobre una inverosímil reducción de las retenciones al trigo y el maíz. Aun para gente políticamente belicosa como los Kirchner, es cierto aquello de que "el que se quema con leche ...".

De aquí al miércoles, en tanto, la dirigencia rural podrá pulsar el nivel de apoyo a la protesta, probablemente mermado. Aunque afectados por la sequía y las malas políticas y nostálgicos de precios que no llegaron a disfrutar, los hombres de campo también deben cuidarse de que la percepción urbana los asimile a la proverbial Gata Flora.

Tal vez, su principal esperanza de salida consista, justamente, en darle contenido preciso a la denuncia oficial de que el suyo es un paro político. Más de un dirigente rural caviló la idea, surgida en varios de los encuentros que tuvieron con políticos o legisladores de oposición (incluido el vicepresidente Julio Cobos, que de su extraño rol en el planeta K está haciendo anomalía institucional y carrera política) de encolumnar la protesta rural tras un lema simple y potente, pero inocultablemente político: el fin de los superpoderes.

La renovada vitalidad del Congreso propicia esas confluencias. Y las líneas de falla del oficialismo, que se manifestaron hasta en proyectos en los que el gobierno logró prosperar (como la ley de movilidad jubilatoria que Diputados convirtió en ley el miércoles pasado), son una tentación irresistible a la hora de confrontar.

En las próximas semanas, el oficialismo parlamentario buscará sacar adelante una ficción llamada Presupuesto 2009 (además de una inflación de 8 por ciento, la ley de leyes incluye entre sus supuestos una mejora de 6 por ciento en los precios internacionales de las materias primas), deberá justificar como un acto cuasipatriótico la reapertura del canje de deuda que a instancias de Néstor Kirchner había decidido sellar con la llamada ley cerrojo (no habrá nueva oferta para "esos atorrantes" decía el entonces presidente) y afrontar la renovación del impuesto al cheque, entre otras cosas.

¿Les quedará todavía estómago a los senadores y diputados K para defender los superpoderes y prorrogar a su octavo año la ley de emergencia económica, si el campo logra movilizar decenas de miles de personas (o centenares de miles, si repite su faena de julio) a partir de una consigna tan sencilla como el fin a prerrogativas más propias de una monarquía que de una república?

La existencia de un proyecto para aumentar la tajada de las provincias en el impuesto al cheque puede ser el embrión de una movida que ponga a prueba la debilitada disciplina oficial. De hecho, esa iniciativa fue suscripta por traidores al dogma K, como el mendocino Enrique Thomas y el bonaerense Felipe Solá.

El temprano reconocimiento de ambición presidencial por parte del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y del chubutense Mario Das Neves, tampoco facilitará la suma de voluntades kirchneristas en el Congreso, donde los legisladores sentirán cada vez más el llamado de sus distritos. Si en tiempos de abundancia resentían de un reparto fiscal desigual, en tiempos de escasez estarán más dispuestos a oponerse a un gobierno nacional que juega con dados cargados.

El presupuesto 2009 es un caso a mano: asigna 80.000 millones de pesos por coparticipación a las provincias, un 24,8 por ciento del total de los recursos fiscales, más de once puntos por debajo del supuesto piso de 36 por ciento que les corresponde. Ni los 15.600 millones contemplados en concepto de transferencias (que el gobierno maneja según la cara del cliente) alcanzan para que la tajada provincial llegue al 30 por ciento.

Pero, claro, el presupuesto es una ficción. Igual que la federalización de recursos que el jefe del bloque oficialista en diputados, Agustín Rossi, atribuyó a los Kirchner en el mismo discurso en que agravió a Raúl Alfonsín, minutos antes de que el ex presidente fuera homenajeado en la Casa Rosada. E igual que el progresismo fiscal del que el gobierno suele ufanarse, montado en un esquema que reposa sobre impuestos fáciles (retenciones, cheque) o regresivos (IVA), que destina cada vez más a subsidios empresarios.

El problema es que en la nueva etapa, ésa que reconoce la propia presidenta, será cada vez más difícil gobernar por consignas, en especial si son tan ajenas a la realidad. Esa brecha, más que la oportunidad de la nueva protesta del campo, podría se la causa de una nueva derrota oficial.