Por la desaparición de niños nacidos en cautiverio y otros oscuros negocios de la dictadura, Jorge Rafael Videla, de 83 años de edad, perdió del beneficio del arresto domiciliario y desde ayer por la tarde permanece alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Julia Izumi (Corresponsalía Buenos Aires)
Desde ayer, el represor Jorge Rafael Videla cumple prisión en la cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal ubicada en Campo de Mayo. A los 83 años, el hombre considerado el símbolo del accionar delictivo de la última dictadura militar fue despojado del beneficio del arresto domiciliario, del que gozó durante diez años, y en horas de la tarde de ayer fue trasladado hacia su nuevo lugar de detención, en la Unidad 34.
La medida fue adoptada por orden del juez federal Norberto Oyarbide, quien respondió de esta forma a un planteo de seis Abuelas de Plaza de Mayo y de una de las primeras nietas recuperadas por el organismo, Paula Logares.
Oyarbide basó su resolución en el carácter permanente de los delitos que se le imputan a Videla Äsustracción, retención y ocultamiento de menores en concurso real con el de sustitución de identidad reiteradoÄ, ya que consideró que esa práctica criminal "mantiene su vigencia hasta tanto se conozca el paradero de todas y cada una de las víctimas de los hechos que se investigan".
Negocios
Pero, además del plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio, el magistrado citó el expediente por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido en 1976, a quienes el gobierno dictatorial obligó a cerrar un negocio de exportación a Hong Kong para que el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, se beneficiara con un crédito.
"La gravedad de los hechos que se le endilgan a Videla resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de su libertad ambulatoria, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante una serie de sucesos criminales que fueron pergeñados desde la cúspide del poder de facto que ilegalmente ostentaba el imputado", expresa el fallo de Oyarbide.
Videla cumplía prisión domiciliaria desde 1998, cuando el ex juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, ordenó su detención en una causa por robo de bebés y accedió a un planteo de sus abogados defensores que se ampararon en el hecho de que, para entonces, el represor contaba 73 años de edad, es decir, tres más del límite establecido por la ley para solicitar ese beneficio.
La defensa
Los defensores del represor rechazaron el planteo de las Abuelas de Plaza de Mayo y advirtieron que no debería considerarse condenado a Videla porque la apelación de la nulidad del indulto con el que lo benefició Carlos Menem en 1990 se dirime todavía en instancias superiores. Además, aseguraron que no eludiría ni entorpecería la labor de la Justicia, lo que no pareció convencer a Oyarbide, quien interpretó que el delito de robo de bebés se sigue cometiendo en la medida en que, a veinticinco años del final de la dictadura, aún se desconoce el destino de las víctimas.
A la hora de elegir el lugar de encarcelamiento de Videla, el juez tuvo en cuenta su estado de salud, por lo que solicitó informes al Cuerpo Médico Forense sobre las dependencias del Servicio Penitenciario que cuentan con infraestructura médica y equipamiento para atender al imputado. Por orden de Oyarbide, el represor estaba siendo sometido a chequeos médicos en Campo de Mayo para determinar su posible internación en el Hospital General 602 de esa guarnición militar.
Unidad 34.
Los jueces que habían otorgado a Videla el arresto domiciliario estuvieron de acuerdo con enviarlo a la Unidad 34 sita en Campo de Mayo y allí, tras hacerle exámenes médicos, se definirá si por su estado de salud lo internan en el Hospital General de ese histórico predio militar. Aunque Videla ya había sido detenido en la cárcel de Caseros en 1998 cuando el entonces juez Roberto Marquevich ordenó su detención por causas sobre el destino de niños de desaparecidos, la noticia sobre su arresto en una prisión común volvió a sacudir hoy a los tribunales.