Conforme a lo que dicta la ley, el procedimiento penal escrito e inquisitivo tiene los días contados en nuestra provincia. Concretamente, los que corren hasta el 30 de octubre de 2009. Pero mientras tanto, se pone en marcha una serie de "cuentas regresivas" y plazos que el Estado debe cumplir. Cronómetro en mano, y también calculadora, el gobierno provincial trabaja para generar las normas y la infraestructura necesarias. Un diseño general que, a medida que avanza, se topa con nuevas dificultades en particular, que deberán ser necesariamente resueltas contrarreloj.

Transcurridos los ocho días de margen que la Constitución provincial permite para exigir la vigencia de una norma, esta semana empiezan a correr los plazos impuestos para la transición hacia el sistema oral. Dentro de 120 días, la oralidad será obligatoria para cuatro tipos de juicios en nuestra provincia y optativa para el resto, y al mismo tiempo comenzarán a regir algunas disposiciones del nuevo Código. A su vez, el gobierno cuenta con 150 días para enviar a la Legislatura todos los proyectos necesarios para completar la implementación: la ley para el Ministerio Público de la Acusación, la referida al de la Defensa, la de protección a testigos y víctimas, la que organizará los tribunales penales en función del nuevo esquema y definirá los criterios de gestión, y una ley de transición.

En diálogo con El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, estableció tres ejes para la próxima etapa: la persecución penal, la oralidad y la investigación.

Actualmente rige el principio de legalidad, por lo cual todo hecho con apariencia de delito debe ser perseguido. Como el que mucho abarca poco aprieta, gran cantidad de causas no llega a ser debidamente investigada o prescribe. "Hay un aprovechamiento no racional del esquema judicial penal, y entonces a veces prescriben causas importantes y llegan a buen término otras que no son significativas", destaca el ministro.

En el nuevo código se aplica el criterio de "oportunidad reglada": sobre parámetros establecidos, se puede decidir no perseguir determinadas causas. Por ejemplo, el caso de "pena natural" Äque involucra a un conductor que perdió a su familia en un accidente de tránsitoÄ o delitos económicos o culposos en los que hay acuerdo de partes Äactualmente, la acción penal que sigue corriendo de oficio a veces impide el arregloÄ.

También regirá la suspensión del juicio a prueba con criterios más amplios: en algunos casos de personas sin historial delictivo, en lugar de desarrollar todo el juicio y luego beneficiarlo con una condena de ejecución condicional, se le otorga esa ventaja de manera anticipada. Lo que se suspende, con la condición de que cumpla una serie de requisitos, es el propio juicio.

Para Superti, uno de los mayores avances es la figura del querellante, con lo cual la víctima participará codo a codo con el fiscal e incluso podrá seguir con la acción por su cuenta. Para eso contará con el apoyo estatal, no sólo en cuanto a contención, sino de asistencia concreta. "Si no, la querella va a estar sólo en los papeles, para el que tiene dinero para un abogado", explica.

A partir de marzo del año que viene Ä120 días de la entrada en vigencia de la leyÄ, el juicio oral será obligatorio para los casos de homicidio calificado; abuso sexual, robo o tortura seguidos de muerte; y enriquecimiento ilícito. Superti explicó que esto es porque se trata de los delitos con mayor impacto y, a la vez, no son tantos, lo que permitirá abordarlos con la necesaria tranquilidad hasta que el sistema esté a pleno (aunque este carácter acotado es una de las cuestiones criticadas). De todos modos, se podrá elegir el juicio oral para otros casos.

En tanto, la investigación de los casos requiere todo un andamiaje normativo que todavía no está disponible y cuya gestación depende del otro plazo que corre para el Ejecutivo: 150 días para enviar los proyectos de ley.

En cuanto a la infraestructura, "estamos haciendo un relevamiento y trabajando en la cuestión económica con la Ceja Äun organismo de la OEAÄ cuyos representantes estarán esta semana en una nueva visita de trabajo". En tanto, con el Iapip Äindustria penitenciariaÄ se avanzó con el diseño y construcción del mobiliario, al punto que ya se armó una sala de audiencia "piloto" en Rosario y pronto se hará lo mismo en Santa Fe, en un aula prestada por la facultad de Derecho de la UNL. "Esto va a servir para el entrenamiento de los operadores, pero también para que los periodistas vean cómo funciona", se adelanta Superti.

Emerio Agretti