El ministro de Economía, Carlos Fernández, se reunió con el presidente del Club de París, Benoit Coeure, y ratificó la continuidad de las negociaciones en curso para la cancelación de la deuda argentina. Sin embargo, adelantó que, en el nuevo contexto financiero internacional, no habrá por ahora pago en efectivo.

El encuentro tuvo lugar ayer en la sede del Banco Mundial (BM) y participó también el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Durante la reunión se ratificaron los trabajos llevados adelante para la conciliación técnica de las deudas, las cuales seguirán su ritmo regular a través de los responsables de ambas partes, señaló una fuente del Palacio de Hacienda.

Fernández "ratificó la decisión política adoptada por el gobierno de cancelar la deuda que Argentina mantiene con el Club de París", agregó el vocero. Sin embargo, tomando en cuenta el brusco cambio de escenario desde que la presidenta de la Nación hizo el anuncio, el ministro transmitió que la Argentina no está en condiciones de desprenderse de una porción significativa de sus reservas de dólares en medio de la crisis internacional. Por eso, la promesa original de pagar unos 6.700 millones de dólares usando reservas del Banco Central quedó limitada a un compromiso de seguir conversando. Confiando en la firmeza del compromiso, el representante de los acreedores habría aceptado el cambio de planes.

Mientras tanto, ayer se acordó avanzar en las discusiones para determinar el monto exacto de la deuda pendiente, ya que contra la cifra que publicitó en su momento Cristina, el bando acreedor lanzó su propio cálculo: 9.500 millones de dólares.

"La idea fue dejar claro que mantenemos la voluntad de pagar y normalizar la deuda. Pero se explicó también que las condiciones objetivas no son las mismas de hace 40 días. Así, cualquier solución responsable exige tener en cuenta el nuevo contexto y adecuarse a él", explicó al matutino Clarín una fuente de la delegación que acompaña al ministro en Washington.

A partir de ahora, el encargado de seguir los contactos con el Club de París será el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, quien acompañó ayer al ministro en el encuentro con Coeure en el edificio del Banco Mundial.

El anuncio de pagar la deuda al Club de París es complemento de la decisión de normalizar la deuda pendiente con los bonistas que no entraron al canje, y reprogramar los vencimientos de algunos títulos públicos que vencen en 2009.

Con este paquete, el gobierno se propuso recuperar la confianza de los mercados financieros y volver a ser sujeto de préstamos. Pero la primera reacción de los inversores fue negativa, porque juzgaron que las acciones llegaban a destiempo. Luego, al agravarse la crisis mundial, el propio gobierno comenzó a moderar su interés. Ahora la apuesta se limita a mantener las señales de buena voluntad, pero sin arriesgar ni un solo dólar de las reservas, principal carta del Estado para mantener controlado el valor del dólar en el mercado interno.

El gobierno prorrogaría por 90 días el "estado de emergencia" de la empresa Belgrano Cargas, para luego poner en marcha los trámites dirigidos a retomar el control estatal sobre el ferrocarril.

Según versiones circulantes esta mañana en medios nacionales, la concesión otorgada en 1999 a la Unión Ferroviaria se daría por terminada; con lo cual, desde los primeros meses de 2009, la infraestructura y los trenes de la empresa de cargas pasarán a las dos nuevas sociedades estatales que surgieron tras la aprobación de la Ley de Reordenamiento Ferroviario.

Desde su privatización a fines de los '90, el Belgrano Cargas nunca pudo constituirse en un empresa viable y confiable que pudiera atender las demandas de fletes de los productores que habitan las 13 provincias que recorre su red ferroviaria. Los obstáculos que afectaron su accionar habían arrancado durante el gobierno de la Alianza, que puso en duda la concesión dada por la administración menemista. Después vino la crisis económica de fines de 2001, que frenó los aportes estatales.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada a mediados de 2003, el ferrocarril quedó atado a los vaivenes de las decisiones oficiales. En principio, el gobierno intentó que la UF cediera sus acciones a un grupo privado, pero ninguno de los dos oferentes que participaron en la licitación se ajustaba a las exigencias.

A principios de 2006, la Secretaría de Transporte declaró el estado de emergencia de la compañía y puso como gerenciadora a una sociedad empresarial-sindical encabezada por el grupo Macri con un socio chino, las empresas locales Roggio y Emepa y los gremios de la UF, los maquinistas de La Fraternidad y la Federación de Camioneros de Hugo Moyano, el líder de la CGT. Con subsidios aportados por el Estado para el pago de los sueldos y las obras prioritarias, esta sociedad lleva años administrando el ferrocarril.

Durante todo este tiempo se sucedieron las gestiones para reactivar el servicio, extendiendo su alcance en nuestra provincia y promoviéndolo como eje de desarrollo de la Región Centro.

En julio de este año, el gobierno argentino expresó que consideraba prioritario el proyecto de "recuperación y mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano", que requiere una inversión total de 326 millones de dólares, según señaló la cartera de Planificación a través de un comunicado, luego de una reunión del ministro Julio De Vido con una misión de la Corporación Andina de Fomento.

Ahora, el proyecto sería prorrogar la emergencia, para luego "determinar el modo de culminación de la concesión".

De la Redacción de El Litoral