AFP-EFE-Télam
El juez español Baltasar Garzón se declaró hoy competente para investigar las "desapariciones" durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), abriendo formalmente una instrucción sobre las decenas de miles de víctimas de esa época que yacen en fosas comunes.
Garzón decidió "aceptar la competencia" para llevar a cabo esta investigación "por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", según el auto difundido por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
Garzón responde así a 22 denuncias hechas a partir de diciembre de 2006 por asociaciones de familiares de toda España por "delitos de detención ilegal" y da el primer paso para el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de cientos de miles de personas, casi todas leales al gobierno republicano español.
Una ley de 1977, dos años después del fin de la dictadura, declaró una amnistía que impidió investigar ese tipo de delitos.
Las denuncias también señalan "la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a partir de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra", según el auto de Garzón, de 68 páginas.
El juez, que ordenó la creación de un grupo de expertos y de la policía judicial, autoriza exhumaciones de fosas en 19 localidades españolas "a la mayor urgencia" a cargo de los juzgados regionales y la policía judicial, según el auto.
Una de las fosas es la que contiene los restos del poeta Federico García Lorca junto con el maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, todos ellos ejecutados en 1936 cerca de Granada (sur) por los antirrepublicanos.
La familia de García Lorca, que siempre se había opuesto a la apertura de la fosa, anunció en septiembre que aceptaba la exhumación.
"No lo impediremos. Aunque nos gustaría que no se hiciera, respetamos los deseos de las otras partes implicadas", declaró al diario El País Laura García Lorca, sobrina del poeta y portavoz de la familia.
La nieta del maestro, Nieves Galindo, pidió a Garzón la exhumación de la fosa para verificar que los cadáveres de las personas citadas se encuentran allí.
Garzón reclamó asimismo a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables -entre entre ellos el general Franco-, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, que instauró la dictadura, para "declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento".
Además pidió al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española entre 1936 y 1951 para fijar posteriormente posibles imputaciones o extinción de responsabilidad por fallecimiento.
El juez argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas antes por la Justicia española, porque los hechos (el golpe militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación.
Ese delito, añade el magistrado, no habría prescripto porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo español para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.
A principios de septiembre, Garzón dio el primer paso hacia esta investigación pidiendo información a ministerios, ayuntamientos, a la Iglesia Católica y al Valle de los Caídos (el mausoleo donde están enterrados el dictador Francisco Franco y miles de víctimas de la Guerra Civil).
La decisión de Garzón se produce diez años después de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres por orden del juez español, firme defensor de la justicia universal para crímenes contra la humanidad.
Como responsables de estos hechos, el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el propio Francisco Franco, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.
También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange (partido político fascista que apoyó el golpe militar contra la II República) entre el 17 julio de 1936 y el 3 de diciembre de 1951 y que, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.
Tras conocer la decisión de Garzón, la fiscalía anunció que la recurrirá por considerar que la Audiencia no es competente.
Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán que los delitos han prescripto con motivo de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, con la vuelta de la democracia. El ministerio público añadió que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales e indicó que el concepto de crímenes contra la Humanidad comenzó a aplicarse desde los juicios de Nüremberg en 1945 contra responsables de la Alemania nazi, cuando el régimen franquista llevaba vigente seis años.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no se admitieran las denuncias de los familiares por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos.
La doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía, concluyó.
Un representante de las familias que buscan aclarar las circunstancias en que desaparecieron miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo manifestó su "alegría" por la decisión de la Justicia española de investigar esas muertes y advirtió de que si la fiscalía se opone, buscarán otros medios.
"Me produce muchos sentimientos encontrados: tristeza y alegría", declaró Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde hace ocho años exhuma fosas e identifica a los desaparecidos de esa época sin ayuda estatal.
"Alegría porque es positivo", ya que "en este país que ha sido tan injusto para las víctimas, después de 30 años de democracia en que ningún gobierno tomó sus responsabilidades", explicó.
Y "tristeza porque hay mucha gente que ha muerto durante 30 años de democracia sin ningún tipo de reparación".
Silva, cuya asociación presentó varias denuncias de familiares que Garzón admitió a trámite hoy, advirtió que si la fiscalía se opone a esa investigación, la ARMH buscará "otros tipos de actuación jurídicos dentro o fuera de España".
La decisión de Garzón "es el fruto del trabajo de mucha gente, abriendo fosas, hablando con gente mayor, creando un contexto para permitir eso", añadió.