En un sistema democrático las formas y los contenidos -si se permite esta distinción- suelen ir de la mano. Pertenece a la cultura autoritaria o decisionista suponer que las formalidades carecen de importancia o pueden ser sacrificadas en nombre de contenidos supuestamente más justos. Proponer leyes avanzadas o progresistas es importante, tan importante como generar el consenso necesario para hacerlo. Creer que la justicia de una ley justifica violar la ley o ignorar la legitimidad del adversario es un error político y, en el más suave de los casos, una torpeza.
Toda república democrática es un régimen equilibrado de controles. Ésa es su virtud y su límite. Los controles fueron pensados para que el titular del poder no se extralimite. La división de poderes es el rasgo distintivo de las democracias modernas. Sin esos atributos no hay república, hay régimen plebiscitario o, lisa y llanamente, dictadura.
Valgan estas consideraciones para interpretar el reciente proceso legislativo que culminó con el rechazo por parte de la oposición a la reforma tributaria propuesta por el oficialismo provincial. Seguramente que el tema de la recaudación impositiva es uno de los temas clave de toda gestión estatal. Debatir sobre quiénes pagan más o menos impuestos y cómo se los distribuye es tal vez una asignatura pendiente no sólo en la provincia sino también en la Nación.
Desde el propio gobierno provincial se ha insistido en diferentes ocasiones que el consenso, la búsqueda del entendimiento y los acuerdos son la clave de una gestión democrática. En diversas ocasiones el actual oficialismo ha insistido que a la cultura del conflicto había que oponerle la cultura del diálogo. En una democracia moderna se entiende que el diálogo es en primer lugar entre el oficialismo y la oposición política. No se puede reducir el diálogo a una invocación genérica sobre la categoría "pueblo" transformado en este caso en algo así como una abstracción, ya que esta categoría planteada en esos términos no hay quién la pueda representar. O se dialoga con la oposición o no hay entendimiento, esta es una verdad elemental de política democrática.
Sin embargo, lo sucedido en la Legislatura la semana pasada demuestra las distancias que hay entre las palabras y los hechos; o las severas dificultades que existen en nuestra cultura política para asumir que la democracia es entendimiento y consenso, o no es tal. Demás está decir que la responsabilidad principal de lo sucedido compete al oficialismo y que los marcos institucionales en los que se desenvuelven los actores políticos son los actuales, no los futuros o los que se desearían reformar. Si el sistema es imperfecto existen los caminos legales para reformarlo, pero mientras tanto habrá que desenvolverse de acuerdo con las reglas de juego del sistema que, entre otras cosas, es el que legitima en el poder a sus actuales titulares.
Dicho a modo de síntesis, lo que ha faltado en este reciente proceso legislativo es diálogo, voluntad efectiva de construir consenso. Es de desear que a la lección la hayan aprendido todos y que de aquí en más, las palabras y los hechos dejen de estar divorciados.