La finalización del período de vigencia del llamado "impuesto al cheque", que grava las transacciones bancarias, y la necesidad de una nueva ley para extenderla preanuncian un interesante debate en el Congreso de la Nación.
Esto, a partir de que el tributo se maneja por fuera de las pautas generales de coparticipación, y deja directamente en manos de la Nación el 70 % de lo recaudado, para luego pasar a distribuir el remanente. En un contexto de escasez de recursos para las arcas provinciales, producto en parte de un progresivo acaparamiento del gobierno central a través de imposiciones no coparticipables Äcomo es el caso, entre otras, de las retenciones agropecuariasÄ, muchos legisladores piensan aprovechar el ineludible tránsito parlamentario de la iniciativa para forzar un replanteo de los términos.
Esta disposición no es compartida por el gobierno nacional, que ya previó en el proyecto de presupuesto 2009 Äque tiene media sanción en DiputadosÄ un ingreso equivalente a la renovación del impuesto en las mismas condiciones que rige hoy, y que a través de sus voceros legislativos dejó en claro que cualquier modificación implicaría poner en riesgo el superávit, justo en momentos en que la economía internacional atraviesa un período de incertidumbre.
Precisamente, la defensa a ultranza de la caja del gobierno central, a expensas de los distritos del interior, es lo que ha llevado a que muchos de ellos exhiban cuentas en rojo, deban resignar proyectos de crecimiento o queden librados al arbitrio del Poder Ejecutivo nacional, aprisionados entre el peligro de la convulsión social y las presiones políticas. La situación de Santa Fe le ha permitido mantener sus cuentas en orden, pero también advertir una llamativa serie de sistemáticas postergaciones en aportes o proyectos encarados con fondos nacionales, a la que no parecen ajenas las diferencias de signo político y de posicionamientos en orden al conflicto agropecuario.
En cualquier caso, la estrechez que sufren las provincias y el inesperado protagonismo asumido por el Poder Legislativo, precisamente a propósito de la discusión sobre las retenciones agropecuarias, son factores con capacidad para debilitar la sujeción política partidaria hasta hace un tiempo imperante entre diputados y senadores oficialistas. A tal punto que no es sólo una aún desarticulada y normalmente minoritaria oposición la que propone alternativas diferentes al reparto de fondos, sino que en el seno de los bloques del propio partido gobernante, surgen críticas, disidencias o iniciativas propias.
La zozobra producida por la crisis financiera obliga a extremar la prudencia en todos los órdenes, pero esto incluye impedir que se traduzca en nuevo elemento de ahogo a las provincias y atente contra su viabilidad administrativa, e incluso la gobernabilidad. La necesidad de avanzar con un sistema de coparticipación razonable y equitativo impone su urgencia, pero mientras tanto los legisladores tienen una excelente oportunidad para reivindicar el meneado y maltrecho federalismo, y su propio rol institucional.