 |
Votó contra la delegación de facultades, la reforma de las cartas orgánicas del BCRA y el Nación, y los beneficios a la ex curtiembre Yoma. Aún así, rescata la "prudencia" del cálculo de gastos y recursos para 2009 y defiende la necesidad de aprobarlo, especialmente en un marco de incertidumbre. La polémica por los fondos de las provincias.
De la redacción de El Litoral
Ä¿Qué opina del proyecto de presupuesto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados?.
ÄTiene dos o tres cosas rescatables desde el punto de vista de los indicadores fiscales. El primero es que preserva el superávit fiscal, que está previsto en un 3,27 % del PBI y el superávit financiero, que es el resultado primario -menos los intereses- es del 1 %. Esto es importante. Creo que en cierto modo está dando una continuidad a lo ocurrido desde 2003 y es una noticia buena para la economía argentina. También la tasa de crecimiento, del 15 %, es razonable y mesurada, pero igualmente importante es que la tasa de crecimiento de los ingresos es también del 15 %. Con lo cual se está revirtiendo una tendencia que no era sostenible en el mediano plazo, de que el gasto crezca más que los ingresos.
Extremar la prudencia
ÄAún así, votó en contra algunos puntos
ÄSí. Por ejemplo, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, porque se establece la alternativa de que el BCRA no sólo pueda pagar compromisos con organismos financieros, sino que lo pueda hacer en moneda extranjera. Eso es bastante amplio, y si bien se ha llevado adelante una política prudente en materia de cuidado de reservas, creo que en este momento esa prudencia debe extremarse. Porque, en un período en que deberíamos hacernos fuertes sobre la base de las reservas del BCRA, no deberíamos dejar abierta ninguna puerta.
Con relación a la carga orgánica del Banco Nación, el proyecto original planteaba que se podían utilizar los fondos. Se mejoró la relación, porque ahora el Estado nacional tiene que dar garantías para usarlos. Pero el problema es que en una crisis donde una de las consecuencias seguramente de cortísimo plazo va a ser la restricción de la liquidez, entiendo que es mejor que el Banco Nación, que es un banco orientador en el sistema, pueda disponer de todos sus recursos para financiar al sector privado, fundamentalmente a las pymes.
Superpoderes
ÄEl tema que mereció una aprobación menos holgada fue el de la delegación de facultades al Ejecutivo, los llamados superpoderes. Usted y Ariel Dalla Fontana estuvieron entre los que votaron en contra.
ÄLo que ocurre es que yo he presentado un proyecto donde pretendemos replicar en el orden nacional el esquema de institucionalidad fiscal que hemos instaurado en la provincia. El cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, de una ley de administración financiera y la constitución de un fondo anticíclico. Con esos instrumentos, creo que hay límites que impiden que el gobierno, por ejemplo, pueda pasar partidas de gastos de capital a gastos corrientes. Puede incorporar mayores recursos por mayor recaudación -porque no los va a tener guardados en una caja-, pero hay un orden de prioridad: primero, que el resultado del presupuesto sea superavitario; después, que no haya deuda pública exigible impaga, y lo otro, tener un fondo anticíclico. Como habíamos presentado este proyecto, no acompañamos los tres artículos de delegación de facultades.
Impuesto al cheque.
"Este impuesto tiene una distribución particular, fuera de las reglas generales. El 70 % queda para la Nación y el 30 % se coparticipa. Pero ocurre que están empezando a vencer muchos impuestos. Este año vence Ganancia Mínima Presunta y vence Cheque. En 2009 vence el Impuesto a las Ganancias, el monotributo, Bienes Personales. Entonces, mi impresión es que es mucho más conveniente abordar eso de una manera más organizada, y no impuesto por impuesto. El impuesto al cheque debería ser reducido, para no ser un obstáculo al sostenimiento a través de operaciones del sistema bancario y financiero.
Dependencia económica
El diputado nacional Miguel Barrios (PS-Santa Fe) criticó la dependencia económica que impone el gobierno nacional a las provincias al no cumplir con el Art. 7 del Régimen de Coparticipación Federal (Ley 23.548), el cual establece que "el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley".
Explicó que además de que la coparticipación por retenciones equivale a "cero peso, cero centavo", el cuarto impuesto en nivel de importancia es el de los débitos y créditos bancarios, sobre el cual sólo se distribuye el 19 % a las provincias.
Barrios expresó el criterio consensuado en el socialismo de que el Régimen de Coparticipación "debe conciliar un esquema de financiamiento que, evitando dejar sin recursos al Estado Nacional, permita dotar a las provincias de herramientas e ingresos que les posibiliten contar con los recursos para cumplir con las responsabilidades que le fueron transferidas progresivamente desde la Nación".
Puso en evidencia la importancia central que implica el cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal al señalar que, "por ejemplo, los recursos provenientes desde la Nación representarán para la provincia de Santa Fe el 64,2 % del total, según el proyecto de Presupuesto para el año 2009 que se envió a la Legislatura provincial. Y aseguró que "esta situación de dependencia económica se repite en cada una de las provincias a partir de un esquema vigente desde 2003 de centralización de la recaudación en la Nación".
Esta situación de centralismo fiscal facilita a su vez manejos discrecionales en la asignación de recursos, como el de los beneficios promocionales que se otorgan ahora a la curtiembre que perteneció a la familia Yoma de La Rioja, afectando a otras que están localizadas en el Litoral (Santa Fe y provincia de Buenos Aires), según han reclamado todas las entidades empresarias ligadas a la industrialización del cuero".