Horacio Serafini (CMI)

En privado, ni el más conspicuo oficialista, ni el más reputado opositor, son capaces de negarlo: detrás del debate por la decisión del gobierno de reestatizar lo que quedaba de la jubilación privada y de lo que conlleva hacia el futuro del sistema previsional argentino, está el 2009.

"Sin caja no hay 2009", parece haberse dicho el gobierno. Como aquellas muchachas de la serie televisiva "Sin tetas no hay paraíso", que pinta su sueño común de acceder al mundo del narcotráfico. Aunque la Argentina del año que viene, y el planeta todo, estarán más cerca del infierno de la recesión post crack financiero y sus consecuencias sociales (son catastróficas en ese sentido las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la mortalidad por hambre) que del paraíso.

¿Qué se le objeta al gobierno por esta decisión? De forma, la manera arrolladora, prepotente, antes cocinada en un microcírculo, al mejor estilo de Néstor Kirchner. En el fondo, sin embargo, encuentra sus razones en sustentar la gobernabilidad durante el próximo trienio de un gobierno que ha sido electo hace apenas un año. ¿Acaso no haría lo mismo cualquier gobierno de otro signo que hubiera sido electo precisamente para gobernar? Los contrapesos institucionales que serían convenientes, en todo caso, habrá oportunidad de colocárselos el próximo octubre.

Las preguntas sobre este bandazo, sin embargo, abundan. ¿Por qué en este momento, si hace apenas un año ratificó la continuidad del sistema mixto con la ley que habilitó la posibilidad de traspaso? Nadie duda, y hasta el gobierno lo admite: es la necesidad de financiamiento para prevenir un default en 2009. A estos fondos llega después de recorrer un derrotero que fue desde las retenciones móviles hasta los anuncios de cancelar la deuda con el Club de París y de reabrir el canje de la deuda con los holdouts que no adhirieron al canje. Si el primer intento, que le dejó heridas políticas aún abiertas, fracasó porque la posición del campo logró encarnar en los sectores medios urbanos, los segundos se hicieron añicos al compás del crack financiero mundial. ¿Será suficiente con la reestatización jubilatoria? Nadie lo sabe.

El gobierno, al parecer, parece haber aprendido la lección de la batalla con el campo. La toma de recaudos para impedir que el proyecto de reestatización jubilatoria se convierta en una nueva versión de la resolución 125, es hoy su mayor obsesión. El primer paso, por lo pronto, lo dio con el envío de un proyecto de ley, abierto al debate parlamentario; contrariamente a la resolución que, ante la fuerza de los hechos y a contragusto de Kirchner, terminó en el Congreso. Nada indica, por lo demás, que la cocina del debate sobre un asunto que a esta altura tiene un consenso mayoritario (lejos de las expectativas estuvieron en esta década las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), pueda abrir grietas en el mayoritario bloque oficialista. En el peor de los casos, pueden llegar a repetirse las últimas votaciones de la movilidad jubilatoria y del Presupuesto 2009.

También de posicionamiento hacia el 2009 está teñida la postura de la oposición. El cuestionamiento común es finalmente el manejo que de los cuantiosos fondos pueda hacer el gobierno. Aunque hay diferencias político-ideológicas. Desde antes mismo de conocerse el proyecto, la Coalición Cívica de Elisa Carrió salió a batir el remanido parche apocalíptico porque en el fondo es partidaria de la persistencia de un sistema mixto. Y el PRO de Mauricio Macri, presidenciable íntimamente, por la voluntad privatista que lo inspira. El radicalismo, que históricamente defendió el sistema estatal de reparto, de una posición inicial de apoyo, aunque condicionado a la negociación de cambios al proyecto, pasó al rechazo liso y llano. Percibió que aquella primera posición lo haría perder el aire opositor logrado con la batalla por las retenciones hacia un resurgimiento en 2009.

Una cierta dosis de hipocresía tienen también las objeciones al proyecto, sobre todo en cuanto a garantizar que los fondos acumulados y los por venir con la restatización no tengan otro uso, por este u otro gobierno de distinto signo se dice- que no sea el de los propios jubilados. "¿Intangibilidad? Si vimos cómo terminó", dijo el autor del proyecto, el secretario Legal de la Presidencia, Carlos Zanini, la tarde tórrida del anuncio. La intangibilidad es una quimera de garantía después de que, consagrada por el gobierno de Fernando de la Rúa para los depósitos bancarios, y apremio financiero mediante, estalló por el aire con el "corralito".

Así las cosas, la cultura del disenso, no la del consenso, parece encaminada a repetirse a propósito de la reestatización de la jubilación. No es lo ideal. Pero qué otra cosa cabe esperar en un país donde los partidos políticos están hechos trizas y donde la cultura autoritaria domina desde las instancias dirigenciales hasta el último pueblo perdido del rincón más recóndito de la geografía. Acaso los 25 años de democracia que se cumplen este jueves permitan empezar a caminar desde cada uno de nosotros el camino inverso. La oportunidad de dar el primer paso será en octubre de 2009.