Redacción de El Litoral
Entidades financieras, mutuales y bancarias de la ciudad de Santa Fe se reunieron la semana pasada, para acordar qué información suministrarán a la Justicia, que investiga una banda mixta de policías y civiles que reclutaba insolventes para sacar créditos que jamás se pagaron. Se habla de pérdidas de varios millones de pesos que dejaron al descubierto la fragilidad de los controles.
La convocatoria tuvo lugar el jueves, en el edificio de la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE), de calle Urquiza 3100. Participaron numerosas instituciones de la ciudad y una entidad bancaria de la provincia de Entre Ríos, que también habría caído en la trampa.
Fuentes cercanas al caso informaron que la reunión no trascendió a los medios de presa, puesto que existe un profundo "temor a la pérdida de credibilidad" de parte de los agentes afectados. A pesar de ellos "se acordó informar a la Justicia" acerca de "quiénes presentaron quiebra habiendo sacado créditos durante el período que comprende la investigación".
Los informes bancarios comenzarán a llegar a la brevedad, según acordaron los actores, y a partir de entonces se empezará a citar al personal policial y a los particulares involucrados uno por uno.
La investigación se inició en febrero pasado, cuando un gerente de banco denunció ciertas irregularidades en la solicitud de créditos. Como consecuencia, el 25 de septiembre el personal de Asuntos Internos, junto con el juez de Instrucción Primera, Pedro Guevara, allanaron una decena de lugares y arrestaron a varias personas, entre ellos personal policial.
Los delitos que se investigan son: "Estafas reiteradas, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público", entre otros calificativos legales que le puedan caber a los imputados.
Para los investigadores, se trata de una banda que armaban carpetas para obtener créditos, que presentaban en varios lugares a la vez, para que el Banco Central no alcanzara a informar deudas u otro crédito en trámite. Una vez que obtenían el dinero la distribución era a porcentaje, entre quienes hacían las gestiones y aquellos que ponían el nombre y recibo de sueldo. También contaban con asesoramiento legal ante las intimaciones de pago.
El día de los allanamientos fue secuestrada gran cantidad de documentación, que involucra incluso a estudios jurídicos y abogados de la ciudad.
En cuanto a los damnificados, la lista es larga y la integran medio centenar de entidades de créditos como mutuales y financieras, ya sean estas de capitales nacionales como extranjeros.