En los últimos meses el gobierno nacional ha modificado sustancialmente el marco regulatorio en el cual se desenvuelve el sector agroindustrial. El sistema comercial que ha actuado exitosamente en los últimos 18 años fue alterado en su esencia con la consiguiente afectación a la operatoria de toda la cadena de valor.

La principal modificación realizada en la normativa fue la Resolución 543/08 del ONCCA. La misma transformó el sistema de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior en un sistema de licencias de exportación no automáticas. Estas licencias además de estar expresamente prohibidas en la Organización Mundial de Comercio han paralizado casi por completo los mercados a término institucionalizados y los negocios de compra anticipada en el mercado físico de granos (contratos forward).

Así, a igual fecha del año pasado se han comercializado mediante forwards 1.7, 1.8 y 4,2 millones de toneladas menos de soja, maíz y trigo, respectivamente. Asimismo, la operatoria -contratos abiertos- en el Mercado a Término de Buenos Aires cayó un 22.6% para el trigo, un 48% para la soja y un 68% para el maíz.

Los commodities agrícolas no han sido ajenos a la crisis financiera internacional. Los mismos han registrado bajas en las cotizaciones desde sus máximos recientes en un rango del 40-50%. En este escenario bajista y ante la imposibilidad de concretar las coberturas deseadas de precios por ventas anticipadas, se condiciona la comercialización agrícola la cual se realizará a precios inferiores a los que eventualmente se pudo haber accedido de mantenerse el normal funcionamiento de los mercados.

El daño económico ocasionado puede dividirse en dos partes. Una cuantificable, directa, que mide cuanto dinero se dejó de percibir por no haberse podido concretar las operaciones al ritmo de la anterior campaña. Este valor es de alrededor de U$S 1.860 millones y se generó al no poder fijar precios en los mercados de futuros. La otra pérdida es indirecta, de compleja estimación, y se encuentra compuesta por la merma implícita en los ingresos fiscales y por la reducción de la cantidad de dinero que se multiplicará por el gasto e inversiones que realizará el sector privado. Esta pérdida será, como mínimo, de la misma cuantía que la directa.

En el nuevo contexto económico mundial, nuestro país no puede desaprovechar la oportunidad de utilizar al máximo todos los instrumentos que nos permitan sortear de la mejor manera posible los inconvenientes que nos vienen dados del exterior. Sin embargo, adicionar inconvenientes internos por una regulación ineficiente al sector agroindustrial, principal generador de empleo y divisas de nuestro país, parece una estrategia poco acertada.