El debate abierto en el Parlamento sobre las jubilaciones admitirá diversas lecturas porque el tema es complejo, más allá de las consignas en boga que pretenden reducirlo a una exclusiva antinomia, a una disputa entre jubilaciones públicas solidarias y jubilaciones privadas egoístas.
Un amplio espectro de la política nacional dice compartir filosóficamente el ideal de una jubilación de reparto administrada por el Estado, pero a partir de esta declaración generalizada de principios lo que se imponen son las diferencias, en más de un caso insalvables.
Basta para ello leer los proyectos de la UCR, filosóficamente cercana a la propuesta del gobierno, para admitir que sobre este supuesto acuerdo es necesario ahondar porque, más allá de las retóricas ligeras, lo que se va a discutir en el Congreso no son principios filosóficos, sino cuestiones económicas y financieras.
El gobierno no ha elegido la mejor oportunidad para introducir un cambio de esta trascendencia. No obstante, si se admitiera que éste es el momento indicado para estatizar las jubilaciones, queda claro que los procedimientos a los que se recurrió para concretar este proyecto deberían haberse acordado de otra manera, atendiendo a los intereses en juego y, por sobre todas las cosas, informando a la población con objetividad sobre la situación del régimen jubilatorio y previsional.
Puede que algunos defensores de la jubilación privada exageren la nota cuando hablan del robo de los fondos de los contribuyentes por parte del gobierno, pero hay que recordar que hace unos meses se dio la posibilidad a quienes quisieran de regresar al Estado, y la gran mayoría prefirió continuar con las AFJP, lo cual es un dato relevante para este debate.
Por lo pronto, la principal resistencia que se ha levantado contra el proyecto oficial es la de los mercados nacionales e internacionales. La respuesta de las bolsas de Buenos Aires, Madrid y San Pablo ha sido elocuente en este sentido. Si alguna duda quedaba respecto del involucramiento de la Argentina en la crisis mundial, ésta termina de disiparse con la decisión del gobierno de los Kirchner, que nos aísla aún más en el plano internacional.
El otro punto vulnerable de los Kirchner en el terreno político es su hoy escasa legitimidad social. Las mediciones de opinión confirman que los niveles de credibilidad de la presidente siguen siendo muy bajos y esta debilidad se hace más evidente en un tema en el que la cuestión de la credibilidad social es muy importante y, en algunos aspectos, decisivo.
Un amplio espectro de la opinión pública considera que, previo a discutir si la jubilación de reparto es mejor o peor que la privada, se deberían debatir los resguardos normativos que deberían proteger a esos fondos de la indisimulable voracidad del gobierno. porque todo hace suponer que, más allá de los supuestos principios filosóficos solidarios con los que se intenta legitimar la medida, lo que se impone es la necesidad de disponer de dinero para atender los compromisos externos y, también, el calendario político de un año electoral.