Teresa Pandolfo

Días atrás, un chico de 11 años fue detenido presuntamente involucrado en un hecho delictivo, en un fin de semana en que se detuvieron a otros 21. Por aquellas jornadas, además, un vecino de San Isidro (Pcia. de Buenos Aires) murió en un asalto a su domicilio. En el episodio, la policía bonaerense involucró a menores, uno de ellos de 15 años.

¨Qué hacer con estos jóvenes que tan tempranamente llegan a estar en conflicto con la ley penal? ¨Es la prisión el ámbito adecuado para su reeducación? La conducta de estos menores, ¨es autónoma o una respuesta a la sociedad en la que viven? ¨Cuándo debe actuar la Justicia y cuándo, organismos como Desarrollo Social?

Héctor Superti, ministro de Justicia de la provincia, sostiene que, "en el mundo, el tema de los menores es uno de los problemas más complejos a resolver".

El debate llegó a la sociedad por la ola de violencia y porque los principales actores sociales, desde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al titular de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, se han referido a él con posiciones no coincidentes.

El ministro Héctor Superti va al corazón de la dificultad actual cuando dice que el problema es que "se está cambiando" el modelo de intervención estatal respecto de la minoridad en general, y en este sentido, el verbo adecuado es el gerundio porque no hay una normativa resuelta.

"De un paradigma que se plasmaba en el viejo Patronato Äque tomaba a los menores como objetoÄ, se está pasando al paradigma de considerar al menor un sujeto de derechos que deben ser respetados. Ese cambio tiene en la cúspide las convenciones internacionales que comenzaron a reconocerse y las leyes que hacen respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes". ( Ver Normas). Por la ley 26.061, en la Argentina se deroga el Patronato; se establece la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el régimen penal que se aplica a los menores.

Superti sostiene que "actualmente estamos en la transición de lo viejo y lo nuevo, que genera cierto estado de anarquía normativa".

Uno de los cambios importantes es que, en el sistema viejo, un menor abandonado y un menor imputado de un delito prácticamente tenían la misma respuesta estatal. A ambos se los internaba: a uno, por abandono, y al otro, porque se lo consideraba potencialmente peligroso. Pero los dos terminaban privados de su libertad.

"Todo esto es lo que se está tratando de cambiar Äexplica SupertiÄ, no sólo en Santa Fe, sino en la Argentina e, incluso, tiene un origen internacional. Hoy, cuando un menor de 18 años imputado de delito, si tiene entre 16 y 18 años, debe entrar en un régimen de semiimputabilidad penal, si el delito tiene cierta gravedad". Precisa que esto significa que responderá penalmente con un régimen diferente.

Ante la creciente sensación de inseguridad y la aparición de menores imputados de delitos muy graves, salta ahora el debate, dice Superti, quien invita a diferenciar las situaciones.

"Algunos quieren que se rebaje la imputabilidad penal y yo recuerdo que, años atrás, esto ya se hizo y se dijo: hasta los 16 años, se los trata a todos como mayores; de 16 a 14 se considera como se hace ahora con los de 16 a 18. Esto fue generar un régimen de mayores para menores.

"No sólo no estoy de acuerdo, hoy sería violar los convenios internacionales con rango constitucional, sino que está mal", resalta el ministro de Justicia. "La otra idea es decir: si tenemos en este momento muchas actuaciones de personas con menos de 18 años, aparentemente serían comisiones de delitos, reformulemos el régimen de Justicia Penal Juvenil".

Y sostiene que reformular significa "diseñar un sistema distinto aun de aquel que tenemos para los menores. "Es este marco de Justicia juvenil distinto, que contempla tanto el total reconocimiento de los derechos de estas personas como la intervención estatal consciente de lo que son los sistemas de educación y de atención, ¨hasta qué edad incluimos proyectos de ley que hay muchos, que quieren reformar el régimen penal para los menores y generar la Justicia Penal Juvenil a nivel nacional? Algunos parten de los 15 años y otros, de los 14".

Superti va más allá y dice que resolver solamente el tema de la edad es quedarse con un problema importante, cual es cómo debe ser este régimen de Justicia Penal Juvenil. "Para eso ÄdiceÄ, primero hay que modificar la ley nacional. Pero nosotros podemos, con la legislación vigente, empezar a modificar la forma en que directamente el Estado interviene durante el proceso y si se lo condena, como en la ejecución de la sentencia".

Explica, respecto de la ley nacional, cuando una persona de 15 años comete un delito muy grave, qué puede hacer un juez. Superti advierte que, "si aplicamos la parte nueva, nada. Tendría que ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo a través de Desarrollo Social en las áreas previstas para Niñas, Niños y Adolescentes. Pero, ¨qué ocurre en los hechos? Como todavía no están armados estos sistemas o el juez no los considera adecuados, usando un artilugio de la vieja ley que todavía no está derogada, los jueces los internan en establecimientos".

Sigue explicando que actualmente en la Argentina hay muchos menores de 16 años que están encerrados aplicando una interpretación de la legislación que "debe ser cambiada. Porque, o lo ponemos en un régimen de Justicia Penal Juvenil, o lo sacamos de todo régimen de Justicia Penal, y del menor se tiene que hacer cargo el Poder Ejecutivo".

Superti comenta que, como una cantidad importante de menores está en prisión, "se promovió un hábeas corpus y la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar y sindicó como inconstitucional que menores de 16 años estén privados de su libertad, porque jueces utilizando interpretaciones de la legislación los internalizaron".

La Cámara de Casación le dio 90 días al Poder Ejecutivo para que tome todas las medidas del caso y, luego, dejarlos en libertad. Superti relata que esto llegó a la Corte y el máximo tribunal suspendió todo y pidió informes respecto de la cantidad de menores, edades, lugares en que se encuentran detenidos y tipos de delitos cometidos. "Es una situación delicada que no se puede resolver de un plumazo", sostiene.

"Mi opinión es que debe terminarse, sin esta mezcla de lo nuevo y lo viejo, un buen régimen de Justicia Penal Juvenil normativo nacional y, a nivel provincial, con ese marco, ejecutar las acciones que nos correspondan".

Respecto de lo que le corresponde hacer a la provincia, dice que, considerando la legislación vigente para los menores de 16 a 18, el gobierno ya ha tomado posición, a partir del nombre dado a la Dirección, que se llama de Justicia Penal Juvenil.

Subraya que "una de las cosas más importantes de este régimen especial es considerar los delitos que involucran a los menores" y remarca que son "los delitos de la violencia"

Explica que, si uno analiza el universo de delitos, surge que en una gran parte se usa la fuerza, la violencia, y en otros, la inteligencia. "En una estafa se usa la inteligencia; en un robo, la fuerza", ejemplifica.

En el segmento de delitos de menores de 18 años, el detonante es la violencia. El menor en esa edad, que entra en este circuito, es porque recibió antes violencia. Entonces, es un sujeto que está reproduciendo la violencia recibida.

"La intervención estatal debe considerar no sólo esto, sino también que en esa violencia el Estado no es ajeno. Esta violencia se origina en que no se le respetan sus principales derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y casi seguro que ese joven tampoco cuenta con un núcleo familiar que lo contenga".

Ante una pregunta, Superti dice que "efectivamente el problema de las adicciones suma y nosotros creemos que debe encararse como un problema de salud ,ya que en situaciones graves pone en riesgo la vida de las personas. Deben procurarse, entonces, procesos de desintoxicación".

Sin querer abordar el tema, porque corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, señala que "el fenómeno de las adicciones es también complejo. No todos los menores son irrecuperables tanto por su variedad de las drogas como por la naturaleza de los elementos que utilizan. Pero es todo un complejo importante", reitera.

El ministro de Justicia reconoce que, respecto de la intervención estatal, el imaginario popular piensa que el mejor camino es la cárcel. "Y es al revés: las convenciones, la experiencia universal, en este tipo de intervenciones del Estado, la última ratio, a la privación total de la libertad.

"Esto significa que deben generarse programas. Cuando hay un menor que entra al sistema penal juvenil, los magistrados deben tener instrumentos para intervenir. Antes eran tres: libertad asistida antes de condena y, luego, libertad vigilada; los establecimientos semiabiertos y los establecimientos cerrados: la cárcel".

A estos tres señalados, el gobierno de la provincia ha sumado un programa que busca colocar al menor en tareas comunitarias y otro, más atenuado que el de libertad vigilada, que implica que el menor trate de terminar la educación formal o aquella que le sirva para una salida laboral.

"Estos programas en teoría son fáciles de redactar, pero, para instrumentarlos, se necesitan lugares adecuados y mano de obra altamente calificada", asevera Superti. "Estamos atendiendo, por un lado, la urgencia, porque se presentan problemas agudos como las situaciones que se dieron en el Irar (en Rosario), y por otra parte, la capacitación que se requiere para que los programas funcionen y la gente cumpla con su tarea".

Explica que, en materia de libertad asistida, tanto en Rosario como en Santa Fe se está tratando de descentralizar la propia intervención estatal. Y que, con respecto a la capacitación, se han dictado ya dos cursos a todo el personal, pero debe arbitrarse otra más específica, según el área que van a cumplir. "Tenemos recursos humanos, pero hay que calificarlos y reubicarlos", agrega.

Al ser interrogado sobre si esa capacitación comprenderá también a las fuerzas de seguridad, que es la que actúa en las noches y madrugadas cuando se encuentran con menores, señala que "en el esquema de Justicia Penal Juvenil hay un capítulo relativo a las fuerzas de Seguridad Juvenil, que implica tanto policía como servicio penitenciario.

"La idea nuestra es agregar una materia en la capacitación de todos los agentes y, luego, hacer otra específica, de tal suerte que, en los lugares donde debe haber vigilancia, la fuerza de seguridad esté a cargo de personas que tengan una capacitación específica".