De la Redacción de El Litoral/CMI
El bloque oficialista de la Cámara de Diputados comenzó anoche a reunir las firmas para que el proyecto de eliminación del sistema privado de jubilaciones, con modificaciones en algunos de sus artículos, obtenga dictamen de mayoría y sea llevado al recinto mañana mismo.
El trámite comenzó tras una larga jornada en la que el Frente Para la Victoria logró consensuar varios cambios al texto original con fuerzas afines como Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur y Encuentro Popular y Social para evitar la aprobación en soledad de la iniciativa.
Así, el FPV se aseguró el apoyo de estos bloques, de los diputados de la Concertación que se mantienen cerca del gobierno, y de los radicales santiagueños, además de contener a unos pocos integrantes del bloque que estaban indecisos.
El socialismo anticipó que acompañará el proyecto en general, porque siempre se opusieron al sistema de capitalización, pero discutirán el articulado en particular, porque "no ofrece ninguna garantía sobre el uso de los fondos" (ver Análisis).
"Nosotros, en nuestro dictamen de minoría, proponemos un artículo que dice en qué se puede usar el dinero del Fondo de Garantía y en qué no; por ejemplo, financiar gastos corrientes. Y también establece la forma: si se presta el dinero, la tasa tiene ser igual o superior a la de referencia (tomada del Banco Nación, actualmente el 18 %) y la devolución nunca puede superar los dos años", explicó a El Litoral la presidenta del bloque, Silvia Augsburger.
Agregó que "obligamos a que la inversión sea identificada, estableciendo qué porcentajes se pueden destinar a títulos públicos y cuánto a plazo fijo, con una inversión diversificada que ofrezca más garantías para proteger la inversión. Nos parece imprescindible establecer taxativamente en la ley qué se puede y qué no, para dar certidumbre frente a la desconfianza, y la memoria histórica de que ese dinero siempre se usó para atender los requerimientos del gobierno y de manera discrecional", completó.
La legisladora añadió que también se insistirá con que los fondos sean administrados por los propios interesados -jubilados, trabajadores y empresarios- y que los excedentes sean destinados a recomponer los haberes, "que están muy por debajo del 82 %".
Mientras tanto, la UCR, el macrismo (PRO), la Coalición Cívica, el peronismo disidente y varios partidos provinciales mantuvieron en pie su decisión de rechazar la iniciativa en el recinto e, inclusive, no aportar quórum a la sesión.
La UCR presentó un dictamen propio, y lo mismo hicieron los peronistas disidentes Felipe Solá y Enrique Thomas. En una conferencia de prensa ofrecida en la Cámara Baja, el titular del bloque radical, Oscar Aguad, advirtió que la eliminación de las AFJP tal como fue planteada por el oficialismo "le va a traer gravísimas consecuencias al país", porque a partir del año próximo se producirá "falta de créditos internos y de inversiones a raíz del quiebre de la confianza" en el país.
Estas fuerzas opositoras se retiraron minutos antes de las 17 de la sala donde debía comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social ante la demora del oficialismo en presentar el proyecto modificado.
Por esas horas, las autoridades del bloque del FPV, con los diputados Patricia Fadel, Gustavo Marconatto y Juan Carlos Díaz Roig a la cabeza mantenían una fuerte negociación con los diputados María América González y
Claudio Lozano para acercar posiciones y asegurar el apoyo de las fuerzas que integran al proyecto.
Principales cambios
* Entre los cambios introducidos al texto original, se destaca la modificación del artículo 8 con la especificación concreta de que los fondos sólo podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sipa, y luego la prohibición expresa de invertir los fondos en el exterior.
* También se establece la autonomía financiera y económica de la Anses con sujeción a dos organismos de control: una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados y el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que está compuesto por representantes de la Anses, la Jefatura de Gabinete de ministros, las centrales sindicales, los bancos, los municipios, el empresariado y organizaciones de jubilados y pensionados.
* Se garantiza el empleo a los trabajadores de las AFJP y se determina que la Anses no cobrará comisiones por la administración de los fondos.
El oficialismo buscará convertir hoy en ley el proyecto de Presupuesto Nacional 2009, sin modificar el texto aprobado por Diputados a mediados de octubre, mientras los bloques de oposición rechazarán la iniciativa oficial en resistencia a los superpoderes y por considerarlo desactualizado por la crisis internacional.
La sesión de hoy tiene al presupuesto como único tema. El bloque kirchnerista, que lidera el rionegrino Miguel Pichetto, debatió las disidencias que presentaron algunos integrantes del grupo oficialista, en particular los referidos a la delegación de facultades del Congreso en el jefe de Gabinete para el cambio de destino a las partidas contenidas en el Presupuesto.
Los dirigentes opositores, que estuvieron virtualmente ausentes en las dos semanas de consultas con funcionarios que alentó la comisión senatorial, no acordaron una estrategia en común y concurrirán con sus propios proyectos en el recinto. Varios de ellos se encuentran en el exterior, como los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, la justicialista salteña Sonia Escudero y la porteña de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, estas últimas como observadoras de las elecciones presidenciales norteamericanas.
La oposición, centralizada en el bloque radical, los justicialistas disidentes, la Coalición Cívica, el socialismo y expresiones provinciales, buscará trabar la aprobación de los puntos más críticos del Presupuesto, que levantan resistencia incluso en legisladores oficialistas.
El texto de Presupuesto que fue sancionado por Diputados en la madrugada del 16 de octubre prevé una inflación anual del 8 por ciento, un crecimiento global de la economía del 4 por ciento y un aumento de la recaudación del 5,7 por ciento. Contempla un dólar de 3,19 pesos, un superávit fiscal del 3,27 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), una balanza comercial positiva en casi 12.000 millones de pesos y gastos totales por 31.600 millones.
Entre tanto, sectores de la oposición cuestionan el proyecto oficial porque éste contabiliza como ingresos seguros la recaudación que el gobierno aspira a conseguir en 2009 por la aplicación de la ley de cheques, que aún debe ser debatida en ambas cámaras del Congreso y su texto no fue enviado por el Poder Ejecutivo.
Senadores de varios partidos anticiparon que aspiran a modificar la relación de 70 a 30 por ciento de coparticipación del tributo que favorece con amplias ventajas a la Nación, en desmedro de las provincias. Otras objeciones opositoras aluden a que el gobierno da por aprobado una nueva prórroga de la ley de emergencia económica y no figuran en el Presupuesto los fuertes ingresos que tendrá el gobierno por la estatización de las jubilaciones privadas.