El diputado provincial del PJ Alberto Monti presentó un pedido de informes por una supuesta irregularidad que data de 2003 en la Empresa Provincial de la Energía.
Según el legislador, hace cinco años habría sido sorprendida con adulteraciones en su medidor una empleada de la EPE, ahora designada como Jefa de la Unidad Medicina del Trabajo.
Una gacetilla de prensa sobre el pedido de informes subraya que se consulta al Ejecutivo respecto de "si la doctora Susana Scalessi ha sido designada como Jefa de la Unidad Medicina del Trabajo de la Empresa Provincial de la Energía" y "si se trata de la misma Susana Scalessi, a quien la Empresa Provincial de la Energía le habría detectado adulteraciones en el medidor de la vivienda que habitaba en la calle Benito Juárez 1180 de la ciudad de Rosario".
Monti pregunta por "el estado del sumario interno, actuación administrativa y/o expediente judicial en el que derivó el hallazgo de la supuesta irregularidad producida por inspección del 30 de diciembre de 2003" y "de haber existido, el monto de la multa que se le impuso".
Monti cita "publicaciones periodísticas" que difundieron aquel operativo antifraude y en los considerandos observa que hace 5 años "sospechosamente no se le habría iniciado sumario alguno sino que solo se le cobró una multa de 200 pesos al titular del servicio".
Tras recordar que "el Reglamento Interno de la EPE es claro en cuanto a las responsabilidades de sus empleados e indudablemente no se actuó en su momento con el rigor necesario" sostiene que "más grave aún resultaría que con semejante antecedente y de tratarse de la misma persona, se la haya ascendido obrando en su foja un antecedente de semejantes características", dice textualmente Monti.
El Litoral habló con el titular de la Empresa Provincial de la Energía Daniel Cantalejo, quien se mostró "sorprendido por lo extemporáneo de la consulta" en la Cámara baja, a la que conocía por su repercusión periodística.
"No hay ningún sumario. No hay ningún documento, ni elemento que podamos aportar sobre este supuesto hecho que obviamente corresponde a la gestión anterior", explicó.
Agregó que la existencia del pedido de informes "dispara los correspondientes mecanismos internos, en la órbita adminsitrativa para revisar la veracidad de lo que se plantea".
El titular de la empresa subrayó que de ninguna manera puede interpretarse al puesto que ocupa la persona nombrada por Monti como alguien con rango de "funcionario político".
"No podemos emitir ningún juicio de valor: es un supuesto hecho que no corresponde a esta gestión. Hablamos de algo que, insisto, se supone, habría ocurrido en diciembre 2003", argumentó.