De la Redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados se aprestaba hoy a dar media sanción hoy a la reestatización de las jubilaciones, en un debate con previsible extensión, pero al cabo del cual el oficialismo ya se aseguró un contundente resultado favorable. Desde los núcleos opositores, en tanto, el énfasis estuvo puesto en las acusaciones de "saqueo". Precisamente, la cuestión de la propiedad de los fondos quedó en el ojo de la tormenta, tras los embargos internacionales ya dispuestos y otros que se avecinan.
"Lo que se transfiere al Estado son las posiciones que tiene el sistema de capitalización privado en distintos valores: acciones de empresas, títulos públicos, y eliminar la posibilidad de invertir fondos en el exterior. En el tiempo, el objetivo es que este tipo de inversiones esté destinada a inversiones productivas, que tengan impacto directo en la economía real. Tienen que ser seguras y previsibles", dijo hoy el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
Para la líder opositora Elisa Carrió, que hoy llevaba a cabo una "vigilia" en el Obelisco, quienes aprueben la iniciativa en pocos meses más tendrán que dar explicaciones sobre "el crimen" cometido, porque no habrá fondos para pagar los haberes. "Se va a entender todo en dos semanas cuando (el ministro de Planificación, Julio) De Vido anuncie un nuevo plan de obras públicas con la plata de los jubilados, y en seis meses no tengamos un peso para pagarles", disparó.
Carrió fue quien, apenas conocido el proyecto, advirtió que "hay fondos buitres esperando esto" para solicitar el embargo de los depósitos, cosa que se concretó la semana pasada. Aún así, Cristina Fernández de Kirchner se mostró sorprendida.
"El embargo preventivo que hace el juez Thomas Griesa tiene vinculación directa con la decisión de llevar los fondos que son de los afiliados a poder del Estado. Si el Estado se encuentra en default en el exterior y con demandas judiciales, lógicamente que si los fondos están en su poder se los van a embargar", coincidió el constitucionalista Iván Cullen, en diálogo con El Litoral.
Al respecto, hizo notar que ésto "genera una gran contradicción a la hora de plantear una defensa. Porque lo único que el Estado argentino puede alegar en contra del embargo es que los fondos son de los afiliados, y que no pueden ser tocados si su consentimiento. Sobre esa base les han pedido a las AFJP que se opongan al embargo. Pero es justamente lo contrario de lo que sostienen internamente".
Ayer, el Gerente General de la Superintendencia de AFJP, Sergio Chodos, señaló que los activos bloqueados "no tienen nada que ver con la actividad estatal sino que son administrados por las AFJP en beneficio de los presentes y futuros jubilados, y con destino para la seguridad social".
En declaraciones radiales, Chodos consideró que "con estos activos, el gobierno no tiene nada que hacer, y sí las AFJP, que tienen que defender los activos que están siendo administra por ellas".
Para Alberto Natale, quien deberá responder ante los afiliados de las AFJP es el Estado nacional, como resultado de la "confiscación" que pretende realizar con la reestatización del sistema previsional.
"Se viola la ley 24.241, en cuanto aseguraba la propiedad de los afiliados sobre los fondos, estableciendo expresamente que no son de las AFJP, ni del Estado. Entonces, por un acto del príncipe, se los confisca sin expropiación, cosa que está prohibida por la Constitución Nacional. Por lo tanto, el Estado argentino deberá responder", sostuvo el ex legislador demócrata progresista, en diálogo con El Litoral.
Cullen insistió en que "el gobierno no puede dejar de tener presente que en Estados Unidos los ahorristas ganaron el juicio. Los bonistas pueden embargar cualquier bien del Estado que esté afectado a una actividad comercial. No por ejemplo bienes diplomáticos, o las reservas del Estado, pero todo lo que está sujeto a actividad comercial sí".
Con lo cual avaló la idea de que el problema se puede extender a los aviones de Aerolíneas Argentinas, actualmente "en una nebulosa" que aún no permite decir que pertenecen al Estado, lo que sí ocurrirá cuando culmine el proceso en curso.
"Ya hubo algún problema en su momento con el avión presidencial. Estamos en manos de jueces extranjeros", apuntó Natale.
La naturaleza de la acción no plantea ninguna duda al jurista. "El artículo 8 del nuevo proyecto permite que se destinen fondos a títulos de la deuda pública. Con lo cual se va a seguir con una historia que empezó en la década del "50, con Juan Perón: le van a sacar plata en efectivo a los jubilados y se la van a cambiar por papeles".
Frentes
El argumento de los acreedores es que al confirmar el gobierno su decisión de estatizar las AFJP, los activos de las administradoras en el exterior podría ser considerados del Estado argentino. Desde la Casa Rosada replican que los fondos previsionales son intangibles, por lo que esta orden no debería prosperar. Para hoy, en la misma jornada en que los diputados tratarán la iniciativa, el juez Griesa citó nuevamente a los abogados de los acreedores y a los de la Argentina (representada por el Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) para definir si avanza o no con los embargos. También iban a concurrir letrados contratados por las AFJP.
Escalada
El miércoles de la semana pasada el juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Manhattan dio lugar a un pedido de embargo de un fondo buitre el consorcio Aurelius Capital Partners, Aurelius Capital Master y Blue Angel Capital por U$S 553 millones. La medida incluye todos los activos que tienen las AFJP en los Estados Unidos. Al día siguiente ya se le habían sumado dos acreedores: Elliot y Dart, junto a otros grupos de bonistas menores. En total se estima que los reclamos en este sentido ya orillan los U$S 3.000 millones en Estados Unidos. Pero además, según el diario El Cronista, trascendió que grupos de bonistas en Italia y Alemania también acudirían a la Justicia.