De la Redacción de El Litoral
A pesar del acotamiento de las funciones del organismo por parte del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, descarta presentar la renuncia al cargo.
Parece dispuesto, por el contrario, a resistir desde esa posición haciéndole pagar algún costo político al gobierno por esa decisión que virtualmente vacía al único organismo creado y facultado por ley para investigar los presuntos casos de corrupción de los funcionarios públicos nacionales.
La resistencia no será pasiva, ni silenciosa, como el mismo funcionario dejó en claro al hacer declaraciones a medios periodísticos. En ese contexto, hoy aseguró que la decisión de la Procuración favorece "a funcionarios poderosos" y reclamó la intervención del Congreso.
La controvertida decisión de Righi contempla una lectura restrictiva de las facultades que la ley otorga a Garrido para intervenir en las causas por delitos de funcionarios públicos. "Tal como se va a aplicar ahora, la ley no satisface los estándares de la convención de la ONU sobre corrupción", señaló el fiscal en declaraciones al diario La Nación.
Consultado sobre a quién favorece la decisión de Righi, Garrido respondió: "A todos los que estén imputados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos".
Agregó: "Este tipo de interpretaciones, restrictivas en materia de funcionamiento de organismos de control, favorece a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal. Esto refuerza lo que la gente ve cotidianamente. Los ricos y los poderosos no responden jamás".
La Ley de Ministerio Público 24.946, reglamentada en 1998, ocasión en la que se sacó facultades a la FIA, "estableció una reglamentación que no es muy clara", afirmó Garrido esta mañana en diálogo con radio América. "Hasta ahora varios jueces habían hecho una interpretación amplia de la ley y se le reconocía a la FIA una serie de facultades importantes en la tramitación de las causas por corrupción. Lo que hace el procurador es fijar un criterio interpretativo mucho más restrictivo del que venían adoptando muchos tribunales", explicó.
Con esa decisión, "la FIA no va a poder intervenir en el 99 por ciento de los casos en los que hasta ahora una gran parte de la jurisprudencia admitía que interviniera. No va a poder intervenir en los casos de corrupción que se inicien por denuncias que no sean propias de la FIA. Basta con que alguien sepa que la Fiscalía lo está investigando y para sacar del medio a la posibilidad de que luego se lo acuse, va y se autodenuncia", precisó.
Puntualizó que "el efecto práctico que produce es que la Fiscalía queda marginada de los casos judiciales" y que en la práctica "no podrá apelar, acompañar pruebas y no va a poder aportar los dictámenes de contadores especializados, es decir, impulsar las causas".
Desde que ganó por concurso el cargo hace cinco años, tras haber ocupado la Oficina Anticorrupción que se creó 2000, Garrido presentó denuncias por presunta corrupción contra un centenar de funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor y Cristina Kirchner. Ninguno fue condenado.
Entre estos últimos fueron denunciados los ministros de Planificación, Julio de Vido, y la ex de Economía, Felisa Miceli, por la bolsa de dinero hallada en el baño de su despacho; los secretarios de Medios, Enrique Albistur; de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Transporte, Ricardo Jaime. Incluso planteó que Néstor Kirchner "debería dar explicaciones" sobre el crecimiento de su patrimonio.
Por lo pronto, la estrategia de Garrido se enfocará en el plano internacional, a partir del reconocimiento profesional que tiene en ese nivel y de que Argentina es firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece la existencia de un organismo con facultades para perseguir presuntos ilícitos de los funcionarios públicos.
"No está en su planes renunciar", dijeron ayer colaboradores de Garrido, concentrados en traducir al inglés y al francés la resolución de Righi, que hace una interpretación rígida del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confía a la FIA. "El objetivo es enviarla a los organismos anticorrupción de distintos países. La resolución del procurador habla por sí sola", dijeron cerca de Garrido.
Causas
El fiscal intervino en el caso en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del Indec y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner, entre otros casos.
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