Juliano Salierno
El ex comisario Rubén Darío Zampar quedó procesado por pedir dinero, a cambio de seguir funcionando, a los titulares de comercios de dudosa legalidad. En algunos casos lo hacía bajo insinuaciones, en otros iba directamente a las amenazas, o recaudaba fondos en nombre de una cooperadora policial sin respaldo legal.
El 3 de noviembre el juez de Instrucción Séptima, Diego Andrés De la Torre, dictó la resolución en la que el ex jefe de la Seccional Décima quedó procesado como autor penalmente responsable de los delitos de "extorsiones reiteradas en 14 oportunidades y 1 en grado de tentativa"; además, se le imputan "exacciones ilegales reiteradas en diez ocasiones, en concurso real".
El procesamiento no sería apelado por la defensa y el caso iría directamente a Sentencia una vez obtenida la conformidad del fiscal. El juez confirmó además la prisión preventiva, por lo que el policía no recuperará la libertad.
El caso se hizo público el sábado 11 de octubre, cuando personal de la Delegación Centro Norte de Asuntos Internos de la provincia montó un procedimiento en el que Zampar quedó detenido, tras consumarse una de las maniobras extorsivas.
El hecho lo denunció el 3 de octubre una pareja que trabaja en un puesto de venta de CD's truchos, ubicado entre las avenidas Gorriti y Blas Parera. La mujer dijo que tras allanarle el domicilio, el comisario Zampar los citó a la seccional. Como no se acercaron, Zampar visitó a los pocos días el puesto de venta. Allí les pidió $200 en efectivo para no molestarlos más.
"Siempre hablaban de arreglo, no de dinero", explicaron los damnificados, que accedieron a entregarle $100 primero y se comprometieron en cubrir el resto la próxima semana.
El día acordado para hacer el segundo pago el juez De la Torre había autorizado a Asuntos Internos para que marcara los billetes con los que pagarían la coima y que se filmara y grabara la escena en que Zampar consumaba la maniobra ilegal en Blas Parera al 8300.
Además del secuestro de las pertenencias que Zampar llevaba consigo esa mañana, se allanó la comisaría, donde encontraron una lista de nombres, direcciones y teléfonos donde se consignaban ciertos montos de dinero recaudado.
En su declaración Zampar negó todas las imputaciones y se escudó diciendo que era para la Cooperadora Policial de la Seccional, pero más tarde se confirmó que la mencionada institución "carece de personería jurídica, aptitud legal para funcionar".
Una docena de personas que figuraban en la lista tuvieron que declarar. Alguno de ellos fueron sometidos a careo con el policía y la mayoría dijo conocerlo en persona. De sus respuestas resulta que a algunos "le pidieron dinero, pero no pagaron", a otro "no le pidieron dinero", y hubo quienes "colaboraron con un bono de $10". No faltó quien dijera que "recibió insinuaciones pero no pagó"; "sólo pagó una cuota cooperadora"; o directamente "desconoce por qué su nombre estaba en la lista".
En cambio hubo testimonios que resultaron elocuentes a la hora de imputarle los delitos al jefe de la zona y esos fueron los que determinaron su procesamiento.
Disponibilidad.
Las autoridades de Policía de provincia ordenaron el pase a disponibilidad del comisario Rubén Darío Zampar y del subjefe de la Seccional Décima. A su vez, en el mismo juzgado de Instrucción Séptima se abrirá otro expediente que se desprende de la causa Zampar, en el que está involucrado al subjefe de la misma seccional. El funcionario se encuentra alejado del cargo pero en libertad y habría sido vinculado por uno de los denunciantes.
Entre los hechos más llamativos que surgieron de la declaración de los damnificados por el ex comisario de la Seccional Décima figura el de un carnicero que "entregó mercadería en diferentes oportunidades a título de colaboración". El comerciante recuerda que una vez le dio "un costillar" a Rubén Zampar en persona, que se lo llevó en un auto azul.
Una mujer que organiza bingos en su casa de calle JR Méndez dijo que tres meses atrás Zampar le había pedido $100 por semana y que los pagaba regularmente.
"En todos los casos, las declaraciones de las víctimas son precisas, además de coincidentes respecto de las amenazas, amedrentamientos e intimidaciones que el comisario les profería, con el consabido perjuicio económico que ello les representaba", indicó el juez Diego De la Torre.
El dueño de un hotel pagó $ 1.000 -en 10 cuotas- en concepto de contribuciones "para cubrir gastos de combustible y personal", bajo la excusa de que iban para la cooperadora.