De la Redacción de El Litoral
El gobierno argentino prometió aportar soluciones para evitar despidos por la crisis financiera global y aseguró que cuenta con recursos para subsidiar el salario de los empleados afectados. En una reunión del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con la cúpula de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se consideraron una serie de medidas para evitar despidos, entre los que se prevé el otorgamiento de subsidios.
Tomada, incluso, afirmó al titular de la CTA, Hugo Yasky, y al dirigente gremial Pablo Micheli que el gobierno "intervendrá en los próximos 45 a 60 días" para evitar cualquier tipo de despido o suspensión.
Según Yasky, el funcionario les aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios para subsidiar el salario de los trabajadores que sean suspendidos.
A través del comunicado, Tomada explicó que "el gobierno se comprometió a aportar soluciones en el tema, profundizando las respuestas sectoriales" para "evitar despidos". Para eso, el ministro advirtió a algunos empresarios para que se pongan "a la altura de las circunstancias y no tomen decisiones apresuradas", según detalla la nota oficial.
"No es lógico que los errores financieros de otros lugares del mundo los tengan que pagar, desde lo económico, nuestros trabajadores", sostuvo.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner buscó ayer minimizar los temores generados por la crisis financiera global a nivel local, al advertir que "están asustando a la gente" con las consecuencias de la situación económica en nuestro país.
Fernández señaló que "lo importante no es anunciar catástrofes", sino "tomar medidas que permitan a los argentinos seguir con el crecimiento".
En el comunicado emitido ayer, la cartera laboral explica que luego de analizar con la CTA la situación del empleo en el marco de la crisis financiera mundial, "el gobierno se comprometió a aportar soluciones" en el tema de los despidos "profundizando respuestas sectoriales".
En ese contexto, el ministerio informó que en la reunión se consideraron algunas actividades críticas "sobre las que se están trabajando, no sólo con instrumentos administrativos sino también a través de la mecánica de subsidios para sostener el empleo".
Por su parte, Yasky explicó que el compromiso oficial para evitar despidos es "de 45 a 60 días, hasta tanto se pueda analizar la profundidad de la crisis mundial para poder evaluar aplicación de otras medidas alternativas como un mega plan de inversiones en el sector público".
Además, el docente dijo que el ministerio "obligará al sector empresario a abstenerse a producir despidos sin tener cubierto el procedimiento preventivo de crisis".
Por último y con relación a las personas que cobran los Planes Trabajar, Yasky dijo que para ellos "se está tratando de volcarlos hacia una garantía de salarios". Añadió que la medida que propuso la CTA en ese sentido y que aseguró se va empezar a discutir es que "los trabajadores que están cobrando los planes y están desarrollando tareas, deberían ser remunerados con sueldos del Estado y pueden integrarse a las plantas del Estado".
El dirigente aclaró que este trámite se realizará a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que "provincia por provincia los que hoy están cobrando los planes Trabajar pasen a la planta permanente con el salario que corresponde con la categoría de su trabajo".
El plan para evitar despidos sería el llamado Programa de Recuperación Preventiva, que se incluye en el procedimiento preventivo de crisis regulado por la ley de empleo, que establece un plazo para alcanzar un acuerdo entre el empleador y el sindicato para preservar los puestos. Según el diario La Nación, citando fuentes oficiales, el subsidio se aplicaría en principio mientras dure la emergencia laboral. Esto significa que si el trabajador fuera suspendido, el Estado cubriría el monto de sus haberes que resulte afectado. El dinero se depositaría directamente en la cuenta del empleado.
Más de 10.000 operarios de la industria automotriz local y unos 7.000 empleados de frigoríficos han sido suspendidos o están en vacaciones anticipadas a raíz del impacto de la crisis global, que ya empezó a sentirse en otros sectores productivos argentinos.
El titular de la CGT, Hugo Moyano, reconoció finalmente que se están produciendo "despidos" en algunas actividades, como consecuencia de la crisis financiera mundial, y afirmó que es "bastante preocupante" la situación de los trabajadores argentinos.
En consecuencia, reclamó medidas para atemperar la situación, y sostuvo a Radio Mitre que se impulsa la reinstauración de la doble indemnización y el aumento del subsidio para desempleados para equipararlo a un salario mínimo.
El titular de la CGT indicó que "en el sector bancario se están produciendo despidos y los metalúrgicos están teniendo mucha presión, con corte de horas extra, y algunos anuncios de suspensiones y despidos", y añadió que "también hay problemas con los ceramistas y con los trabajadores de la industria de la carne".
Consideró que "en este tipo de situaciones, hay especulación", y afirmó que "hay empresas que a lo mejor no tienen la necesidad de tomar este tipo de decisiones, pero aprovechan este revuelo y lo hacen". Por lo tanto, aseguró que a través de su representante en el Congreso, el diputado Héctor Recalde, la CGT propondrá "una ley con efecto retroactivo, que aquella empresa que se compruebe que no ha tenido necesidad de despedir personal y lo ha hecho, tenga un castigo como corresponde, una doble o triple indemnización para evitar que se aproveche esta situación".
Asimismo, consideró que "el subsidio por desempleo debería duplicarse y llevarse de los actuales 400 a 800 pesos", aunque puntualizó que "debería equipararse con el salario mínimo, vital y móvil", que actualmente está en 1.200 pesos.
El titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, reiteró que el fallo de la Corte sobre libertad sindical "nos pone con toda la argumentación a favor", para el otorgamiento de la personería gremial que reclama esa central desde hace 15 años.
Tras una reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Yasky explicó que en el encuentro se planteó la necesidad de definir resoluciones para poder poner en práctica la nueva doctrina de la Corte, y adelantó que la próxima semana se reunirá la cúpula de la CTA para definir si presenta un recurso de amparo ante el Tribunal.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo informó sobre la coincidencia en que el tema requiere un estudio profundo para su implementación. En la nota, el ministerio destacó precisamente que eso es lo que están haciendo los equipos técnicos de esa cartera.
Yasky comentó tras el encuentro que Tomada reconoció que "había una nueva doctrina, que este fallo era un cambio importante", por lo que "quedamos en reunirnos nuevamente para definir cuáles son los pasos concretos que había que dar".
En ese contexto, el docente informó que el próximo martes la cúpula de la CTA se reunirá para evaluar con los abogados de esa central la forma de garantizar que esta nueva doctrina que sentó la Corte, garantice también la libertad de agremiación para los trabajadores de base.