El debate sobre las jubilaciones pone en evidencia las contradiccio-nes culturales de la sociedad argentina y sus ilusiones y fantasías acerca del Estado paternalista.

EDITORIAL

Las AFJP y la intervención del Estado

A pesar de las predicciones de los opositores y de más de un analista político, la votación en la Cámara de Diputados a favor de la estatización de las jubilaciones fue aprobada sin mayores contratiempos y con un porcentaje de votos muy amplio a favor del oficialismo. Quienes suponían que con la iniciativa del gobierno se abría espacio para una movilización social parecida a la que se produjo con motivo de la célebre resolución 125, se equivocaron de cabo a rabo. Es que los procesos raramente se repiten y, además, los intereses afectados en el campo eran mucho más amplios y su impacto económico más nítido.

Planteada así la situación, no hay razones para suponer que en la Cámara de Senadores vaya a producirse un voto contrario a la voluntad del gobierno nacional, por lo que hay buenos motivos para creer que en este punto el gobierno se saldrá con la suya y las jubilaciones volverán al régimen de reparto. Las observaciones políticas y morales que se le puedan hacer a su proceder, las legítimas objeciones que se levanten contra una iniciativa oportunista y confiscatoria no alcanzan a invalidar un proceso que de seguro será sancionado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

A diferencia del conflicto con el campo, los Kirchner atacaron en este caso un sistema de jubilación privada cuestionado por amplias franjas de la sociedad. Más allá de los aciertos de alguna AFJP, queda claro que en general no satisficieron las expectativas previstas. Hubo muchas quejas por comisiones que erosionaban los aportes. Por último, una intensa y eficaz campaña publicitaria en su contra se encargó de hacer el resto.

Por buenos o malos motivos, tanto desde el punto de vista práctico como moral, el sistema de capitalización carece de defensores convencidos. De hecho, el Estado, a la fuerza, ya había metido mano en su portafolio de inversiones y afectado las cuentas particulares. Fue este nivel de indiferencia social lo que le permitió al gobierno obtener una norma que le permite disponer de fondos, cuyo destino no será para beneficio de jubilados y pensionados sino para fortalecer su propio poder político.

En el contexto de la actual crisis financiera global, el gobierno de los Kirchner tomó una medida que ha destruido los últimos restos de credibilidad interna y externa. No obstante, políticos oficialistas y opositores aceptaron el supuesto principio filosófico que sustenta a la jubilación de reparto, y con descarado cinismo asumieron que la plata de los jubilados podría llegar a destinarse a otros fines.

Por último, el debate sobre las jubilaciones pone en evidencia las contradicciones culturales de la sociedad argentina y sus ilusiones acerca del Estado paternalista. Asimismo, pone al desnudo los límites de los privatizadores, sus inconsecuencias y defecciones. Finalmente demuestra cómo este clima de paternalismo estatal y de crítica a la iniciativa privada resulta funcional a los populismos de turno y no plantean una superación sino el sometimiento a los vicios de uno y otro.