El escenario previsional
Las cuentas del sistema jubilatorio
En lo inmediato, mejorará levemente la disponibilidad de fondos del gobierno. A mediado y largo plazo, la cuenta es mucho más incierta. En cuanto a los pasivos, su futuro dependerá de la transparencia y eficacia del Estado.
Cristina Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Moyano
Sergio Serrichio
Nada cambiará en lo inmediato para los poco más de 6 millones de jubilados ahora bajo el paraguas del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa): los 5,6 millones que estaban en el “reparto” y el casi medio millón que cobraba la mal llamada “jubilación privada”. La ley que el jueves pasado el Senado sancionó por amplia mayoría transfirió al Estado al Anses, el manejo de los fondos acumulados en unas 470.000 cuentas de capitalización individual y un flujo de 1.100 millones de pesos mensuales (algo más en enero y julio) que los aportantes a ese subsistema derivaban a las AFJP y que en adelante engordarán los ingresos del Estado.
A partir de 2009, los jubilados de reparto como los ex “privados” cobrarán lo que venían percibiendo hasta ahora, con dos ajustes anuales (el primero, en marzo) según la fórmula dispuesta por la reciente Ley de Movilidad Previsional.
A los futuros jubilados, en tanto, el Estado prometió pagarles un haber igual o mejor al que hubieran obtenido a través de las AFJP. Una promesa vacía, dada la naturaleza incierta del esquema de capitalización, que también vendió falsas promesas, y las dudas que cualquier argentino puede tener sobre los compromisos oficiales.
Un primer recuento de porotos indica así que el Estado se hizo de un “stock” de 78.000 millones de pesos, que sumará a los 22.000 millones que ya tenía en el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad” (FGS) del sistema de reparto, y de un “chorro” anual extra de 15.000 millones. Es la cuenta del gobierno y de quienes denuncian la “confiscación” K, que las voces oficiales niegan argumentando que, a diferencia de una cuenta bancaria, los haberes previsionales basados en cuentas de capitalización individual son derechos “en expectativa”. No un pájaro en mano, sino cien volando.
Argumentos falsos
La falsedad de algunos argumentos a favor de la reestatización es tan sospechosa como la velocidad con que se sancionó el proyecto (en menos de un mes) y los abruptos cambios de posición. La propia presidenta Cristina Fernández afirmó varias veces que el Estado “bancaba” la jubilación privada, cuando en rigor recibe del sistema privado 12.000 millones de pesos anuales (de aportes patronales) y vuelca a él una tercera parte: 4.000 millones.
Además, hasta el más extremo de los jubilados “privados” (alguien que se afilió a la primera AFJP y se jubile un suspiro antes de que rija la nueva ley) habrá aportado 16 años al Estado y 14 a la “jubilación privada”, para completar los 30 años exigidos de aporte.
La contrapartida inmediata de los fondos que pasan al Estado es liviana: el pago de la parte de las jubilaciones privadas que hasta hoy pagan las AFJP: unos 160 millones de pesos mensuales, menos de 15 por ciento del flujo extra de 1.100 millones. Pero en el futuro el fisco deberá pagar el retiro no sólo de los 5,6 millones de jubilados “de reparto” y los que se vayan sumando, sino también el de los 9,7 millones de afiliados al (ex) sistema de capitalización, de los cuales sólo 3,6 millones aportan hoy regularmente.
Las sumas son, además, muy volátiles. Los activos administrados por las AFJP llegaron a “valer” 99.7000 millones de pesos en mayo pasado, pero a fin de octubre “valían” 77.900 millones, un 22 por ciento menos. La caída siguió en noviembre y no se detendrá sólo porque a los fondos los administre el Estado.
Administración
Las pautas de administración estatal serán similares a las de las AFJP, dijo el director de la Anses, Amado Boudou, jefe del grupo que decidirá sobre esos fondos y que integrarán Benigno Vélez, gerente de Finanzas de la agencia, Sergio Chodos, de la Superintendencia de AFJP (que se fusionará con la Anses en el Sipa) y Hernán Fardi, un experto en temas bursátiles. Cerca rondarán el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el de Finanzas, Hernán Lorenzino. Todos bajo la atenta mirada de Néstor Kirchner.
El grupo ya recibió decenas de visitas y pedidos de financistas y empresas interesados en emitir ON y fideicomisos, y en proyectos de infraestructura. Además del gusto K por la Obra Pública, puede pesar la sangre. Por caso, Sergio Chodos es hijo de Gregorio Chodos, secretario de la Cámara Argentina de la Construcción.
Un antecedente es el FGS, el fondo creado con recursos transferidos desde las AFJP cuando se abrió la “opción” que ahora se cerró. En pocos meses, el FGS se atiborró de bonos oficiales (superando el monto de 6 de las 10 AFJP) y prestó dinero a la deficitaria AySA (Agua y Saneamiento Argentino). Al 31 de octubre, disponía de 22.177 millones de pesos, 52 por ciento en títulos públicos, 20 por ciento en plazos fijos y 9,7 por ciento en “operaciones con el Banco Central”. Su manejo es secreto de Estado. Un pedido de informes hecho en mayo por de 10 senadores sobre el criterio de inversión, evolución y rendimiento de los fondos, no fue respondido. Uno de los firmantes del pedido, el socialista Rubén Giustiniani, votó a favor de la reestatización “en general”, pero en contra de los artículos 8, 11, 12 y 13, sobre los métodos de ¿control? de los fondos del Sipa.
Los 100.000 millones de pesos en manos del Estado (FGS y fondos de las ex AFJP) más el “chorro” de 15.000 millones, ¿cambiarán la ecuación fiscal y económica del país? Los analistas creen que no: sólo 10.000 millones serían reasignables. Al absorber el Estado la poca liquidez disponible, el sector privado será “desplazado” y deberá pagar altísimas tasas de interés, explica un informe de Ecolatina. Así será “muy difícil”, concluye la consultora fundada por Roberto Lavagna, financiar la inversión y mantener la actividad económica.
Ergo, en lo inmediato la ganancia es dudosa. Y a futuro, dependerá de la eficiencia y transparencia del Estado que sepamos conseguir.
