Hacia un Estado social-garantista

Osvaldo Agustín Marcón

Las políticas sociales suelen ser deficitarias en su enunciación o encontrar obstáculos en su ejecución, entre otras posibilidades. Así, en muchos casos, tras el supuesto cumplimiento de programas sociales, crecen ficciones que ocultan el bajo impacto real pero, simultáneamente, retroalimentan distintos estorbos institucionales (prácticas anacrónicas, reglamentarismos obsoletos, etc).

Ante este problema, muchos alimentan una ilusión según la cual el asunto se resolverá “cuando exista decisión política”. Suelen ser inclusive los propios dirigentes políticos quienes minimizan esta cuestión al punto de, en muchos casos, no tenerlos previstos, transformándose en escollos para el cumplimiento de los objetivos políticos propuestos. Ante la necesidad de remover dicho obstáculo suelen ser fagocitados por los cantos de sirena del neoliberalismo, creyendo que el problema se soluciona con precarización laboral o con achicamiento del Estado. Se omiten así, como mínimo, clásicas teorizaciones según las cuales existe una tendencia negativa autónoma, intrínseca a las distintas instituciones (1), que las mueve hacia el abandono de las pretensiones fundacionales. Mediante esta dinámica, tienden a aparentar el cumplimiento de las mismas siendo que, más o menos inconscientemente, las instrumentan a su servicio.

Ahora bien: desde otra perspectiva teórica la dimensión penal del Estado ha sido objeto de discusiones conectadas en diversos puntos con esto. El avance del denominado Garantismo Penal expresa, aunque no excluyentemente, aspectos de este dilema. Admite frecuentemente la existencia histórica de una tendencia interna en diversas formaciones sociales hegemónicas, a utilizar el poder punitivo de manera cada vez más concentrada y arbitraria. Y si bien la administración de este poder sancionatorio encuentra formas más avanzadas en el Estado-Nación, la tentación inquisitorial sigue presente. En este sentido, y en una referencia extremadamente escueta, recordemos que la defensa y fortalecimiento de las Garantías Penales es también un esfuerzo por limitar la avaricia punitiva del Estado.

Sin embargo estos avances del campo institucional penal no lograron un desarrollo análogo en el campo institucional social. La consistencia defensiva y acusatoria del ciudadano frente a la debilidad de las políticas sociales no fue objeto de desarrollos significativos. Muy pocos han sido los planteos en este sentido. Desde Europa, Pierre Rosanvallon propuso la necesidad de gestar un Derecho Procesal Social, es decir un conjunto de dispositivos que aseguren un modo ágil y contundente de reclamar lo que ya está reconocido como derecho. Desde otra cosmovisión, en Latinoamérica, son múltiples las expresiones con similar intencionalidad, aunque difieran en la dimensión instrumental. Intelectuales mayas postulan la necesidad de garantizar el restablecimiento de estructuras y relaciones “de inclusión, de complementariedad y de participación plena” (2), lo que coincide con múltiples otras expresiones en Latinoamérica. Los wichis por ejemplo- en Chaco, Formosa y Misiones viven sobre el supuesto de que “el bienestar y el destino del prójimo son prácticamente tan importantes como el de uno mismo” (3), con lo que se sienten obligados a garantizarlo. La propia historia latinoamericana muestra cartas magnas atravesadas por esta preocupación. O el denominado constitucionalismo social también se hace cargo de múltiples aspectos de dicha cuestión. Inclusive, en relación a las infancias, la República Argentina ha consagrado una forma de garantismo social a través de la ley 26.061 (Art. 1º).

Se necesita, entonces, reconocer que el actual orden institucional es parte de la solución pero también es parte del problema, que exige una nueva institucionalidad centrada en fortalecer al ciudadano frente al Estado. No se trata de gestar una nueva maraña burocrática, sino de recursos que permitan diluir las fronteras entre indescifrables “mesas de entradas”, laberínticas derivaciones inter-institucionales o lo que es peor- distintos “como si”, que a diario se proponen como satisfactores reales.

(1) Recuérdense, por ejemplo, los textos “Internados”, de Erving Goffman, o “El declive de la institución”, de Francois Dubet.

(2) PNUD. Cosmovisión Maya. Guatemala, Cuadernos de Desarrollo Humano, 2008.

(3) Barúa, G. y ots. “El papel femenino en la convivencia wichí del Chaco Central”. Compilado por: Hirsch, Silvia en: “Mujeres Indígenas en la Argentina: cuerpo, trabajo y poder”. Buenos Aires, Biblos, 2008.