Negociaciones en la Legislatura

Por el presupuesto

El tratamiento del proyecto de presupuesto 2009 para el Estado santafesino depende de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, cuyas posibilidades de cerrarse corren contrarreloj, según pasen los días de diciembre. Y debe advertirse que según se consumen las dos semanas y media que quedan de 2008, se acrecientan las chances de que la norma resulte aprobada bajo unas condiciones de muy poca prolijidad.

Ya se habla de recurrir al expeditivo sobre tablas para abreviar un trámite que -según los rigores formales- aún no ha comenzado.

El mensaje que el Ejecutivo enviará a Diputados (con las correcciones que impone el fracaso del proyecto de reforma impositiva que iba a aumentar los ingresos) todavía debe arribar a esa Cámara: la administración provincial aún no lo ha regresado al Legislativo.

Esta semana, los diputados y senadores del oficialismo que integran el Frente Progresista Cívico y Social se reunieron y tomaron una definición: tratar y aprobar el cálculo de gastos y recursos para el año próximo sólo si antes el justicialismo da las garantías de que no habrá cambios al texto normativo al ser tratado por Senadores.

En la Cámara Alta, el PJ tiene números tan cómodos que los que le reserva la constitución provincial al partido de gobierno en Diputados.

Mientras el peronismo ha dicho en reiteradas oportunidades que está dispuesto a dar tratamiento y no obstruir la aprobación en general del proyecto de ley, el oficialismo dice por lo bajo que si no hay garantías también respecto de una aprobación a libro cerrado en el tratamiento en particular, dejará que pase otra semana sin tratarlo.

La pulseada se dirime en el ámbito legislativo bajo el formato de versiones, pero aún tiene una oportunidad de distensión: las reuniones que han acordado mantener el ministro de Gobierno y Reforma del Estado Antonio Bonfatti y el senador provincial Ricardo Spinozzi, jefe del bloque mayoritario en esa Cámara y presidente del PJ santafesino.

Para la oposición no es conveniente que el gobierno provincial administre al Estado sin presupuesto, porque se dificultan los mecanismos de control; para el oficialismo, gobernar sin la ley que le fija gastos y recursos implica costos políticos que pagar (salvo que esa carencia no haya sido su responsabilidad).