EDITORIAL

El reclamo ecuánime de dos jueces

A Arturo Illia se le atribuye haber dicho que en una democracia seria el Poder Judicial es más importante que el Poder Ejecutivo. Efectivamente, en Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Dinamarca -por mencionar los mejor calificados-, los jueces de la Corte Suprema disponen de un prestigio superior al de un presidente o primer ministro. En la Argentina, este principio suena a humorada o algo parecido. Desde 1930 a la fecha, los jueces de la Corte estuvieron subordinadas a la voluntad del poder. Hubo algunas excepciones, las de Illia por ejemplo, pero la tendencia fue la manipulación.

El último escándalo lo constituyó la famosa “Corte menemista”, manipulada y corrompida por el poder. El escándalo fue tan grande, la indignación popular llegó a un nivel tan alto que al régimen kirchnerista, recién llegado al poder, no le quedó otra alternativa que promover la constitución de una Corte Suprema integrada sobre la base de principios republicanos.

Sobre la idoneidad profesional y ética de los actuales jueces de la Corte Suprema no hay objeciones que hacer. Se podrán discutir algunos de sus fallos, pero, básicamente, la actual Corte Suprema reúne condiciones óptimas desde el punto de vista de lo que debe ser una república democrática.

En estos días, los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt han intervenido en el espacio público con declaraciones que son importantes por su contenido y trascendencia. La doctora Argibay advirtió que un grupo de menores de edad no debía recuperar la libertad porque sería un blanco móvil del “gatillo fácil” de cierta policía. En esta semana, el doctor Fayt reclamó al Estado que asuma su responsabilidad en la contención y la asistencia de menores de edad que mueren por falta de alimentación adecuada. “El Estado no debería preocuparse por promover la baja de la edad de la imputabilidad. ¡Tendría que estar preocupado por esto!” dijo el juez.

Resulta sorprendente que en menos de quince días dos jueces de la Corte Suprema se refieran a temas parecidos poniendo el dedo en la llaga de una sociedad y de un gobierno que no quiere o no sabe cómo resolver los problemas sociales y, muy en particular, aquellos relacionados con la juventud.

Las declaraciones de Argibay y Fayt son ecuánimes y sobrias. Señalan un problema e interpelan a la sociedad y a los poderes públicos acerca de ciertas prioridades. Su intervención no afecta la división de poderes, no es demagógica, está alejada de especulaciones electorales y de maniobras políticas subalternas. Resulta sintomático que al celebrarse los veinticinco años de la recuperación de la democracia dos jueces de la Corte Suprema hablen de estos temas. Tal vez sin proponérselo de manera deliberada, los doctores Fayt y Argibay estén señalando la agenda social. Funcionarios, dirigentes políticos y sociales deberían interrogarse sobre una realidad en la que los menores corren el riesgo de morir en manos del “gatillo fácil” o de la desnutrición.