Entrevista con la doctora en Pedagogía Adriana Puiggrós
Búsqueda de consensos hacia una nueva ley de educación superior
En 2008 se llevó adelante una ronda de consultas que realizaron diputados nacionales, con miras a una nueva ley. Buscan crear un sistema que comprenda a las universidades y que se articule con los institutos terciarios.
Mariela Goy
Luego de que 2008 fuera un año de consultas sobre la próxima ley de educación superior, este año el gobierno de Cristina Fernández estaría enviando al Congreso de la Nación su propio proyecto de ley. Así lo aseguró a El Litoral, la diputada nacional (Frente para la Victoria) y doctora en Pedagogía, Adriana Puiggrós, quien sostuvo que la idea es llegar al tratamiento del tema “con el mayor consenso posible”.
Considerando que éste es un año electoral, probablemente no se quiera generar frentes disidentes, en una cuestión tan sensible como es la ley que regula el sistema otorgante de títulos para ejercer las profesiones liberales en el país. Como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Puiggrós fue la encargada de llevar adelante el proceso de consulta del que participaron unas 100 organizaciones educativas y sociales y casi todas las fuerzas políticas, a excepción de la Coalición Cívica “que es la única que no participó”, aclara la legisladora.
De esos debates, que también incluyeron visitas de la Comisión de Educación a Salta, Rosario y Comodoro Rivadavia, surgió un borrador con acuerdos mínimos sobre qué debería contener la futura ley que reemplazará a la existente, sancionada en los noventa. Esos consensos básicos fueron entregados en noviembre pasado al ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, y servirá de base para el mensaje que preparará el Ejecutivo.
- ¿Fue positiva la ronda de consultas?
- El 1º de marzo, en el mensaje a la Asamblea Legislativa, la presidenta dijo que “este año se tratará una nueva ley de educación superior”. Entonces, yo le propuse a la comisión de educación, como presidenta, que hiciéramos un acuerdo todos los partidos para hacer una consulta, y se aprobó por unanimidad. Desde abril hasta agosto, recibimos a diversos sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, en la Cámara. Fueron más de 100 reuniones. Además, decidimos recorrer el país, en un hecho original, porque habitualmente las comisiones no salen al interior. En la Comisión de Educación hicimos una lectura de todos los materiales obtenidos en los debates, de los 10 proyectos que están presentados en Diputados y de los 3 que están en Senadores. E hicimos un acuerdo transversal entre todos los partidos, menos la Coalición Cívica, que no participó. El hecho político es que esto demuestra que sí se pueden hacer en el país acuerdos sobre temas que son políticas de Estado.
Puntos de consenso
- ¿Cuáles son las conclusiones más importantes surgidas de las consultas y que se plasmaron en el acuerdo?
- El primero es que la educación superior es un bien social, por lo que se rechaza la decisión de la Organización Mundial del Comercio que dice que la educación es un bien transable. El segundo es que la principal responsabilidad de financiamiento y de inversión en educación superior, así como de controlar, supervisar y autorizar la educación privada, es del Estado.
El tercero, el respeto por la autonomía y autarquía universitaria, que son principios constitucionales, pero reconociendo que el Estado tiene una función de planeamiento del conjunto del sistema de educación superior, con participación de las universidades autónomas. En cuanto a esa función, después habrá que discutir cuál es el órgano que planifique, si va a contar con la representación de los diferentes sectores del sistema de educación superior o cómo va a ser.
Después, el otro acuerdo muy importante es la gratuidad de la educación superior de grado. La discusión se genera con los posgrados: algunos proyectos dicen que deben ser gratuitos, otros, arancelados. Pero ya acordar que la educación de grado debe ser gratuita es mucho decir. Recuerdo cuál fue la discusión con el Banco Mundial a fines de los noventa. En ese momento le ganamos la discusión en contra del arancelamiento de la universidad mostrándole que una cuota de 100 dólares, que es lo mínimo, dejaba afuera al 30% de los estudiantes universitarios y sólo alcanzaba para financiar el 12% del presupuesto. El arancel es una cuestión más ideológica que efectiva para el financiamiento de las universidades.
- ¿El órgano de planificación incluiría al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)?
- La presencia del CIN es indispensable porque todo lo que hemos acordado está en línea con el documento de Vaquerías. Es decir, no hay contradicciones con el planteo de los rectores.
Todo esto es en función de establecer una autonomía responsable. El acuerdo se mueve entre dos límites: uno es la autonomía de mercado, y se coincide en que no puede haber una autonomía en donde finalmente las universidades públicas queden en manos del mercado o que se tercericen aspectos. Y el otro límite es, obviamente, no al intervencionismo. En esas fronteras es que se acuerda que hay que construir un sistema de consejo superior -que para mí es lo más importante que puede haber en la futura ley- que integre también a los institutos de educación superior, porque es adonde concurre la población que no llega a la universidad.
Articulación
- ¿Se logrará tener un sistema integrado y articulado entre las universidades nacionales y los institutos terciarios pertenecientes a las provincias?
- Ése es el acuerdo. La Unión Cívica Radical hizo un proyecto más dirigido a las universidades pero todos los demás hablan de “sistema de educación superior”. La idea es crear un sistema de créditos donde si alguien cursó 3 años en un anexo de las universidades o en un instituto, les sean reconocidos esos estudios, y pueda seguir en otra institución de nivel superior del país, y pensando más allá, del Mercosur. Hoy, si un estudiante se cambia dentro de la misma UBA, de Comunicación a Filosofía, tiene que hacer el CBS de nuevo. También hay que modificar la Coneau para que sea un instrumento capaz de evaluar tanto al sistema universitario como no universitario. Seguramente la futura ley tendrá artículos transitorios con plazos para implementar los cambios.
Una universidad no puede tener más de 40 mil estudiantes. Ése es el tope para mí. La UBA tiene 380 mil. Tampoco quiero decir que hay que dividir la UBA, pero se debería buscar un modelo más adecuado para las grandes universidades.
Adriana Puiggrós,
diputada FpV.
La gratuidad de la enseñanza de grado y la responsabilidad del Estado de financiar la educación superior son dos de los consensos logrados, según Puiggrós.
Foto: Luis Cetraro
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Factores geopolíticos y demográficos
- Ud. habló de un órgano de planificación ¿Qué se debería tener en cuenta a la hora de crear nuevas universidades y carreras?
- El documento del acuerdo dice que se debe considerar “la cuestión demográfica y geopolítica”. Creo que tendría que ser tenida en cuenta también la demanda de los estudiantes, las necesidades de la región en un corto y mediano plazo, y la orientación de la economía del país. La gran cantidad de contadores que se han formado en todas las universidades nacionales es increíble, y eso tiene que ver con la etapa del neoliberalismo. Ahora, hay una carencia fuerte de ingenieros. Algunos dicen que hay que poner cupo, otros, que hay que orientar. Un órgano de planificación tiene que tener un panorama del estado de las profesiones y después proyectar hacia un oriente. Si vos tenés un horizonte incierto, entonces no podés formar en profesiones rígidas, sino que tenés que formar de manera que el personal se pueda ir adaptando a los cambios.
Hoy, una universidad decide poner una sede en el interior y casi siempre es con facultades de Derecho. La Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) evalúa las carreras pero no el conjunto del desarrollo del sistema educativo de nivel superior. Lo que existen son los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (Cepres), que son 7 en el país, pero están mal planteados porque no hay buena representación del conjunto del sistema educativo y de la región. La idea de nuestro bloque (Frente para la Victoria) es fortalecer los Cepres y que, a su vez, se asocien a un órgano de planeamiento con decisiones vinculantes.
