Vuelve a endurecerse el conflicto

El gobierno acusa a dirigentes rurales de politizar la protesta

Ayer cortaron una ruta, pidieron la renuncia de Cheppi —a quien trataron de “pajarón”— y amenazaron con endurecer las medidas. También, proyectaron efectos electorales del descontento. Randazzo dijo que no son representativos.

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

CMI/DyN

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, volvió hoy a criticar con dureza a los dirigentes rurales al afirmar que “no representan los verdaderos intereses del sector” y destacó que “han politizado la protesta, porque muchos de ellos van a ser candidatos” en octubre. Randazzo se quejó de la actitud de la dirigencia ruralista al señalar que “piden diálogo y dicen que al gobierno lo único que le falta son las armas, como en el setenta”, y enfatizó que las protestas agropecuarias “tienen un fuerte componente político”. El funcionario se refirió así a las declaraciones del entrerriano Alfredo De Angeli, en el sentido de que “lo único que les faltan son las armas y son iguales” a los gobernantes de “la época del ‘70”.

Potenciado por las consecuencias de la sequía, el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario se reinstaló de lleno ayer, a nueve meses de las decisivas elecciones legislativas, cuando productores encabezados por los dirigentes de la Mesa de Enlace, con la presencia de casi toda la oposición política, cortaron temporalmente una ruta de la provincia de Buenos Aires, en la segunda medida de este tipo en 24 horas, para exigir respuesta a sus demandas.

Reacciones

El gobierno reaccionó con el repudio a la metodología de los cortes de ruta, pero también con la confirmación de que la presidenta Cristina Fernández ordenó acelerar la coordinación de asistencia para los productores afectados por la sequía, un día después de que el oficialista gobernador bonaerense Daniel Scioli tomara distancia de la política gubernamental para el sector.

Las fuertes críticas al gobierno; los pedidos de renuncia del secretario de Agricultura, Carlos Cheppi; las amenazas de reiterar los cortes de ruta el mes próximo y una propuesta para iniciar pronto un cese de comercialización de granos y hacienda definieron la concentración de alrededor de dos mil productores que, durante varias horas y en medio de un fuerte despliegue de la policía, interrumpió el tránsito hacia Mar del Plata por la autopista 2, a la altura de la ciudad de Mar Chiquita.

La protesta sucedió a la que el jueves protagonizaron productores de la Federación Agraria (FAA) encabezados por su presidente, Eduardo Buzzi, junto a trabajadores metalúrgicos despedidos en la santafesina Villa Constitución, con un corte de la autopista Buenos Aires-Rosario.

“Pajarón”

El discurso más crítico en Mar Chiquita correspondió al presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Mario Llambías. Calificó de “pajarón” a Cheppi, antes de reclamar su renuncia; reafirmó la unidad de la dirigencia agropecuaria con una defensa de la presencia de Buzzi en el reclamo metalúrgico-chacarero (ambos han admitido su intención de dedicarse a la política) y atacó a la presidenta: “No nos tomen de idiotas cuando dicen que hay un cambio de actitud hacia el campo porque lo mejor que puede hacer es cambiar de marido.

“Nos quieren dividir, pero estamos más juntos que nunca”, dijo a su vez el dirigente entrerriano de la FAA, Eduardo De Angeli, acompañado por el ex presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luciano Miguens. Amenazó, además, con retomar los cortes en febrero o marzo y advirtió a la presidenta y al ex presidente Néstor Kirchner que “no se van a olvidar de haber enfrentado al campo”.

La Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa), por su parte, hizo trascender su propuesta de iniciar el 1º de febrero un cese progresivo de comercialización de productos agropecuarios, aunque sin realizar cortes de ruta.

En campaña

Puestos ya en campaña, en un distrito electoral clave como el bonaerense, casi todos los referentes de la oposición política se hicieron presentes a fin de capitalizar el descontento de los productores. Participaron desde la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el diputado justicialista disidente Felipe Solá, hasta el cobista ex intendente marplatense Daniel Katz y Jorge Macri, de PRO y primo del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Hasta el ex presidente Eduardo Duhalde hizo llegar su adhesión escrita a la protesta.

Hubo también reclamos a Scioli para que declare la emergencia agropecuaria provincial, después de que ayer tomó distancia de la política agropecuaria de la Casa Rosada (“Esta vez el campo tiene razón” en sus pedidos sobre retenciones y sequía, le dijo a La Nación) y, en un acto en Monte Hermoso, insistió en “construir consenso” con el sector para “fijar prioridades y atender la sequía”, tras descalificar (“no ayudan”) los cortes de ruta.

Una mayor dureza contra los cortes de ruta utilizó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al repudiar el acto conjunto de los dirigentes agropecuarios y la oposición política. “Me dio pena verlos juntos”, dijo. “Con este acto fijaron posición respecto de a quiénes pretenden representar en la próxima legislativa”.

El gobierno acusa a dirigentes rurales de politizar la protesta

Mientras la presidenta intenta calmar los ánimos con medidas que no conforman, los ruralistas anticiparon que “vamos a alzar la voz muy fuerte para decir a quién no hay que votar”.

Foto: DyN

///

EL DATO

Reuniones

Apretado el gobierno por las presiones de los productores sobre los gobernadores y de éstos sobre la Rosada, el ministro del Interior tuvo contactos las últimas horas con mandatarios provinciales e intendentes, por indicación de la presidenta, quien estará fuera del país la semana próxima, por sus visitas a Cuba y Venezuela. El objetivo es coordinar prontamente asistencia para los productores afectados por la sequía. Fuentes de Interior confirmaron que se trata de recursos adicionales a los existentes para perentoriedad agropecuaria, pero no de una declaración de emergencia nacional. Una medida como esta última implicaría la resignación de recaudación para el gobierno, porque supone la suspensión temporal del pago de impuesto a las ganancias y renta mínima presunta. Y en un año electoral.