Apuntes de política provincial
Hacer “caja” en la crisis
Teresa Pandolfo
Tres han sido las novedades sustanciales en la mitad de este enero: 1) la decisión de Hermes Binner de autorizar a la Fiscalía de Estado a contratar estudios jurídicos en Buenos Aires para que representen al Estado santafesino en sus reclamos por recursos financieros que se plantearán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2) la renovada idea de una reforma impositiva y 3) la demora en la firma de la declaración de emergencia nacional para las zonas con sequía.
Respecto del primero de los ítems mencionados, puede decirse que el gobierno tiene en vista dos estudios de alto nivel académico y que es muy posible que para principios de febrero ya se hayan firmado los contratos respectivos.
Esta decisión está en línea con la posición esgrimida por el gobierno de procurar que vuelvan a la provincia recursos que quedan en la Nación, con la anuencia del Congreso. Existe un cálculo inicial de unos 3.000 millones de pesos correspondientes a deudas y/o fondos que, a juicio de Santa Fe, deberían coparticiparse de otra manera. No se incluyen las retenciones a la producción.
Decisión delicada
El segundo punto es una opinión nunca abandonada, especialmente por los socialistas dentro del Frente Progresista, respecto de que es posible aplicar una mayor presión impositiva. Ministros del gabinete sostienen que en tiempos de crisis es cuando más acción estatal se requiere para hacer frente a lo que no puede solventar la actividad privada.
No tendría el mismo diseño que el proyecto que el Senado se negó a tratar, pero hay algunas ideas en estudio. Unos hablan de una sexta cuota de Patente sobre Vehículos (tributo que se encuentra actualizado); otros, de mover algo los valores del Inmobiliario y, también, de aplicar Ingresos Brutos a empresas no radicadas en la bota.
Los presidentes de comunas le llevaron al gobierno el plato servido para que insistiera en un embate fiscal con sus reclamos por más recursos. Públicamente, algunos justicialistas lo hicieron.
Por lo general, en un año electoral, la serenidad es un atributo que escasea. Una mayor presión fiscal cuando las condiciones económicas han cambiado para una gran cantidad de sectores, comprendiendo en ellos a sus empresarios y empleados, es un punto delicado.
Directamente, se va hacia los sectores de ingresos medios y medios-bajos, que están sufriendo las consecuencias de una menor actividad económica que cambió la dinámica de los ingresos y del gasto.
Los intendentes y presidentes de comunas en las zonas agrodependientes buscan por la vía de la coparticipación los recursos que no pueden generar en sus localidades. El gobierno provincial, por su parte, aparece en la incómoda posición originada entre la exacción de fondos por parte de la Nación, su deber de atender las emergencias que ocurren y el obligado rol de reactivador de la economía.
En general, luego de la crisis financiera internacional los países han bajado la tasa de interés de referencia para fomentar el consumo y lo mismo ha sucedido en cuanto a las imposiciones tributarias. En la Argentina sucede en general lo contrario. Una vez más demuestra estar en una isla perdida en el océano sin límites e introduce las correcciones de tarifas que no hizo en años, al bajar el esquema de subsidios que caracterizó al gobierno kirchnerista. En algunas provincias se han modificado también los Impuestos Inmobiliarios.
Pero, por la naturaleza del momento —ninguno de los reclamos sobre el campo está resuelvo y se suma el parate industrial—, las decisiones a tomar en materia de mayores transferencias de recursos al Estado deberían ser muy bien analizadas y en consenso con la oposición. Porque directamente el tema se transforma en una cuestión de Estado; supera lo que un gobierno, de un determinado signo político, puede considerar como un camino acertado.
Drama no entendido
El tercer punto sumerge al lector en el drama originado por la sequía. Al fenómeno climático se agrega que el gobierno nacional no asume la profundidad de las pérdidas, que se calculan por encima de los U$S 3.500 millones para el total del país.
Ninguna de las medidas que anuncio el miércoles la presidenta de la Nación alivia ni aporta solución alguna.
Se esperaba que la señora Kirchner se refiriera a la firma del decreto homologando las emergencias declaradas por las provincias para sus territorios, pero ello sigue en trámite. Esto lo llevó a decir al doctor Hermes Binner, inmediatamente luego de concluido el discurso presidencial, que ninguno de los problemas de fondo se resolvían. En Olivos, reclamó por la firma de este decreto, que es indispensable para la prórroga de los impuestos nacionales y vencimientos bancarios. Además, la atención de los cinco puntos propuestos por Santa Fe. Uno de ellos incluye la suspensión de todas las retenciones.
Primera conclusión: los anuncios presidenciales se mantuvieron fuera de la órbita de las necesidades más inmediatas de los productores, salvo las disposiciones respecto del peso para faena. El regreso público de la presidenta nada cambió para bien. Por el contrario, empeoró el humor del interior, que volvió a las protestas visibles.
La segunda conclusión es que todos esperan el milagro de las lluvias: unos, para sembrar y cosechar; otros, para no verse obligados a otorgar la emergencia nacional y así hacer más caja; y Santa Fe, para aliviar parte de lo producido por las las siete plagas que han caído sobre ella.
Antonio Bonfatti reavivó el debate por más impuestos.
Foto: Mauricio Garín
