EDITORIAL

Otra polémica con la Corte

La nueva polémica entre el gobierno nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originada por la imputación de Cristina Fernández de Kirchner a los jueces por la lentitud de las causas contra represores de la dictadura, volvió a poner de manifiesto ciertas peligrosas inclinaciones del kirchnerismo, pero también permitió el abordaje de algunas cuestiones de fondo que a veces permanecen soslayadas, o ajenas al debate público.

En primer lugar, es cierto que las causas por violaciones a los derechos humanos no muestran demasiada celeridad, pero también lo es que recién están siendo ventiladas desde hace menos de cuatro años, cuando un fallo de esta misma Corte lo habilitó, al declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (causa “Simón”). Esta decisión, coincidente con las expectativas del gobierno en la materia, pero también con el perfil de los ministros, vino a romper una inacción de dos décadas, amparada en las llamadas “leyes de impunidad”.

La demora acarreó notorias dificultades para la tramitación de las causas, a lo que se agrega una escasez de recursos humanos y materiales que el Poder Judicial viene acusando desde hace tiempo. Precisamente, esta falencia fue expresada de viva voz por una de las ministras más temperamentales de la Corte, contradiciendo la costumbre de que tales planteos sean diplomáticamente manejados por el titular del organismo, pero en coincidencia con el diagnóstico de sus pares.

Fiel a un estilo confrontativo, la presidenta de la Nación recurrió nuevamente a la tribuna para salir a responder, sin preocuparse por el menoscabo de sus respectivas investiduras que significa entablar una discusión pública de ese tipo con una de las más respetadas integrantes de la prestigiosa Corte actual.

El episodio coronó -por el momento- una escalada que, motivada en el tema de los derechos humanos, llevó al oficialismo a acometer contra la Cámara de Casación y a empujarla a un atolladero, sometiendo a casi la mitad de sus integrantes a jurys de enjuiciamiento y propiciando renuncias. Por otra parte, estas demoras fueron asumidas de manera autocrítica por el presidente de la Corte, pero también -en la apertura del año judicial- dieron pie al reclamo por la sobrecarga de trabajo y escasez de recursos.

Fuera de la controversia en esta delicada materia, el gobierno también reflejó su irritación en otros fallos no alineados con sus intereses, como los referidos a movilidad jubilatoria o libertad gremial.

Pero más allá de la gravedad de los problemas apuntados, esta polémica tiene como saldo alentador el de poner de resalto una vez más la vocación de independencia de la Corte que, más allá de algún sustrato corporativo en determinados pronunciamientos, acompaña la calidad jurídica de sus integrantes y el desarrollo de una política que apunta tanto a propiciar la excelencia en el servicio, como el cabal ejercicio de su rol constitucional como poder del Estado. Algo que, en determinados sectores, todavía requiere ser asimilado.